Mientras el gobierno del PP presenta su iniciativa contra la corrupción, el juez Ruz continúa con la investigación sobre un presunto delito fiscal cometido por el partido. La Audiencia Nacional solicita al notario el poder que otorgó el PP a Bárcenas
Mientras el gobierno del PP presenta su iniciativa contra la corrupción, el juez Ruz continúa con la investigación sobre un presunto delito fiscal cometido por el partido. La Audiencia Nacional solicita al notario el poder que otorgó el PP a Bárcenas para dilucidar si el extesorero era el responsable ante Hacienda en el pago de impuestos. El PP parece empeñado con esta maniobra en exponer su compromiso en la lucha contra una de las mayores preocupaciones de la opinión pública y, de paso, difuminar su propio recorrido achacando todos los casos de corrupción relacionados con miembros del partido a episodios estrictamente personales. Como pasará con el ya exsenador Granados.
Acostumbrado el Partido Popular a imponer su criterio y a explicar sus decisiones con razones vinculadas un día a la simple gestión, otros a la defensa de las víctimas y del estado de derecho, y algunos más, al buen orden, no extraña demasiado que, de nuevo, haya usado la forma del decreto para liquidar la jurisdicción universal. Esta vez, con prisas y sin explicar bien a qué responden, quizás porque no hace demasiada falta -la sombra china parece evidente– y con mayoría absoluta tampoco importa mucho. Así, el 21 de marzo entrará en vigor la ley que acaba con la justicia universal, lo que supone, que se archivarán la docena de sumarios que actualmente instruye la Audiencia Nacional.
Las maneras del PP para llevar a cabo la reforma han molestado a la oposición. El PP, con el presidente del Congreso, Jesús Posada, marcando el ritmo de marcha, forzó una lectura única, sin comisión y acortando al mínimo los plazos de tramitación. Se da la circunstancia que una tramitación de este tipo esta prevista únicamente para casos de urgencia, no para proposiciones de ley sólo apoyadas, como en esta ocasión, por un solo grupo o para emprender reformas legales que supongan el archivo inmediato de sumarios judiciales.
Por estas razones, el resto de grupos parlamentarios no participó en la votación, aunque manteniéndose en sus escaños y denunciando el “fraude democrático” producido. Una acusación que se deslizó ante los populares como los sms de Bárcenas o de la Gürtel. El PP, en un imaginativo esfuerzo de justificación de la propuesta, recordó que ya el PSOE había recortado la jurisdicción universal poniendo límites a su ejercicio. Más herencia recibida. Una limitación entonces realizada, como casi todos los acuerdos que han ido esclerotizando el modelo de estado, con la conformidad entre los dos grandes partidos. Algo que ahora no ha ocurrido. Esta decisión unilateral no ha sentado bien en la Audiencia Nacional, donde jueces y fiscales estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad a una medida que obliga a abandonar investigaciones como la de la muerte del cámara José Couso, y que, según la judicatura, obstaculiza la lucha contra la delincuencia internacional.
Pero la marcha del Partido Popular hacia el inicio de la recuperación ha dejado dos muestras más esta semana de cómo entiende el ejercicio del poder y el trabajo parlamentario. En un giro algo confuso, Rajoy, defendió la reforma del aborto equiparándola a la de 1985 y diciéndole a Rubalcaba que “¿Por qué se queja, señor Rubalcaba, sí convivió 25 años con la ley del aborto de 1985 y ahora que el Gobierno quiere volver a la misma no se le admite? Ahora según nuestro programa vamos a hacer un cambio que supone la vuelta a la de 1985. Usted estaba en el 85 y estaban muy cómodos con esa ley. ¿Por qué esa ley era buena en el 85 y ahora que la hacemos nosotros es mala?”. Así, pensará el presidente, se matan dos pájaros de un tiro. De un mal tiro, por cierto. Equipara a su gobierno con uno del PSOE. De hace tres décadas. Y recuerda su programa. El mismo que quedó en un cajón porque, como él mismo reconoció, no puede hacer otras cosas que las que le manda hacer Berlín y Bruselas. La otra muestra, la pesadilla soberanista que quita al sueño a Rosa Díez y sus chicos, y mantiene en estado de alerta la pulsión patriotera de la derecha. Ante la próxima discusión de las iniciativas de CiU, ERC e ICV, el Congreso de los Diputados se ha pronunciado por primera vez en contra del plan soberanista del president Mas con una moción presentada por UPyD. Por 272 votos a favor, 43 en contra y una abstención, el Congreso ha mostrado su rechazo al proceso soberanista. La líder de la formación magenta declaró que se “había ejercido el derecho a decidir del Congreso”. Un ejemplo de la comprensión que encuentra un proceso democrático y con amplio apoyo popular en una clase política superada por una realidad intraducible para los defensores de la Constitución de 1978.
