Yolanda González era una joven dirigente estudiantil de Madrid, de origen vasco, que militaba en la organización trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El 1 de febrero de 1980, fue secuestrada y asesinada por un comando fascista compuesto por militantes de Fuerza Nueva. Hoy, 33 años después, la prensa ha destapado que uno de los asesinos, Emilio Hellín Moro, trabaja para el Ministerio del Interior dando cursos y asesoramiento a policías y guardias civiles. El exfical anticorrupción de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, concedió a “Público” una entrevista en exclusiva para hablar de este asunto con el que está muy sensibilizado.
Lejos de la imagen la idílica de la Transición, el terrorismo tardofranquista cometió más de seiscientos atentados con varios heridos y sesenta y seis muertes conocidas. Fueron años de sangre, que ni la desmemoria ni los pactos políticos de entonces pueden esconder hoy. En 1974, fueron ejecutados a garrote vil el joven anarquista Salvador Puig Antich y el alemán Georg Michael Welzel –que murió con el falso nombre de Heinz Chez-. El dictador Franco murió el 20 de noviembre de 1975, habiendo dado el enterado a los fusilamientos de tres militantes del FRAP y dos de ETA político-militar, el 27 de septiembre de 1975. Desde esta fecha hasta los primeros años de la década de los ochenta, las bandas parapoliciales de la extrema derecha, muchas veces en connivencia con los aparatos de seguridad de Estado, cometieron atentados contra periódicos, librería, sedes vecinales o de partidos políticos, y contra personas.
El 23 de enero de 1977, era asesinado el estudiante Arturo Ruiz García por la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A); un día después, el 24 de enero, sucedió la matanza de la calle Atocha en que murieron cinco abogados laboralistas de CC.OO. Reivindicado por la Triple A, fueron detenidos militantes neofascistas y dirigentes del antiguo Sindicato Vertical vinculados a Fuerza Nueva. El 20 de septiembre de 1977, atentado con bomba a la redacción de la revisita satírica “El Papús”, murió el conserje Juan Peñalver y hubo 17 heridos. El 13 de mayo de 1978, muere el anarquista Agustín Rueda Sierra tras ser brutalmente apaleado por los funcionarios de la prisión de Carabanchel (Madrid). En octubre de ese mismo año, un paquete bomba estalla en la sede del periódico “El País”, murió el portero de la finca, Andrés Fraguas. El 13 de septiembre de 1979, el estudiante José Luis Alcazo fue asesinado a golpes de bates de béisbol en el parque del Retiro de Madrid, los autores, un grupo de jóvenes, declararon que querían limpiar el parque de “indeseables”; el arma homicida llevaba grabado a fuego el lema: “Viva el fascio redentor”.
Nos hemos dejado mucha sangre en el tintero, esto sólo es una parte que demuestra que el asesinato de Yolanda González no fue un hecho aislado, obra de unos “descontrolados”, sino parte de una represión sistemática que pretendía desestabilizar y dificultar todo avance democrático, y que además contó con apoyos dentro de la cloacas del Estado y, en muchos casos, los culpables fueron tratados con guante de seda por algunos fiscales y jueces de aquella época.
Carlos Jiménez Villarejo está colaborando con la campaña que están llevando amigos y compañeros de la joven asesinada para denunciar el hecho y que incluso ya ha provocado que varios partidos parlamentarios hayan presentado una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir respuestas al gobierno sobre el particular.
R@MBLA – ¿Qué valoración hace del hecho de que un asesino condenado y confeso trabaje para las Fuerzas de Seguridad del Estado?
Villarejo – Cuando leí la noticia me quedé asombrado, pero no sorprendido. Acabo de estudiar como el franquismo sigue presente, de muchas maneras, en la sociedad española, en las instituciones llamadas democráticas, y particularmente en la magistratura. Que una persona condenada en su día por un asesinato gravísimo, aparte de otros delitos con múltiples agravantes, y que además cumplió la pena en unas condiciones muy favorables por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ninguno de los jueces que favorecieron su fuga fuera sancionado penalmente, pese haber estado huido durante tres años y siete meses en Paraguay al servicio de la dictadura militar de Alfredo Stroessner –Hellín fue contratado por los servicios de inteligencia del dictador-, en fin, que todo eso ocurra, y que volvamos a reunirnos para hablar de esto, lo que produce es lo que yo he afirmado, que hay una auténtica pervivencia de valores autoritarios, propios del sistema totalitario franquista en ciertos sectores de la magistratura, aunque no hay que generalizar, porque hay jueces de muchas clases”.
