«La Santa Sede y las instituciones vinculadas a la Santa Sede que posean activos financieros y activos líquidos, cualquiera que sea su forma, en Instituciones financieras distintas del IOR [Banco Vaticano], deberán informar al IOR y transferirlos a este lo antes posible en un plazo de 30 días a partir del 1 de septiembre de 2022». Esta es la orden concreta que el líder de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, conocido por sus feligreses como Papa Francisco, ha dado, a través de un prescripto publicado en L’Osservatore Romano, a todas las instituciones vinculadas a la Santa Sede. Con ello, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), comúnmente conocido como el banco del Vaticano, será la única entidad financiera con acceso a los fondos de la Iglesia.
El IOR publicó su informe anual el pasado 7 de junio, donde señaló que había registrado un beneficio de unos 19 millones de euros en 2021 (más el 15% de margen de intereses, 22% de ingresos netos por comisiones y 4% de activos gestionados). Este beneficio neto de 19 millones de dólares es inferior a los 44 millones de dólares de 2020 y a los 46 millones de dólares de 2019, lo que indica que en los últimos años el IOR ha perdido clientes. El llamado pontífice ya instituyó en junio pasado un Comité para las Inversiones, un organismo incluido en su Constitución Apostólica y dirigido a «garantizar la naturaleza ética de las inversiones inmobiliarias de la Santa Sede».
7.000 millones de euros
Según informa el IOR en su página oficial, la misión del Instituto es servir a la Iglesia católica en todas sus formas (Santa Sede – Entidades vinculadas – Órdenes religiosas – Instituciones católicas – Clero – Cuerpo diplomático acreditado – Empleados de la Santa Sede) mediante la custodia y administración de los bienes confiados y la prestación de servicios de pago especializados en todo el mundo.
El IOR tiene la obligación de mantener la capitalización de la entidad y el dinero de sus clientes, por lo que el capital recibido se invierte en bonos de Estado, en obligaciones y en el mercado interbancario. El IOR administra fondos por un valor de 7000 millones de euros (eso sin contar las transferencias dictadas por Bergoglio) y cuenta con casi 19.000 usuarios, de los cuales unos 5.200 son instituciones católicas, que tienen la titularidad de más del 85% de los fondos administrados; y 13.700 son personas entre las que se encuentran religiosos, empleados de la Ciudad del Vaticano y otros autorizados, como pueden ser los enviados diplomáticos ante la Santa Sede.
¿Corralito, bancarrota o corrupción?
Algunos analistas han señalado que el movimiento de Bergoglio responde a la incertidumbre mundial creada por la inflación desbocada que sufren muchos países, las tensiones entre regiones y la guerra de Ucrania. Puede que desde el Vaticano sospechen que a partir del mes que viene la situación económica global -o regional- pueda sufrir algún tipo de colapso y prefieran tener todo su dinero en su propio banco.
Otra teoría es que la entidad esté al borde de la bancarrota, aunque no lo parece después de haber declarado beneficios el pasado mes de junio.
También se especula que la medida responde a un modo de controlar los gastos e inversiones que llevan a cabo las delegaciones episcopales por su cuenta. Recientemente ha sido polémica la adquisición de un edificio en Londres por parte de la Iglesia.
Mientras tanto, en Milán se han grabado las colas del hambre más largas registradas hasta la fecha:
Hungry Italians at the food bank to collect bread and milk in the economic capital of Italy. Milan, 27 August. This is Mario Draghi’s Italy. pic.twitter.com/rE1b5tNByC
— RadioGenova (@RadioGenova) August 28, 2022
