Ante un nuevo Código Penal aprobado en solitario por el Partido Popular y denunciado por la oposición y organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo como un atropello a las libertades democráticas, los Catedráticos de Derecho Penal de treinta y tres universidades también se plantan y exigen su derogación. Cada vez son más las voces que en España se alzan contra la reforma del Código Penal aprobada en solitario por el Partido Popular. La nueva norma es, desde sus primeros borradores, rechazada de lleno por la oposición que la ve como un atropello a los derechos básicos de reunión, expresión e información de los ciudadanos; además de rozar la inconstitucionalidad con la introducción de «la prisión permanente revisable», eufemismo para referirse a lo que, según muchos juristas, es una cadena perpetua. Amnistía Internacional y la ONU tampoco se quedaron calladas y en las últimas semanas presentaron sendos informes denunciando el «grave retroceso» para las libertades que significa el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, la «Ley mordaza».
En primera línea de fuego, también se plantaron los catedráticos en Derecho Penal de todo el país. Desde treinta y tres universidades, sesenta y tres profesores presentaron un manifiesto en el que acusan al PP de «deslealtad democrática» y le exigen È»a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales» que derogue las normas. Están indignados. Arremeten punto por punto contra lo que consideran un texto que «Çbebe político y criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias» y que, además, desde un punto de vista estrictamente jurídico, «presenta una enorme pobreza técnica Žy el deliberado y constante uso de términos ambiguos», según declaran los abogados en su manifiesto.
Rafael Rebollo Vargas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los firmantes del texto, detalla los porqués de su ferviente rechazo a la reforma legal de los conservadores.
Entrevista a Rafael Rebollo Vargas
¿La pena de «prisión permanente revisable» que incorpora la nueva ley es, en efecto, cadena perpetua?
Absolutamente, yo no voy a usar eufemismos. Hay que hablar de cadena perpetua porque una pena de duración indeterminada en donde se prevé la revisión recién a los 25 o 35 años y el recluso aún está sujeto a que le digan que no va a salir nunca, eso es lo que es. La comprobación de la pena a los 35 años es contraria a la capacidad física de reinsertarse en la sociedad y se aleja completamente del tiempo mínimo utilizado en el contexto europeo.
En los países de nuestro entorno la pena se revisa a los doce, los quince o los veinte años y, además, el término medio de privación de libertad es de veinte años, no como en España que es de cuarenta y, en casos de terrorismo, con la posibilidad, además de añadir otros diez de libertad vigilada. Nosotros ya tenemos penas muy largas, ¿eso no es suficiente? Al parecer no, porque reponemos ahora esta cadena perpetua- desaparecida en España en 1928- donde se revisará la pena sin ninguna garantía de que la persona quede libre.
La ONU y Amnistía Internacional denuncian a la reforma española como una amenaza hacia los Derechos Humanos y el resto de partidos políticos también se opone en bloque, ¿la mayoría absoluta del PP puede contra todo eso?
En el Senado ya han sido rechazadas las siete enmiendas presentadas por la oposición y ahora la ley está en pleno trámite parlamentario. Una vez que entre en vigor, imagino que los grupos legislativos la recurrirán y veremos qué pasa.
Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sacado una sentencia en la que condena al Reino Unido por aplicar la cadena perpetua sin revisión, ya que vulnera al artículo 3 sobre Derechos Humanos de la Comunidad Europea. El Gobierno español insiste en que el Tribunal Europeo admite la norma, pero lo cierto es que lo hace solo con la posibilidad cierta de que el recluso pueda recuperar su libertad, garantía que aquí es inexistente.
¿Cree que la cadena perpetua es útil para combatir el delito?
Es el mismo debate que con la pena de muerte. No hay evidencia aún de que los Estados que la implementan hayan reducido más la delincuencia que otros y, además, mis compañeros y yo compartimos la idea de que es mejor la prevención que el castigo. Preferimos las alternativas a la privación de la libertad y tratar de incluir en la sociedad a quienes han delinquido, antes que excluirlos.
La cadena perpetua es mala idea porque, criminólogos y penalistas, partimos de la base de que las personas cambian y el derecho a cambiar es parte de la dignidad humana.
Recientemente, los líderes del Partido Popular y el Socialista firmaron un pacto antiyihadista que recoge muchas de las medidas del nuevo Código Penal, ¿la amenaza terrorista en España es tan grande como para justificar este endurecimiento de la ley?
Estamos en un país que ha sido capaz de juzgar el atentado del 11-M y condenar a sus autores, así como desestructurar a una de las bandas terroristas más peligrosas de Europa. Entonces me pregunto, ¿es necesaria una reforma del Código Penal que bordee los límites de la inconstitucionalidad?
Están gobernando desde el miedo, desde lo sucedido con Charlie Hebdo y esto es una estrategia electoralista para dar respuesta al voto del miedo. Eso sí, lo que olvida Rajoy es que la criminalidad ha bajado, según sus propias estadísticas, en los últimos quince años un 15 % y que España es uno de los países más seguros de Europa.
Además, este Estado tenía en origen un Código Penal que era uno de los más avanzados del continente, pero, desde su creación en 1995, ha sufrido veinticinco reformas, muchas veces respondiendo simplemente a titulares de prensa.
En su manifiesto, los catedráticos de Derecho Penal también atacan a la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. ¿Qué es lo que la convierte en «ley Mordaza», como la llaman todos?
La crisis económica y los recortes sociales han provocado un incremento de la protesta social y el Gobierno, en lugar de mostrarse comprensible, al amparo de esta ley ha hecho un uso más violento de las fuerzas del orden y ha incrementado las multas a organizadores y participantes en manifestaciones. La «ley Mordaza» convierte determinadas infracciones penales en sanciones administrativas y las hurta del control judicial, además de imponerles cuantías desmesuradas que llegan hasta los 30 mil euros.
También se criminalizan conductas que hasta ahora formaban parte del núcleo de nuestros derechos esenciales y muchos actos que eran considerados como faltas ahora se tipifican como delitos, es decir, que pasan a estar sujetos a penas de prisión. En el presente, por ejemplo, un grupo de activistas que durante media hora proteste en una oficina de un banco, puede ser encerrado desde 6 meses hasta un año en la cárcel.
Así que los objetivos claros de esta nueva norma son la estigmatización de los movimientos sociales, la ampliación de la potestad de las fuerzas de seguridad públicas y privadas y, sobre todo, el silenciamiento de la protesta ciudadana, a todo lo cual nos oponemos radicalmente.