Emilio Hellín cambió su nombre de pila por el de Luis Enrique y, desde su empresa “News Technology Forensics”, ha trabajado desde 2006 como asesor de criminalística de la Guardia Civil y dando cursos de rastreo informático y espionaje electrónico a la Policía Nacional, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.
R@MBLA – ¿En qué consiste la pervivencia del franquismo en el Poder Judicial, tesis que defiende en un libro que acaba de publicar con el juez Antonio Doñate?
Villarejo- Por ejemplo, todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público contra centenares de miles de españoles, republicanos, demócratas, etc., condenados injusta e ilegalmente, siguen sin ser anuladas porque el Tribunal Supremo se niega a hacerlo. Esto es una muestra del reconocimiento de la validez de la represión franquista por parte de la justicia española actual. Luego hay unos datos que aparecen dispersos en los medios que a veces no todo el mundo se fija. Por ejemplo, el día 25 de junio está citado a declarar como imputado un periodista por haber hecho unas manifestaciones sobre la Falange Española de las JONS, y la vinculación de ese partido único de la dictadura con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Un juez le ha abierto una causa a ese periodista –Gerardo Rivas, de “elplural.com”- por injurias graves a la Falange. Cómo a estas alturas un juez de instrucción de España puede considerar injurias el hablar de los crímenes cometidos por la sublevación militar del general Franco, y dictador después, y la Falange que eran parte del aparato represor del franquismo. En este contexto hay que situar los favores y complicidades que ha habido con Emilio Hellín, que aparte de hacerle cumplir una pena lo más corta posible y en las mejores condiciones posibles, y después de una manipulación para ocultar su identidad, manipulación que podía ser conocida, parece incomprensible que fuera contratado, con dinero público, por los servicios policiales de los gobiernos democráticos. Yo creo que el gobierno debe contestar a la “Proposición no de ley” que han formulado los grupos parlamentarios -PSOE, CiU, Izquierda Plural y EAJ-PNV- a propuesta de los familiares, especialmente por la hermana de Yolanda, Amaia González”.
R@MBLA – Las complicidades de los asesinos de Yolanda con miembros de diversos cuerpos policiales y de la inteligencia militar… ¿Apuntan a un crimen de Estado?
Villarejo – Yo creo que es fundamental que se considere como un crimen de Estado. El diputado Socialista Juan Barranco hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados de entonces y que te voy a reproducir. ¿Cómo obtuvieron, le preguntaba al gobierno, las armas y los aparatos electrónicos de escucha que no son de acceso normal en el mercado? También preguntó con qué otras organizaciones, además de Fuerza Nueva, nacionales y extranjeras, estaban relacionados los asesinos. Nunca se respondió.
R@MBLA -¿Qué opina sobre los que dicen que no es bueno abrir viejas heridas y que los problemas de la sociedad hoy son otros?
Villarejo – Los problemas de la sociedad son muchos, entre ellos éste. Hay problemas que vienen del pasado y que persisten, y siguen siendo problemas, porque no se han afrontado en su momento y siguen presentes. Si hay más de cien mil desaparecidos distribuidos por las tierras de España, y de Cataluña también, y nadie ha hecho nada, ni siquiera la justicia, para conocer e identificar esos restos y darles un entierro digno como merecen y exigen las convenciones internacionales, pues eso es una asignatura pendiente. Hay una frase muy valiosa de un monje de Montserrat que ha estudiado el nacionalcatolicismo del franquismo, Hilario Raguer, que dijo: “No se pueden cerrar en falso las heridas infectadas”. Esto no es una herida cualquiera, es una herida que afecta a una parte muy importante de la sociedad española, y no se puede hablar del pasado como quien habla de la guerra de la independencia de 1714, por ejemplo”.
