El Partido Popular anunció el pasado martes el cierre del debate sobre la ILP. El jueves, en la comisión de economía, el Partido Popular votará en solitario a favor de su propuesta de reforma de la ley hipotecaria. En la más absoluta soledad. Sin aceptar las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.
Ninguna mayoría absoluta legitima la violación sistemática de derechos humanos
La ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios cuenta con el aval de 1.402.854 firmas. Son demandas de mínimos, cuyo rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país.
La propuesta de ley del PP desvirtúa por completo la ILP, no respeta el texto y vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría grueso de la gente las personas afectadas. Unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. El texto hecho público la semana pasada ofrece una posibilidad teórica: que las familias paguen el 65% de la deuda en cinco años a partir de la hecha de la subasta. Algo que, quienes conocemos el problema de cerca, sabemos que es inviable para el 99% de las familias afectadas. Impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social.
Lo que dice la Sentencia del TJUE ya es de obligado cumplimiento para los jueces españoles. Sin embargo, el texto del PP persiste en la ilegalidad vulnerando los derechos de los afectados y generando indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación, al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas abusivas se impone al afectado la obligación de alegar las cláusulas y de advertir el inicio del plazo, cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.
Las propuestas del PP suponen una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado.
De este modo, el texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación. Las propuestas del PP nos abocan al caos económico, porque un país no podrá salir de la crisis, si sus ciudadanos no salen de ella, condenados a la economía sumergida y la exclusión social de por vida. Y conllevarán caos jurídico, porque si el Estado no tutela los derechos de las personas afectadas, éstas buscarán una solución en juzgados, opción que acabará por colapsarlos.
La estrategia del Partido Popular de las últimas semanas de criminalizar la campaña de escraches, reprimir a los participantes, y poner toda su estructura al servicio de la difamación de la PAH y su portavoz Ada Colau muestra una actitud profundamente antidemocrática y la decisión de cerrar el debate es la prueba de que su intención no era otra que desviar la atención sobre un debate que va más allá de la ILP hipotecaria y que pone de manifiesto que la ciudadanía población ha dejado de confiar en un gobierno ilegítimo para garantizar sus derechos. Frente al acoso de la banca y la complicidad del gobierno, la ciudadanía ha tenido que organizarse y auto tutelar sus derechos a través de movimientos ciudadanos como la PAH.
La decisión del PP de cerrar el debate sobre la reforma de la ley hipotecaria, rechazando las propuestas de la ILP, y sin contar con otros grupos políticos ni con la ciudadanía, muestra un peligroso desconocimiento de la realidad social. Son un insulto a la democracia, y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha hundido el sistema económico y nos ha llevado hasta esta crisis.
El jueves la propuesta de ley saldrá de la comisión de economía y llegará al Senado, donde los senadores, desde nuestro punto de vista, tienen la obligación moral, política y democrática de presentar enmiendas y reabrir un debate que el Partido Popular quiere finiquitar.
Desde la PAH sabemos que, como sociedad, no podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla. Por eso, seguiremos presionando hasta el día de la votación para que se introduzcan las medidas que efectivamente darían una solución a la sangría de los desahucios.
Si el PP insiste en sacar adelante un proyecto tan claramente insuficiente, las PAH seguiremos actuando para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Seguiremos parando desahucios, actuaremos para forzar negociaciones con los bancos y lograr daciones en pago, recuperaremos viviendas vacías en manos de las entidades financieras e inundaremos los juzgados de escritos para solicitar la nulidad de procedimientos ya ejecutados. La ILP ofrece la posibilidad de no judicializar el conflicto y no colapsar los juzgados, pero si el PP no nos deja más remedio, haremos lo que debamos para defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parece que al Gobierno del PP le da igual.
Rescatemos personas, no bancos
¡SÍ SE PUEDE!
