El Estado reconoce que el presidente de la Generalitat Lluís Companys fue condenado y fusilado por tribunales «ilegales e ilegítimos» y declara la nulidad de las sentencias y resoluciones judiciales dictadas contra él durante la guerra civil española o la dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia y creencia religiosa. Según ha anunciado la portavoz del gobierno, Patrícia Plaja, el gobierno español reconoce que Companys fue condenado y fusilado por haber tenido cargos de responsabilidad durante la década de los años 30 del siglo pasado, especialmente para ser presidente de la Generalitat durante la Segunda República y fundador de ERC. También anula la sentencia sumarísima que acabó con su fusilamiento el 15 de octubre del 1940 al cementerio del castillo de Montjuic.
Companys fusilado: Una reparación completa
Todo ello se concreta en una declaración de reconocimiento y reparación personal del presidente Companys que ha emitido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El texto considera que Companys tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. «Hace mucho de tiempo que tendría que haber llegado y han tenido que pasar 84 años», ha dicho la portavoz, Patrícia Plaja. El gobierno catalán considera esta declaración un reconocimiento del agravio institucional del asesinato de Companys, que «fue represaliado y fusilado para ser el máximo representante de la Generalitat de Catalunya».
El texto que el gobierno español ha hecho llegar al Departamento de Justicia, Derechos y Memoria Democrática considera «nulo el consejo de guerra y las sentencias emitidas por este u otros tribunales en contra del presidente por motivos vinculados a la militancia». «Companys fue condenado por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril del 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat. El presidente tiene derecho a su reconocimiento y a obtener la reparación moral y recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva.»
La negociación con el gobierno español
La portavoz ha recordado que este reconocimiento es fruto de la solicitud que el Consejo Ejecutivo catalán acordó el noviembre pasado para pedir al gobierno español que se hiciera formal la nulidad de las sentencias impuestas a Companys. Coincidiendo con el 83.º cumpleaños de su fusilamiento, el presidente Pere Aragonès exigió un acto institucional de desagravio a Companys. Posteriormente, Esquerra registró una iniciativa en el Congreso en la misma línea y el PSOE se comprometió por escrito con los republicanos a aplicar del todo la ley de memoria democrática antes del verano. «Más allá del gesto institucional, se tenía que certificar la nulidad y la inscripción en los expedientes judiciales de las causas que se instruyeron contra Lluís Companys», ha dicho la portavoz del ejecutivo en nombre del presidente Aragonés.
En paralelo a la petición hecha por el gobierno el noviembre pasado, la Dirección General de Memoria Democrática emitió un oficio al Ministerio de la Presidencia español para incluir la nulidad en los expedientes judiciales correspondientes, y que se emitiera la declaración de reconocimiento y reparación que se ha hecho pública este martes.
El tercer gesto de reparación al presidente
Patrícia Plaja se ha remontado al inicio de un proceso, anterior a la ley de memoria democrática del 2022, que reconoce el derecho a obtener el reconocimiento y reparación personal a todos aquellos condenados y sancionados durante la Guerra Civil y la dictadura por tribunales franquistas por motivos ideológicos, políticos o de creencia. El julio del 2009, a raíz de la solicitud presentada por la nieta de Companys, Maria Lluïsa Gally, junto con la Generalitat, el ministerio socialista de José Luis Rodríguez Zapatero emitió una declaración de reconocimiento y reparación personal en favor de Companys. Aquella declaración dejaba constancia que el presidente sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, y que había sido injustamente condenado a muerte en cumplimiento de una sentencia dictada por un consejo de guerra bajo la acusación de delitos de rebelión y que determinó su ejecución. Con todo, se consideró simbólica e insuficiente.
El año 2018 el Ministerio de Justicia emitió una nueva declaración que complementaba el anterior, pero que también se valoró insuficiente por gobierno de la Generalitat, puesto que no reconocía el agravio de la institución ni se anulaban las sentencias. Un hecho que no se ha conseguido hasta ahora, según ha declarado Plaja, «dado que el asesinato de Lluís Companys responde a la represión y persecución sistemática que sufrieron todos los organismos del autogobierno de Cataluña y también de su figura».
El anuncio lo ha hecho el gobierno de la Generalitat, que considera que por primera vez se reconoce de forma oficial que Companys fue perseguido y ejecutado por sus ideas políticas
