presidente considera que la memoria histórica es una deuda con todo los muertos, desaparecidos y torturados por la dictadura y a todas sus familias
La presidente considera que la memoria histórica es una deuda con todo los muertos, desaparecidos y torturados por la dictadura y a todas sus familias
La presidente considera que la memoria histórica es una deuda con todo los muertos, desaparecidos y torturados por la dictadura y a todas sus familias
Hay fechas que tienen la extraña virtud de sintetizar los dramas de la Historia. Para los brasileños el 31 de marzo de 1964 es una de esas raras citas con el calendario de la memoria colectiva. Aquel día, del que este mes se conmemora su cincuenta aniversario, el ejército brasileño ejecutaba un golpe de estado contra el gobierno presidido por João Goulart cuyos planes de modernización del país, incluyendo una todavía anhelada reforma agraria, le convertían en simpatizante comunista a los ojos de los sectores políticos conservadores, la iglesia católica más reaccionaria, los empresarios y la embajada de Estados unidos. El despliegue de las primeras unidades militares por las calles de Rio de Janeiro marcaría así el inicio de uno de los periodos más negros de la historia del Brasil.
Periodo tan oscuro que a día de hoy todavía siguen sin conocerse muchos de los pormenores que rodearon tanto el golpe militar, como la dictadura que le siguió durante casi 22 años, o el alcance real de las violaciones de los derechos humanos. Según algunas cuantificaciones más de 500 personas fueron asesinadas o desaparecidas por los militares, de las que más de un centenar aún no se conoce su paradero. Otras estimaciones calculan que entre asesinados, desaparecidos, deportados, encarcelados o exiliados el número de brasileños víctima del régimen militar podría alcanzar el millón. Para afrontar abiertamente estas lagunas, el 18 de noviembre de 2012 la presidenta Dilma Rousseff firmaba el decreto ley por el que se creaba oficialmente la Comisión Nacional de la Verdad que desde entonces viene trabajando en la realización de una radiografía que permita saber qué aconteció durante aquellos años.
No en vano, al cumplirse este lunes el aniversario del golpe de estado, la presidenta hizo un llamamiento colectivo para evitar el olvido. “Es necesario que recordemos y contemos lo que ocurrió”, destacó en su discurso institucional. “Se lo debemos a los que murieron y desaparecieron, se lo debemos a los torturados y perseguidos, se lo debemos a sus familias. Se los debemos a todos los brasileños”. Y añadió: “hoy podemos mirar aquel periodo y aprender de él porque los superamos. El esfuerzo de cada uno de nosotros, de los dirigentes del pasado, de aquellos que vivieron y murieron permitió que pudiéramos superar aquella época”,
Sin embargo, la recuperación de la memoria y los intentos de conocer lo sucedido no han sido fáciles. Los primeros pasos fueron dados en 1979, en plena dictadura, por miembros de la archidiócesis católica de São Paulo con el apoyo de pastores presbiterianos. Su investigación se prolongaría hasta 1985 y se concretaría en un documento de 5000 páginas, Brasil nunca mais, el primer estudio pormenorizado de la represión militar hasta 1979 en el que, entre otros aspectos, se incluirían testimonios sobre el papel de la CIA en el entrenamiento de los agentes brasileños. En la misma línea fueron trabajando otras organizaciones impulsadas por familiares de muertos y desaparecidos. En total estos estudios contabilizaron 399 muertos y 144 desaparecidos. Unos números que, sin embargo, tal y como advirtió la Comissão Pastoral da Terra, no tenía en cuenta los 1.781 campesinos asesinados por hacendados entre 1964 y 1993, ni los cientos de indígenas muertos durante esos años en el conflicto por la tierra.
Otra de las iniciativas que durante estos años ha venido reclamando conocer la verdad ha sido la impulsada por los familiares de los guerrilleros de Araguaia. En aquella región situada en el sur del estado de Pará, operó entre 1972 y 1974 un pequeño foco guerrillero promovido por el Partido Comunista do Brasil (PC do B), que estuvo integrado por unos 69 militantes y 17 campesinos. Para sofocar su resistencia el ejército desplegó en la zona unos 20.000 soldados que realizó una rigurosa labor de caza que culminó el 16 de diciembre de 1976 con la conocida como Masacre de Lapa que implicó la desarticulación del comité central del PC do B y el asesinato de tres de sus dirigentes.
La tenaz lucha de los familiares de los guerrilleros exterminados exigiendo saber cómo murieron y donde están enterrados sus allegados, tuvo su victoria moral el 14 de diciembre de 2010. Ese día la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitía una sentencia responsabilizando al estado brasileño de la desaparición de 63 personas en Araguaia al tiempo que le exigía cumplir con su obligación de investigar lo sucedido y adoptar acciones penales contra los responsables.
El fallo suponía un torpedo en la línea de flotación a la ley de amnistía de 1979 que, como ocurriría en España, posibilitó la excarcelación de los presos políticos, pero también blindó a los responsables militares de posibles acciones legales por sus actos durante la dictadura. De hecho, esa inmunidad se ha convertido en una línea roja en la que el estamento militar se ha atrincherado firmemente todos estos años. Y explican la timidez con que el estado ha actuado en este asunto desde la reinstauración de la democracia en 1984, pese a las reivindicaciones sociales e incluso de algunos fiscales que buscaban sortear la ley de amnistía argumentando que en el caso de los desaparecidos existía un delito de ocultación que se mantenía y por lo tanto no podía considerarse prescrito.
