El Parlament se ha sumado a la petición, cada vez más extendida, para retirar la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto-Ruiz Gallardón. La mayoría de los diputados ha aprobado dos mociones presentadas por el PSC e ICV-EUiA
El Parlament se ha sumado a la petición, cada vez más extendida, para retirar la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto-Ruiz Gallardón. La mayoría de los diputados ha aprobado dos mociones presentadas por el PSC e ICV-EUiA de rechazo a los cambios propuestos en la legislación hasta el momento vigente. Los diputados de Unió han votado junto con los del Partido Popular en contra de las propuestas, Convergència y el resto de partidos a favor. Ciutadans se ha abstenido en la votación del texto socialista, aunque ha votado a favor de la versión presentada por Iniciativa.
CiU ha dado libertad de voto a sus diputadosy se ha repetido la misma división de dos días antes en el Congreso de los Diputados, cuando UDC votó en contra de la propuesta de retirada de la ley planteada por el PSOE, mientras que CDC votó a favor. Una situación similar a la acaecida este pasado mes de enero en el Ayuntamiento de Barcelona cuando los concejales democristianos rechazaron una moción contra el proyecto de ley del ministro Gallardón.
El PP de Catalunya ha rechazado también las mociones, al contrario que el PP extremeño, opuesto al anteproyecto de ley en una votación en el Parlamento de Extremadura. La representante del PP catalán, formación siempre atenta a cuestiones de protocolo, preeminencia institucional y competencias entre administraciones, justificó su rechazo en el hecho que es un asunto a discutir en el Congreso y no en el Parlament. El punto aprobado corresponde a una moción más extensa presentada por el PSC y pide la retirada del proyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al tiempo que reconoce «la capacidad de las mujeres de decidir plenamente sobre su embarazo«. La moción presentada por ICV incluía disposiciones que pedían incrementos presupuestarios destinados a mejorar la atención a las mujeres que desean interrumpir su embarazo y a facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, pero ha sido rechazada con los votos en contra de CiU y ERC.
El conflicto desatado por una reforma anunciada en un programa electoral que ha quedado en una lista de deseos y propuestas rebasadas por la realidad, tuvo su primer asalto semanal en el Congreso de los Diputados, en donde se rechazó una proposición no de ley del PSOE que pedía al Gobierno la retirada del anteproyecto que derogará la ley de plazos para instaurar de nuevo una de supuestos, eliminando el de malformación del feto. Aunque el texto, en fase de informe, aún debe pasar por el Consejo de Ministros antes de iniciarse el trámite parlamentario, el PSOE sometió a debate y votación su proposición no de ley y forzó una votación secreta con la que buscaba mostrar las discrepancias del Partido Popular en la materia. El PP quiso mostrar su cohesión y tras la votación, cuyo resultado fue el evidente en una coyuntura de mayoría absoluta, los parlamentarios del PP recibieron el resultado con aplausos, mientras los ministros presentes se felicitaban con palmadas en el hombro y amplias sonrisas, sobre todo de Alberto Ruiz-Gallardón. Celebraron el final de la proposición con la misma alegría con la que metieron al país en la Guerra de Irak. No se trataba de examinar la propuesta sino de demostrar la fortaleza y la disciplina de un partido. La vía de agua abierta por este intento de reforma ha generado un enorme desconcierto en la dirección del partido. La reforma del aborto amenaza con alejar a sus potenciales votantes de centroderecha, que de momento y visto el poco brío de los socialistas en la oposición, aceptaban con desgana la supuesta recuperación económica. De ahí, que tanto el PP como el Gobierno hablan de congelar la ley, con el ojo puesto en las europeas, y luego ya veremos.
Volviendo al Parlament, este aprobópedir la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su gestión en los hechos acaecidos en la frontera entre Ceuta y Marruecos, que conllevaron la muerte de un mínimo de quince personas. La moción, aprobada con los votos de todos los partidos, menos -cómo no- del PP y la abstención de C’s, condena la actuación española y muestra su repulsa a estos «trágicos hechos«, que tuvieron lugar hace una semana, porque consideran que suponen una clara vulneración de los derechos humanos, un motivo más por el que se pide la dimisión del ministro, muy criticada junto a otros altos cargos de Interior, por su parcial explicación de los hechos y las evidentes contradicciones y falsedades en que se ha caído cuando se han intentado dilucidar los hechos.
La moción, impulsada por ERC, también pide la retirada del anteproyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana, impulsada por el Ministerio del Interior, porque, según el texto, restringe de forma arbitraria el derecho a la manifestación pacífica, pone en riesgo el ejercicio de los derechos libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica y es «claramente invasiva» de competencias propias del Gobierno catalán y de los entes locales. Por ello, se ha querido constatar la plena vigencia de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, reunión y manifestación, entre otros, y rechazar «los intentos de cualquier gobierno de restringir injustificadamente» el alcance de éstos.
