Polémica por el acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa de desahucios extrajudiciales Desokupa. El sindicato, que ha firmado un convenio para que la empresa forme sus afiliados en defensa personal, dice que se trata de formaciones «extracurriculares» desvinculadas de la dirección del cuerpo.
En un comunicado, el SUP ha querido aclarar que las tareas de formación del cuerpo policial «corresponden exclusivamente a la Dirección General de la Policía», pero que esto no es contrario al hecho que el sindicato «siga su propia línea complementaria». El comunicado asegura que el convenio con Desokupa «se limita al ámbito personal y extracurricular de los afiliados» y que el SUP «se quiere alejar de cualquier otra connotación que lo pueda rodear». El acuerdo entre el SUP y el llamado Club Desokupa, la escuela de formación de la empresa, consiste en la formación de 30.000 agentes de policía en defensa personal. Según el sindicato, el curso sería «homologado».
La secretaria general del sindicato, Mónica Gracia, calificaba el acuerdo «de histórico»: «Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmesurada y se ha perdido toda la autoridad. Los compañeros están cada vez más en riesgo y queremos que se sientan seguros.»
Interior estudia un expediente y Sumar pide ilegalizar a Desokupa
El Ministerio del Interior ya ha informado que estudia si abre un expediente que impugne el convenio e insiste que no se trata de cursos homologables: «No cuentan con ningún apoyo por parte de la Dirección General de la Policía.»
A raíz del convenio con el sindicato policial, Sumar ha pedido la ilegalización de Desokupa. En un tuit en las redes sociales, la vicepresidenta segunda del gobierno español y cara visible de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido que, según el actual marco legal, la organización tendría que estar prohibida al tratarse de un «grupo parapolicial».
El portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, también ha anunciado a su perfil de X que registrarán una pregunta al Ministerio del Interior, el cual consideran que «tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y los cuerpos de seguridad».
