Cinco días después de su inicio, hoy ha terminado el juicio del 9-N que tiene lugar desde el pasado lunes 6 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera de educación, Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por haberse mantenido detrás de la organización de la consulta por la independencia que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014, a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
Los hechos enjuiciados se han centrado en el periodo de cinco días que abarca la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional, el 4 de noviembre de 2014, hasta la celebración de esta, el 9 de noviembre, cuya participación registró 2,3 millones de personas, la gran mayoría de las cuales, un 80,7%, se mostró a favor de la independencia. Es lo que conocemos como el juicio del 9-N.
Desde la defensa, Mas, Ortega y Rigau alegan que el gobierno catalán se desentendió de la consulta tras el veto del TC, y que su gestión quedó entonces a cargo de los voluntarios, por lo que no pudo haber desobediencia. También que el Tribunal Constitucional no fue suficientemente claro a la hora de definir el alcance de la petición al Govern de que suspendiera la consulta. Según la fiscalía, encabezada por Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, el gobierno catalán siguió en pie después de la acusación, haciéndose cargo de los preparativos del 9N, señalando a Mas como ‘’autor’’ y a sus consejeras como ‘’cooperadoras necesarias’’, por lo que se pide inhabilitación para cargos públicos en cualquier ámbito a los tres, el primero por 10 años y las segundas, por 9.
El Passeig de Lluís Companys de Barcelona fue el escenario, el pasado lunes, que marcó el inicio del juicio del 9-N contra el expresidente y las exconselleras, quienes se dirigieron desde el Palau de la Generalitat hasta el TSJC con el apoyo de unas 40.000 personas, según la Guardia Civil, que participaron en la concentración a su favor.
Mas asumió en la primera jornada del juicio del 9-N la máxima responsabilidad por haber ideado el proceso participativo y haberlo llevado a cabo. Proclamó también que la iniciativa política pretendía dar a conocer la opinión de los ciudadanos, de forma legal, y sin carácter vinculante, ya que el proceso participativo era diferente a la consulta planteada inicialmente, que fue suspendida. Por otra parte, junto a Ortega y Rigau, la defensa expuso que el TC no informó en su momento de los posibles delitos a los que se enfrentaban si seguían adelante con el 9-N.
El martes la fiscalía empezaba a interrogar a los testimonios, entre los que se encontraban inspectores de educación y la directora del instituto de Hospitalet de Llobregat que denunció haber sido presionada por una responsable de Educación para que entregara las llaves de su centro para permitir que se celebrara la consulta, a lo que ella se negó. Por el contrario, la directora de servicios territoriales de Educación negó cualquier tipo de presión y de instrucciones por parte de la Generalitat a los directores de los centros.
Francesc Homs fue el primer alto cargo en declarar como testimonio el miércoles, en lo que le supone un ensayo al juicio al que se enfrentará él en el Tribunal Supremo el próximo 27 de febrero. El portavoz de PDECat en el Congreso y exconsejero defendió la legalidad del 9-N y acusó al Gobierno de actuar con ‘’abuso de derecho’’. Reiterando que el proceso participativo acabó siendo muy diferente al previsto anteriormente al veto del TC, Homs hizo uso de la reacción de ‘’menosprecio’’ del gobierno español ante la nueva propuesta, de la que dijeron que ‘’no era nada’’, para señalar como posteriormente presentaron, ‘’sorprendentemente’’, un nuevo recurso al TC.
En la penúltima sesión del juicio del 9-N se hacía público que los fiscales habían elevado las conclusiones provisionales a definitivas. Durante el jueves fueron también interrogados 5 voluntarios de los 45.000 que participaron en la organización de la consulta, quienes detallaron, avalando la tesis de la defensa, haber asumido la responsabilidad del proceso de participación y afirmaron que ninguna autoridad o cargo público fue presente en la jornada.
Sin embargo, Sánchez Ulled basa su argumentación en el hecho que después del veto del TC los contratistas y empresas privadas siguieron firmando contratos y entregando materiales, a pesar de la notificación del TC, un argumento que fue corroborado por la declaración de dos guardias civiles, encargados de analizar los programas informáticos que la empresa T-Systems, contratada por la Generalitat, desarrolló para la consulta y la página web de esta, que concluyeron que siguió activa posteriormente al 4 de noviembre.
La última jornada del juicio del 9-N ha empezado con el informe de la acusación, en que el fiscal Sánchez Ulled ha refutado el argumento de que el juicio ha sido político y ha defendido la independencia del tribunal. ‘’Este juicio también es democracia’’, y ‘’la fiscalía no depende del gobierno, no hemos recibido ninguna instrucción del gobierno’’, declaraba, en palabras que han sido posteriormente corroboradas por el Gobierno de la mano del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha afirmado que “en España la justicia es independiente” y que “los tribunales forman parte de la democracia”.
A la espera del veredicto en unas cinco semanas, el juicio se ha dado por finalizado con los alegados finales de los encausados. Después de una reunión que estos han mantenido en el Palau de la Generalitat con Carles Puigdemont, el president y el expresident han atendido a los medios de comunicación. ‘’Todo lo que hicieron Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau tenía legitimidad democrática’’, ha declarado Puigdemont, y ha añadido que “Si un estado entiende que más de dos millones de personas vayan a votar, el problema lo tiene el Estado, no aquellos que lo facilitan”. También ha mandado un mensaje a Mariano Rajoy, apuntando que ‘’estamos en tiempo de descuento, pero aún está a tiempo de rectificar’’, y ha reivindicado el diálogo a través de una ‘’mesa política’’, y no a través de ‘’fiscales y abogados’’.
Por su parte Mas, después de ofrecer ‘’apoyo incondicional’’ a Puigdemont, ha reafirmado la idea y defendido la estrategia de la defensa, criticada por la CUP por no haber asumido la desobediencia, ha insistido en la consideración de que el juicio ha sido político y ha proclamado que ‘’la democracia española, que ya no era muy grande, hoy es más pequeña’’.
(Sabadell, 1995). Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y escribe sobre cultura, género y política. Actualmente, trabaja como escritora, traductora y Community Manager "freelance".
