El tribunal admite el recurso del gobierno español y suspende temporalmente el decreto de pobreza energética del Parlament, que aseguraba el suministro de gas y electricidad a personas sin recursos entre noviembre y marzo. La alternativa es crear un fondo social o que este colectivo esté exento de IVA
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno español y ha suspendido temporalmente el decreto de pobreza energética del Parlament por considerar que “va en contra de la normativa estatal” en la materia y “discrimina el resto de consumidores españoles”. El ejecutivo de Rajoy considera que la reforma de la ley del Código de Consumo de Catalunya invade competencias estatales, va en contra de la unidad de mercado y de las compañías eléctricas. La Generalitat tiene ahora hasta el 6 de octubre para presentar alegaciones y ya ha anunciado que pedirá el levantamiento de la suspensión de un decreto al cual ya se habían acogido 895 familias y que no se podrá aplicar este invierno.
La norma, aprobada el pasado diciembre y destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica, impedía la interrupción del suministro energético entre los meses de noviembre a marzo mediante un aplazamiento del pago de la deuda. Según Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, esta decisión demuestra “la falta de sensibilidad” del gobierno español, que condena a la precariedad a unas 300.000 familias catalanas (un 11% de ellas según el Instituto de Estadística de Catalunya), que son las que sufren la pobreza energética.
El politizado tribunal tuvo la osadía de hacer público su veredicto de manera sutil y sibilina, el día después de la imputación de Acebes y el día antes que la prensa madrileña volviera a tapar el escándalo de corrupción del PP con presuntas nuevas cuentas de Pujol a Liechenstein. Se trata de otra ofensiva anticatalana que también ha salpicado ahora al alcalde Trias y que tiene por misión deslegitimar el proceso soberanista y el 9-N, cuya segunda versión rebajada también se impugnará.
CiU ha expresado su incomprensión ante un acto que les da “cada vez más argumentos para el Sí-Sí el 9-N”. El diputado de ERC, Josep Maria Terricabras, ha ido más lejos y ha llevado el asunto a la Comisión Europea, a la que le pregunta si se pronunciará sobre la suspensión de un decreto que desarrolla directivas europeas sobre el consumo de energía y qué medidas tomará para lograr los objetivos de la Agenda de los Consumidores.
Una decisión política “vergonzosa”
José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos, está convencido que la suspensión obedece exclusivamente a motivos políticos. “Me parece vergonzosa porque todo lo que viene de Catalunya se suspende”, dijo en declaraciones a Rac-1. Además, ha advertido que España “paga la energía más cara de la Unión Europea, con compañías que ganan 1.500 o 2.500 millones de euros al año y que deberían tener una responsabilidad social corporativa. Este número de familias no representa nada en sus beneficios”. Vázquez ha lamentado la mercantilización y el afán de lucro del sector energético, recordándole que “detrás de los clientes hay personas”.
Por su parte, Alfons Conesa, director de la Agencia Catalana del Consumo, cree que la decisión “es incalificable porque no tiene ninguna base” más allá de la lectura política.
Perplejidad y contrapuesta sindical
La UGT de Catalunya ha mostrado su perplejidad ante una decisión que “va en contra de los derechos de las personas más débiles”. Este sindicato acusa el gobierno español de “priorizar el juego político a la protección de las familias en situación de vulnerabilidad económica con la excusa que el decreto discrimina el resto de consumidores del Estado”. Y más, teniendo en cuenta que otras Comunidades Autónomas sí pueden legislar a favor de su población. Como lo que sucedió con el Estatut del 2006, con artículos recortados que posteriormente se aplicarían de manera literal en otras regiones. La Puta y la Ramoneta en versión nacionalista española.
Como respuesta, UGT de Catalunya insta la Generalitat a crear un fondo de urgencia social con recursos suficientes para afrontar el gasto del consumo energético de las familias con menos recursos durante el período más frío del año. De momento, la Generalitat, que ya preveía esta suspensión, propone como alternativa que esas personas más vulnerables estén exentas de IVA en las facturas energéticas.
