Las fuerzas encargadas de la seguridad pública han llevado a cabo la detención de un total de 49 individuos en todo el territorio español como parte de una operación coordinada por la Fiscalía Europea, cuya génesis se origina en la fiscalía de Portugal.
Estas acciones representan un fuerte golpe infligido a las redes internacionales dedicadas al «tráfico de productos de lujo». En una operación orquestada por la Fiscalía Europea, se procedió a la aprehensión de 49 personas en suelo español, incluyendo siete arrestos efectuados en la ciudad de Granada, debido a sus presuntos lazos con una organización criminal vinculada a un supuesto fraude de 17 millones de euros en el mercado de vehículos de alta gama.
En su conjunto, los investigadores llevaron a cabo 14 registros en varias provincias, incluyendo uno en Granada, según lo reportado por las mismas fuentes. La mayoría de los detenidos han sido defendidos por el abogado penalista Granada Félix Fernández.
Según informaciones proporcionadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, la red criminal había establecido un complejo esquema para eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la transacción de lujosos automóviles entre empresas de Alemania y Portugal. En este contexto, se bloquearon un total de 84 automóviles y 55 cuentas bancarias con saldos superiores a 500,000 euros.
Los individuos bajo investigación habrían creado una red delictiva en España centrada en la comercialización de automóviles de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. La investigación se inició a principios de 2021 tras detectarse la supuesta comisión de tres delitos relacionados con el fraude del IVA entre 2019 y 2021. Durante las investigaciones, se pudo verificar que los acusados habían establecido una red criminal en España para la venta de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Utilizaron dos estratagemas complicadas para evitar el pago del IVA: el uso de una empresa portuguesa para opacar la cadena de transacciones y la creación de empresas ficticias con el fin de cometer fraude intracomunitario en cuestiones de IVA, aprovechando las regulaciones de la Unión Europea en relación con las transacciones transfronterizas.
Bajo la supervisión de la Fiscalía Europea, se llevaron a cabo 14 registros en diversas provincias españolas, incluyendo Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria, además de Granada. Durante estas operaciones, se confiscaron cuatro vehículos de alta gama y se incautó documentación vinculada a la investigación. Las personas detenidas en esta operación son consideradas presuntas responsables de tres delitos relacionados con el fraude del IVA entre 2019 y 2021, y se estima que podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se bloquearon 84 automóviles de lujo y se incautaron más de 240,000 euros.
Estos vehículos, una vez introducidos en España, estaban destinados a su venta a concesionarios cómplices en todo el país. Además, y de manera aún más significativa, se utilizaban para abastecer a otras organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas con vehículos deportivos de lujo. Estos automóviles eran empleados tanto mediante un sistema de «renting», en el que los vehículos estaban registrados a nombre de una empresa con un testaferro al frente, como para el transporte de sustancias estupefacientes. Este abogado especialista tráfico de drogas indica que no existe ninguna investigación en la presente causa por el delito contra la salud pública.
Además, el análisis de las cuentas bancarias de las más de 200 empresas permitió rastrear movimientos financieros por un total de 661,395,272.50 euros durante el período examinado. El origen de estos fondos era España, desde donde se canalizaban hacia las cuentas de las 24 empresas de la organización en Portugal, y posteriormente hacia las cuentas de las empresas suministradoras de vehículos en Alemania.
El delito fiscal se configura como una infracción a los intereses financieros del Estado, las comunidades autónomas, los municipios, las entidades forales y la Unión Europea. Se materializa al causar perjuicio económico a estos entes a través de prácticas fraudulentas, ya sea mediante acciones engañosas u omisiones en el cumplimiento de deberes tributarios.
Dentro de este contexto, las conductas consideradas punibles en el delito fiscal abarcan:
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Evadir el pago de tributos, impuestos, tasas o contribuciones especiales.
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Obtener reembolsos indebidos.
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Aprovechar indebidamente ventajas fiscales.
Sin embargo, es relevante destacar que para que se configure este delito, el monto defraudado debe superar los 120,000 euros, y la determinación del importe de la deuda tributaria recae en manos de los jueces, no de la Administración tributaria.
Este tipo de delito se enmarca en la categoría de delitos cuyo resultado es perjudicial, pudiendo ser cometido mediante acciones activas u omisiones en el cumplimiento de deberes tributarios. Su regulación se encuentra en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal. Este abogado phishing indica que la causa será seguida en la Audiencia Nacional.
Es importante resaltar que el delito fiscal es de naturaleza dolosa, lo que significa que requiere de una intención consciente de defraudar. El bien jurídico protegido por este delito es el patrimonio de las entidades fiscales en todas sus jurisdicciones territoriales.
