Hace un año, el entonces diputado Raúl Moreno del PSC, ahora secretario de Derechos Sociales, decía en el Parlament “gobernar es priorizar”. Si nos basamos en las acciones y en los hechos de las últimas semanas del Gobierno Illa podemos ver claramente cuáles son sus prioridades. Reapertura del debate sobre la ampliación del aeropuerto, golpes de porra para blindar los intereses de los fondos buitre de quienes defienden el derecho a la vivienda o “contento de estar aquí” ante el Borbón en la Zarzuela son solamente tres ejemplos.
En Cataluña las situaciones de vulnerabilidad y las desigualdades se han cronificado, dejando alrededor de un 25% de la población en riesgo de pobreza o de exclusión. La precariedad se ha extendido y afecta a segmentos cada vez más amplios de la población, el mercado laboral no asegura la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, las políticas públicas no consiguen combatir las causas estructurales de las problemáticas y sólo atenúan de manera muy limitada sus efectos.
En los últimos años las grandes propuestas de los diferentes gobiernos para dar respuesta a las personas en situación de pobreza han sido prestaciones condicionadas y segmentadas como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Cataluña o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el Estado, prestaciones que a pesar de definirse como herramientas para “asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza” se han demostrado como incapaces. Según un informe de Ivàlua publicado en 2023, la suma de personas que ingresan la RGC y el IMV solo cubre el 40% de la población en pobreza extrema. Por tanto, las cifras nos dicen que en ningún caso son herramientas que funcionen para aquello que dijeron ser diseñadas. Y más aún, las cifras enquistadas de pobreza en nuestro país muestran como lo que tendría que ser el primer derecho a garantizar, el de la existencia, está lejos de ser una realidad.
Ahora que todos los titulares de los medios catalanes nos explican que esta semana el ejecutivo de Salvador Illa tiene que explicar y mostrar sus apoyos en el Parlamento ante sus prioridades políticas, estaría bien que se aprovechase para exigir que explique cómo piensa dar respuesta a una realidad enquistada en este país: la pobreza, y sobre todo explicar cómo piensa hacer frente a la persistencia de las desigualdades y la precariedad ante unos pocos que especulan con nuestras vidas.
Creo que no le chafaré la guitarra a nadie si digo que Illa no lo explicará. Con los hechos en la mano, cesando al responsable durante los últimos tres años de la prueba piloto de renta básica universal, ya ha puesto de manifiesto la nula voluntad de su gobierno de abordar herramientas diferentes a las aplicadas hasta ahora para luchar contra la pobreza infantil, la inseguridad de los ingresos, la emancipación de los jóvenes… El PSC se obceca en estimagtizar a las personas en situación de pobreza obligándolas a demostrar cíclicamente ante la administración su situación económica o afectiva. De hecho, su lucha los últimos años en contra de la prueba piloto de la renta básica universal lo que pone de manifiesto es su negativa a disputar a las élites del país el derecho a una existencia digna para la mayoría. Los socialistas pueden adornar este debate con tecnicismos y utilizar las filigranas que quieran, pero tendríamos que dejar claro que ni su voluntad ni su prioridad es abordar las desigualdades en este país si no están ni dispuestos a tocar un mínimo los privilegios de unos pocos.
“La renta básica es una prestación económica individual, universal e incondicional, que se recibiría como un derecho de ciudadanía. Sería de unos 800 euros mensuales, e integraría cualquier otra ayuda o prestación de importe inferior. Se financiaría conjuntamente con el ahorro de aquellas prestaciones inferiores y con una reforma fiscal con la que el 20% de la población más rica asumiría una gran parte del coste. Una vez leída la definición sobre la renta básica universal, en una escala del 0 al 10, ¿hasta qué punto estaría de acuerdo con el hecho de que se implementase en Cataluña?”. Es la pregunta del último Òmnibus del CEO. Y la respuesta fue clara: a favor.
Mientras el PSC busca aplicar las viejas y gastadas recetas que nos han llevado hasta aquí y que nos mantienen ligados al bucle de explotación y precariedad, una mayoría tiene claro que no tiene sentido negar una renta básica para garantizar la existencia material de la gente.
Eulàlia Reguant es una política, matemática y activista política catalana, diputada del Parlamento de Cataluña desde el 26 de octubre de 2015 hasta el 11 de octubre de 2017. Es miembro del Secretariado Nacional de la CUP.
Fuente: Nació, 8 de octubre de 2024
