Los socialistas se suman al acuerdo en pro de una mayor participación ciudadana pero no avalan el referéndum y Sánchez-Camacho pide la dimisión de Mas
Los socialistas se suman al acuerdo en pro de una mayor participación ciudadana pero no avalan el referéndum y Sánchez-Camacho pide la dimisión de Mas
El Parlament ha dado esta tarde luz verde a la ley de consultas no refrendarias y participación ciudadana, tal y como acordaron la mesa y la junta de portavoces en el inicio del debate de política general. La decisión llega en una semana intensa y caliente: un día después de que el fiscal general del Estado, que en marzo de 2013 se cargó a su homólogo en Catalunya por decir que las leyes no pueden ser cadenas, llamara a filas a los fiscales de las cuatro provincias catalanas para “avanzar en la aplicación uniforme de la ley”. Pocas horas después de conocer el “no” en el referéndum escocés y coincidiendo con la dimisión de Alex Salmond, el texto se ha aprobado con una amplísima mayoría: 106 votos a favor y 28 en contra. Mientras Junqueras y Mas se daban la mano (la imagen más buscada), el PP abandonaba deprisa el hemiciclo, con un gesto tan compungido como teatral, igual que hicieron el martes al intentar impedir que se aprobara la resolución para convocar la consulta.
Del debate quedó excluida la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pujol, que en la sesión del miércoles plantearon sin éxito Ciutadans y PP en su obsesivo afán de mezclar soberanismo con el ya ex Molt Honorable. De hecho, el expresidente de la Generalitat está convocado el viernes 26 a las cuatro de la tarde para dar explicaciones en el Parlament acerca de sus irregularidades tributarias. Eso no impidió que el miércoles se aprobara una reprobación “a los actos delictivos reconocidos por el presidente Pujol”, con el único voto en contra de la coalición convergente.
Ahora sólo falta saber cuando Mas signará el decreto de convocatoria del 9-N y cuando se publicará en el DOGC. La ley de consultas tendrá un plazo de vigencia brevísimo: Rajoy reunirá este fin de semana un Consejo de Ministros extraordinario para perfilar los recursos contra la ley y el decreto. Se presentarán ante el Tribunal Constitucional, presidido por un Pérez de los Cobos que fue militante del PP hasta el 2011 e incluso llegó a romper un ejemplar de la Carta Magna en su juventud.
Expectación inaudita
Más de 300 periodistas acreditados de todo el mundo (desde The Guardian a Al-Jazeera pasando por CNN, Bloomberg y un periódico de Japón), así como una larga nómina de invitados (Carme Forcadell, Muriel Casals o Salvador Cardús) han seguido atentamente una sesión de dos horas y media. El acto ha suscitado también la expectación ciudadana: un centenar de simpatizantes de la ANC con esteladas han recibido los diputados, algunos de los cuales han sido increpados por una decena de españolistas con rojigualdas.
Josep Rull, mano derecho de Artur Mas, ha ejercido de “relator” para explicar los trabajos de una ponencia que cuenta “con un amplísimo consenso”. El coordinador general de CiU ha puesto el acento en un “cierto sentido de trascendencia histórica” de una ley que, más allá del 9-N, “debe ser un instrumento para la participación de los ciudadanos en el marco de la Generalitat y los Ayuntamientos”.
Los matices del apoyo socialista
Ferran Pedret, diputado del PSC, cree que la contribución de su partido a la ley ha sido “sincera y leal con el pueblo catalán” pero al mismo tiempo ha recordado que la norma también tiene que ser útil para “decidir sobre el gasto social o la creación de nuevas comarcas”. Según Pedret, el respaldo socialista en ningún caso representa “un aval a la consulta ni a la manera torpe y contraproducente con la que se ha llevado el proceso”, por lo que el PSC dice “sí a la consulta pero no al referéndum sin ampara legal”.
El representante socialista ha criticado tanto “la dramatización del proceso y el exceso de expectativas ante la ley” de CiU y ERC como el conservadurismo del PP, “trabajadores incansables para crear independentistas, contrareformando insultando y laminando el autogobierno con cosas como el LAPAO, el TIL o el origen mozárabe del valenciano” y ha instado la cámara a explorar el federalismo.
Santi Rodríguez (PP) ha empezado pidiendo la comparecencia del Conseller de Sanitat, Boi Ruiz, por el brote mortal de legionela en Sabadell. Posteriormente, ha avisado que la ley emana deel artículo 122 del Estatut “que no permite formular preguntas sobre la independencia porque no es competencia de la Generalitat”. El diputado popular ha vuelto a tirar de manual carpetovetónico y de jerarquía españolista en términos de soberanía al señalar que “no son 7 sino 47 millones los afectados”. Finalmente, Rodríguez ha asegurado que las leyes se cambian “votando, no desobedeciendo, porque en la democracia no se debe vencer, sino convencer” y ha anunciado un “no” a la ley que en realidad es un triple sí. “A la democracia, al Estado de derecho y a la convivencia, a Catalunya, a España y a Europa”.
