Organizaciones de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) denuncian la negativa del Ayuntamiento de Madrid a investigar y juzgar los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista en dicha localidad.
Varios son los municipios españoles cuyos Ayuntamientos –Vitoria, Cádiz, Avilés, Montcada i Reixa etc.- han realizado mociones de apoyo a la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo, incluso se han personado como querellantes en representación de víctimas y familiares de sus vecinos que sufrieron represión. El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colao como alcaldesa, por ejemplo, se ha personado en la causa promovida por la Asociación AltraItàlia, –organización de antifascistas italianos que viven en Catalunya- que denuncian los bombardeos sobre la ciudad entre 1937 y 1939, donde participó la Aviación Legionaria italiana.
Claro, que de momento, estas adhesiones son sin “consecuencias penales pero sí políticas”, aunque son varios los consistorios cuyos gabinetes jurídicos están estudiando pasar a pedir responsabilidades penales y reparación. Este es el caso que está pasando con al Ayuntamiento de Madrid, de la alcaldesa Manuela Carmena. Todos son buenas intenciones, convencidos estamos que sinceras, pero se quedan en el marco de la adhesión simbólica, sin tener el coraje democrático de llevar la denuncia al ámbito judicial, como muchos otros países lo han hecho, incluso España cuando algunos jueces persiguieron y llevaron ante la justicia a torturadores y dictadores de otros países, como en los casos de Argentina o Chile. La CEAQUA nos hace llegar el siguiente comunicado:
COMUNICADO
El 11 de febrero de 2016, diferentes organizaciones integradas en CEAQUA solicitamos al Ayuntamiento de Madrid que se aprobara en Pleno una moción en la que dicha corporación local acordase presentar una querella criminal ante los Juzgados territoriales competentes para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en la localidad, tal y como ya habían efectuado otros Municipios.
El pasado 9 de febrero, esto es, un año después de registrar la solicitud referida anteriormente, el Jefe de Gabinete de Alcaldía comunicó a miembros de la CEAQUA que “el Ayuntamiento no está en disposición de interponer la querella solicitada”. Y ello a pesar de que durante el mes de mayo de 2016 los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE expresaron su apoyo a dicha iniciativa, al considerarla fundamental para poner fin a la política de impunidad mantenida por el Estado español en relación con esta materia.
En su comunicado, el Ayuntamiento de Madrid indica que la Corporación Local “asume como propia la reivindicación de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctima de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista”.
Recordamos al Ayuntamiento de Madrid que sin la puesta en marcha de los correspondientes mecanismos para que la Administración de Justicia investigue dichos crímenes y las víctimas accedan a la justicia, los derechos humanos quedan postergados a una mera declaración de intenciones vacía de contenido e impropia de una Institución pública que se declara defensora de los mismos.
Para poner fin con la política de impunidad largamente mantenida por el estado español y severamente censurada y criticada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es necesario que las instituciones públicas y, en este caso las Corporaciones Municipales, asuman las obligaciones de las normas consuetudinarias, tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el estado español, relativos a la investigación y enjuiciamiento de crímenes que atentan contra los derechos humanos más elementales.
En este sentido, desde CEAQUA se le ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que simplemente colabore y contribuya al cumplimiento de la referida obligación internacional como parte integrante del Estado y en el marco de sus propias competencias.
Lamentablemente, nos hemos encontrado con una negativa tan demorada e incomprensible como injustificada e incompatible con el reconocimiento efectivo de los derechos que asisten a víctimas de crímenes contra la humanidad y, por ese motivo, nos vemos obligados a denunciar ante la ciudadanía un posicionamiento que viene a confirmar la falta de compromiso de la propia Corporación Local en esta materia y en particular con la defensa de sus propios ediles y trabajadores represaliados, depurados o fusilados por el franquismo.