El liberal Fernando Henrique Cardoso, perseguido por la dictadura, puso en marcha durante su mandato entre 1995 y 2002 algunas iniciativas ligadas a los desaparecidos y a la promoción de los derechos humanos, pero con carácter más testimonial que práctico. Hubo que esperar al segundo mandato de Lula para que el gobierno emitiera en 2007 el informe Direito à memoria e à verdade en el que se recogían los once años de trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. Después el fallo de la Corte Interamericana obligó a pasos más decisivos que, finalmente se concretaron en la actual Comisión de la Verdad.
Pese a que sus objetivos fueron moderados para calmar las presiones militares, lo cierto es que en el poco más de año y medio de trabajo efectivo la comisión está realizando una importante labor para tratar de llevar luz a este periodo tan tétrico. En este sentido, ha investigado las circunstancias de casos concretos como el Araguaia o las muertes de destacados opositores como el periodista Vladimir Herzog o el diputado Rubens Paiva, sacando a la luz el nombre de los militares implicados. Pero no solo. Con sus grupos de trabajo, audiencias públicas y subcomisiones, pretende desentrañar cómo se gestó el golpe de 1964, incluyendo la trama civil y el apoyo empresarial, o de qué modo se articuló la estructura represiva, conocer las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura procediendo al mapeado de las torturas, muertes, desapariciones forzosas y enterramientos clandestinos. Igualmente, entre sus retos están descubrir las implicaciones de Brasil en la Operación Cóndor, el entramado legal urdido por la dictadura, el impacto del régimen militar entre campesinos e indígenas, o, incluso, el componente de género en la dictadura y su violencia contra la mujer.
Paralelamente, la sociedad brasileña también quiere saber las implicaciones del gobierno de EE UU en los preparativos del golpe militar y su apoyo posterior a la junta militar. En este sentido, el hijo del presidente depuesto, João Vicente Goulart, viene reclamando a los responsables norteamericanos que desclasifiquen todo la documentación relativa a Brasil que todavía sigue siendo reservada. El senador del PSOL-AP, Rondolfe Rodrigues, vicepresidente de la Subcomisión de la Verdad en la Comisión de Derechos Humanos, considera que esa documentación permitirá desvelar muchas zonas que permanecen oscuras. “Queremos saber cuál fue todo la actuación de la CIA en relación con la dictadura militar brasileña, con los militantes políticos brasileños y también en relación con la muerte de João Goulart. Creemos que esos documentos también mostrarán las vinculaciones con la Operación Cóndor”.
Son, sin duda, grandes retos que el pueblo brasileño afronta estos días con la solemnidad especial que dan las conmemoraciones ligadas al 50 aniversario del golpe militar. En cualquier caso, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosa, se mostraba satisfecha y optimista con el trabajo que estaba realizando la comisión. “Brasil no acepta más que los torturadores de ayer o de hoy permanezcan impunes delante de sus crímenes”, comenta. A su juicio con la verdad acaba su impunidad, al menos porque “sus nombres son conocidos por las actuales generaciones y sentirán la vergüenza de ser señalados como torturadores”.
João Goulart, el Allende brasileño
El 31 de marzo de 1964 el ejército salía a las calles de Brasil para poner fin al proyecto reformista del presidente João Goulart. Militante del Partido Trabalhista Brasileiro, Goulart fue vicepresidente en varias ocasiones entre 1955 y 1961 destacando por una sensibilidad social que siempre despertó suspicacias entre sus adversarios. De hecho, la dimisión del presidente Jânio Quadros en agosto de 1961 debía auparle al frente del gobierno, pero las reticencias de los sectores conservadores bloquearon su nombramiento hasta imponerle una serie de cambios legales que limitaran su poder. Sin embargo, Goulart promovería en 1963 un plebiscito para superar aquel tutelaje. Una consulta de la que salió reforzado para poner en marcha un ambicioso plan de reformas que incluía cambios fiscales, mejoras en las condiciones de los trabajadores, obligaciones para las multinacionales presentes en el país o una reforma agraria que democratizara el campo brasileño. Todo ello desatará la beligerancia feroz de los sectores conservadores, especialmente los hacendados ruralistas, y la animadversión del gobierno norteamericano que veía con malos ojos su política exterior que incluía contactos con la URSS, China y Cuba.
Ante las presiones de la derecha y el ruido de sables cada vez más intenso, el presidente intentó reforzarse recurriendo a una gran movilización popular. Para ello, el 13 de marzo de 1964 reunió a cerca de 200.000 personas junto a la estación central de Rio de Janeiro, donde no solo se ratificaría en su programa, sino que allí mismo firmaría el decreto por los que se expropiaban las refinerías de petróleo, así como tierras para su reparto entre los campesinos. La respuesta derechista no se hizo esperar. El 19 de marzo, miles de personas se echaban a la calle en las llamadas Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. El 31 de marzo, es el ejército quien toma protagonismo con apoyo del gobierno de Kennedy que, incluso, había llegado a barajar una intervención militar directa.
Sin capacidad para resistir, João Goulart emprende el camino al exilio: primero a Uruguay y después a la Argentina de Perón. Es en aquel país donde el 6 de diciembre de 1976 fallecerá, oficialmente víctima de un paro cardiaco. Sin embargo, siempre existieron dudas sobre las causas reales de su muerte. De hecho, la familia no descarta la posibilidad de que el dirigente político hubiera sido envenenado por agentes de los servicios de seguridad brasileños. Para superar cualquier sospecha el pasado mes de noviembre fue exhumado el cuerpo de Goulart para ser sometido a una autopsia que dictamine las causas reales de su muerte.
