El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España”.
El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado (léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).
Asimismo, la libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional que intenta constriñir hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y cuyo penúltimo episodio sería la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Instituciones”. Su encarcelamiento estaría motivado por 3 artículos del actual Código Penal que en repetidas ocasiones han sido denunciados por la ONU y la Unión Europea como “constrictoras de la libertad de expresión”, pero la masiva respuesta popular en el Estado español así las campañas internacionales como la de Amnistía Internacional para denunciar la asimetría judicial entre el caso Hasel y los contenciosos del Emérito, podría forzar la aplicación por el Gobierno de un indulto a Pablo Hasél y la posterior derogación de los artículos 578 y 491 del Código Penal relativos a los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona.
Para silenciar a la disidencia al sistema dominante, el Tardofranquismo judicial emplea el llamado Lawfare o Guerra Judicial, término inventado por Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión, supuestos en los que podría haber incurrido la Justicia en los casos Altsasu, Sandro Rosell así como en el macro juicio contra los líderes del procés catalán.
Para entender la exégesis de dichos juicios, habría que recurrir a la Doctrina Aznar que tendría como objetivo último ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”. Todo ello serían elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”, lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que han generado una amplia reacción de repulsa popular e institucional con procesos judiciales de largo recorrido que terminarán indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
Nacido en Navarra en 1957. Escribe análisis sobre temas económicos y geopolíticos. Es miembro de Attac-Navarra. Colabora habitualmente en varios medios digitales e impresos españoles y latinoamericanos.
