Durante el proceso de las elecciones presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones entregó las credenciales del Perú al expresidente Pedro Castillo Terrones y a la exvicepresidenta Dina Boluarte Zegarra. El 28 de julio del 200 aniversario de la independencia se realizaba la asunción al cargo centralista de la presidencia de la República y el criticado mensaje a la Nación en el Congreso.
Cabe señalar que, en su comunicado “Los planes del Movadef y Conare en el próximo gobierno de Pedro Castillo” la organización de derechos humanos Waynakuna señalaba que con la proclamación de los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las elecciones presidenciales, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) iniciaba una campaña para el cierre del penal de la Base Naval del Callao y el traslado de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso, líder del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), a una cárcel común.
La ONG Waynakuna Perú también señalaba una próxima liberación y amnistía del cabecilla fallecido de la organización criminal Sendero Luminoso (SL). El mencionado movimiento subversivo terrorista significa una amenaza fundamentalista que tiene como fin la completa desestructuración del Estado peruano. En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) responsabiliza a SL ser “el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”.
Es importante mencionar que entre los pedidos del Consejo Nacional de Rectores (Conare) al expresidente electo Castillo aparecen: “El traslado de Abimael Guzmán a una cárcel común, tras el cierre del penal de la Base Naval del Callao”, “la eliminación de todas las leyes antiterroristas; incluyendo las que impiden a los profesores sentenciados por terrorismo enseñar en las escuelas”, “reformar a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) a fin de que se convierta en un organismo a fin a sus intereses”; “legalizar el pensamiento Gonzalo en una próxima nueva Constitución” y “legalizar el Movadef y el Fudepp (Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano)” con el fin de que los sentenciados por terrorismo cuenten con participación en una próxima Asamblea Constituyente y puedan ser partícipes de la redacción de una nueva Constitución Política vigente. Además de la liberación de los condenados por el delito de terrorismo en el operativo “Olimpo”.
En el mes de diciembre escribía en el artículo “Desmitificando el terrorismo desde la sociología histórica”: “Una investigación de la ONG Waynakuna Perú, dirigida por el fallecido especialista e investigador Luis Alberto Sánchez Cáceres, había puesto de manifiesto los vínculos entre el expresidente Pedro Castillo con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) que se sabe es un organismo de fachada del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyo cabecilla fallecido Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua por todos los crímenes”.
Sin embargo la expresión de la violencia social ha trascendido los esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.
Así, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son violencia y atenta contra los DDHH siendo la modalidad de violación de los derechos humanos más extendida en el Perú, el Estado peruano ha realizado acciones insuficientes para prevenirla y sancionarla. En consecuencia, la distinción entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes parece ser una cuestión de intensidad que será objeto de apreciación en cada caso particular.
La apreciación de esa intensidad o dolor debe interpretarse, en opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos, a la luz del momento, que podría rechazar prácticas anteriormente toleradas y aceptadas.
En la reciente obra pionera “El experimento de Daniel Alcides Carrión” de la Revista Médica Carriónica, órgano de expresión científica del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) se señala sobre la tortura del control mental: “Control mental es un proceso reductivo en el que un hombre se reduce a un animal o máquina. El control mental ha sido intentado a través de la historia de diferentes formas, la violencia física o la religión, algunos gobiernos han estado obsesionados con el control mental y sus técnicas, en especial, los tendientes al fascismo, como los nazis.
En la actualidad, el control mental puede ser desarrollado con neurotecnología invasiva, implantes, microchips o nanobots cerebrales. El gobierno de los Estados Unidos ha negado la existencia de un programa de armas de control mental, sin embargo, la existencia de tecnología capaz de crearla sugiere la existencia de un programa de armas de control mental clasificado.
Recientes investigaciones sugieren que el reciente proyecto estadounidense BRAIN públicamente presentado por el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, es en verdad un programa de control mental, el programa puede tener la extensión de su predecesor, el MKULTRA, pero en contraste al MKULTRA que fue detectado tardíamente y hubo sólo una investigación retrospectiva, el actual programa de control mental estadounidense ha sido detectado en pleno desarrollo por recientes investigaciones”.
No permitamos que el terrorismo se apodere de nuestro país. // Defendamos los derechos humanos en todos los rincones del planeta.
Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director de Editorial Río Negro.