R@MBLA – Recientemente, la jueza argentina María Servini de Cubría, que está llevando la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, declaró que en un año se podrá imputar a tres exministros franquistas, dos jueces y cuatro policías. Entre los exministros está Utrera Molina, suegro del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. ¿Cree qué esta imputación será posible?
Villarejo – Hasta ahora el Ministerio de Justicia, que es el que tramita las comisiones rogatorias, que tienen que atravesar primero el ámbito gubernamental y luego pasar al ámbito judicial, lo que ha hecho es poner toda clase de dificultades y obstáculos para que se practiquen diligencias, como las que se iban a practicar hace un mes –se refiere Villarejo a las videoconferencias en el consulado de Argentina- y que no se pudieron practicar por unos supuestos problemas técnicos que yo creo que eran políticos. El gobierno español se opone frontalmente a que se investiguen aquí los crímenes del franquismo. Tengo mis reservas que todo eso llegue a buen puerto, pero ojalá que se consiga superar esos obstáculos por la justicia Argentina”.
R@MBLA – ¿Qué le parece que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tache de nazis a los ciudadanos que hacen los escraches de protestas por los desahucios?
Villarejo – Eso no es admisible bajo ningún concepto, responde al estado de crispación en que vivimos, esos términos hay que aplicárselos a quien corresponda. Pero lo que pocos cuentan es que, por ejemplo, “Amical de Mauthausen” están cansados de denunciar los ataques vandálicos que está sufriendo el monumento a las víctimas del nazismo en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por parte de neonazis, muchos de ellos encuadrados en organizaciones legalizadas, cosa impensable en otras democracias europeas”. O como la Generalitat se ha cargado el “Memorial Democràtic”, organización creada en su día por el gobierno del tripartito.
R@MBLA – ¿Y la represión de hoy?
Villarejo – La represión hoy también tiene lugar, y ahí están las pelotas de goma para demostrarlo. En estos días están declarando numerosos Mossos d’Esquadra, ya veremos en qué queda, no lo sé, pero de entrada han sido llamados a declarar como imputados, cosa la que Infanta no ha podido hacer, tendrá más privilegios. Los daños causados por el uso de material antidisturbios tan violentos son muy graves. Son formas de represión que rememoran a las formas de represión franquista, salvando las distancias”.
R@MBLA – ¿Se ha hecho la Transición en el aparato judicial?
Villarejo – A estas alturas hay un sector muy amplio de la magistratura que ha asumido los valores democráticos, y efectivamente han hecho la Transición. Pero sigue habiendo reticencias, en determinados núcleos del poder judicial, como el caso del periodista que te he contado llamado a declarar por injurias a la Falange, la postura del Tribunal Supremo que no quiere anular los Consejos de Guerra del franquismo, o por qué los jueces de instrucción no se han tomado para nada en serio, en cumplimiento de su deber profesional y legal, la investigación de las fosas comunes de los desaparecidos. Hay supuestos en que la Transición no se ha producido y siguen estando latentes los efectos de los crímenes del franquismo.
R@MBLA – ¿Y la corrupción?
Villarejo – Al Poder Judicial le está cayendo encima un peso enorme, que es lo que significa la criminalidad de la banca, y la criminalidad de la corrupción política. Algunas respuestas se están dando, limitada y excepcionalmente, no hay que generalizar, pero sigue habiendo un gran peso sobre la justicia española que, salvo excepciones, no está en condiciones de afrontar un sistema de corrupción política generalizada como el que hay en España, donde puede haber en estos momentos quinientos casos abiertos. Faltan recursos, pero a veces también falta más decisión y valentía. Los procesos son difíciles y complicados.
R@MBLA – ¿Hay presión a los jueces?
Villarejo – Yo creo que no.
R@MBLA – ¿Y a los fiscales?
Villarejo – Los fiscales no son los jueces, están sometidos a una estructura jerárquica que es más fácil que haya presión, yo creo que no debe haberla y no se deba aceptar en ningún caso. En el caso de los jueces, si alguien acepta una presión es porque quiere, ya que debido a su estatus e independencia, no tienen porque someterse a ningún tipo de presión y hay que rechazarla.