Para Dolors Camats (ICV-EUiA), el acuerdo sólo llega votando y Rajoy ha quedado en evidencia con un “mensaje enlatado para decir que impedirá votar pese a la demanda del pueblo catalán y del Parlament”. La diputada ecosocialista ha dicho que en el pasado se han cambiado leyes y también la Constitución por “exigencias económicas” y, ante el riesgo de “convertir la democracia en un simulacro”, ha antepuesto la legitimidad a la legalidad. “¿Es constitucional el 15-M, parar un desahucio o que salgan a la calle 1.800.000 de personas? Esta es la realidad social en la que se enmarca esta ley”. Camats ha advertido que la consulta “no se puede sustituir por unas elecciones plebiscitarias ni por manifestaciones” y ha instado a tomar Escocia como ejemplo. “Allí han decidido no ser independientes pero son libres. Votar es la solución, no el problema y la democracia sin libertad es un simulacro”.
Llamada a la “solidaridad y libertad”
Albert Rivera, en su habitual tono arrogante y en castellano, ha copiado el discurso apocalíptico del PP. “Algunos quieren romper el país y sacarnos de Europa). El líder de C’s piensa que en Catalunya ya existe una ley para celebrar referéndums, siempre que tenga el permiso del Estado y la Constitución.
En palabras de Rivera, se trata de un debate “más político que jurídico” en el que está en juego “la libertad y la solidaridad más allá de las identidades” y ha apostado por la suma antes que la división y las fronteras, por tender y rehacer puentes. Rivera desea salvaguardar la Europa de los ciudadanos “del populismo y los nacionalismos que la ponen en jaque” y ha aprovechado para pronosticar el fin de CiU y su socio. “Tenemos un Govern agotado, una legislatura agotada y un Junqueras agotador”.
Por su parte, Quim Arrufat (CUP) ha arremetido contra el paternalismo y la falsa superioridad moral y legal del Estado. “Hace 35 años que el Estado trata los ciudadanos como súbditos y los catalanes no somos menores de edad, el debate democrático no fractura. Antes de dejarnos decidir algunos fracturarán lo que sea”. El diputado de la CUP ha acusado el PP y el PSOE de atrincherarse en el bipartidismo para no mover ficha. “Han bloqueado la convivencia mediante el consenso constitucional”.
Arrufat ha explicado que la independencia no va contra nadie ya que la voluntad es separarse de España pero, al mismo tiempo, “mantener los vínculos familiares, sociales y culturales con los ciudadanos del resto del Estado”. Según él, el Estado tiene miedo que la iniciativa catalana provoque un efecto dominó en otros territorios y ha matizado que una cosa es la solidaridad y otra bien distinta “ser esclavos y vasallos de alguien”. Y ha terminado con una gradación ilustrativa con el símil escocés. “Escocia: urnas, debate y resultado. Catalunya: tambores de guerra, fiscalía, código penal y amenazas de suspensión de la autonomía”, en referencia a las declaraciones de Margallo.
Joan Ignasi Elena, que debutaba como diputado no adscrito después de su pasado socialista, también ha respondido a Rivera. “Votar une y suma, lo que desune es enrocarse”. Además, ha destacado que la ley supone “un punto de partida para una Catalunya más justa”.
ERC ha escogido Gemma Calvet para defender la postura de los republicanos. Después de recordar la figura de los expresidentes Macià, Irla, Companys y Tarradellas (menos Pujol), ha acusado el PP de no cumplir la Carta Magna “cuando niega la necesidad de escuchar los ciudadanos. La consecuencia de no querer escuchar es no querer ver”. Para Calvet, el gobierno español no ha querido llegar a un acuerdo y ha defendido la constitucionalidad de una ley “avalada por el Consell de Garanties Estatutàries que es un instrumento para la democracia, nunca un callejón sin salida”.
Josep Rull ha vuelto al atril para ratificar la postura de Calvet y quejarse del inmovilismo del ejecutivo español, en el sentido que “en el Estatut y la Constitución hay margen para hacer la consulta y el referéndum pero Rajoy no tiene la voluntad política para hacerlo”. El coordinador general de CiU ha citado el periodista Gabilondo, al decir que “los problemas no se prohíben, se solucionan” y se ha mostrado muy crítico con Rivera. “Antes de venir a hablar, algunos deberían haberse leído la ley, a los que les gustan los platós deberían haber venido a las ponencias de trabajo”. Para Rull, Catalunya no tiene que pedir “permiso ni perdón porque somos una nación que queremos construir nuestro futuro” y ha proclamado que la fuerza del país reside “en no preguntar a la gente de dónde es sino a dónde quiere ir”.
Ante los medios, Joana Ortega ha hablado de “día histórico” para tirar adelante una ley fruto de “un gran consenso parlamentario, el diálogo y la voluntad de acuerdo”. La vicepresidenta del Govern ha invitado al PP a reflexionar porque “la democracia fortalece la democracia” y ha dado por hecho que la consulta se realizará. “Todo estará listo para votar el 9-N”.
Camacho augura “el fin del independentismo”
En castellano y a modo de míting electoral, Alicia Sánchez-Camacho ha insistido por enésima vez en transmitir un mensaje dramático y fatalista a toda España. “Hoy es un día triste para la democracia y para los españoles porque se ha aprobado una ley anticonstitucional para celebrar un referéndum ilegal”. La líder popular ha vuelto a denunciar que la consulta tiene como objetivo “romper España y fracturar los catalanes” y se ha quejado de que el PSC haya sido “cómplice del independentismo”.
Ajena a los casi dos millones de personas que se manifestaron en la Diada, Sánchez-Camacho se ha atrevido a declarar que “la mayoría de los catalanes no quiere la independencia”, ha pedido la dimisión de Mas e incluso ha vaticinado que el proceso soberanista “acaba y es el momento de recuperar la unión y el entendimiento”.
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