A principios del mes de abril, Amnistía Internacional publicaba su examen anual sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo durante el 2015. A pesar de mostrar cifras mínimas -no tienen acceso a todos los datos y algunos no pueden verificarlos- el suspenso era claro: la cifra más alta de ejecuciones en 25 años. Y eso sin contar las que no derivan de un sistema judicial, como las del Estado Islámico, Boko Haram y otros grupos armados que controlan grandes extensiones de territorio; porque lo que pasa en un contexto bélico se cuela entre los dedos de cualquier ONG. En la otra cara de la moneda, el mundo avanza hacia el abolicionismo. ¿Cómo puede ser? Nos lo cuenta el portavoz de Amnistía Internacional en Cataluña, Dani Vilaró.
¿Cuáles son las conclusiones más inmediatas del estudio? ¿En qué hemos avanzado y qué retos nos quedan por alcanzar?
2015 fue un año de extremos. Por un lado, aumentaron las ejecuciones un 54%, alcanzando la cifra más alta desde 1989, y -en lo que respecta a los países– 25 estados alrededor del mundo llevaron a cabo ejecuciones, mientras que en 2014 fueron 22.
Aunque nos solemos mover en un abanico de entre 20 y 25 países, por otro lado, el mundo se dirige hacia el abolicionismo y cada vez son menos los que aplican la pena de muerte. Este año -por primera vez en la historia– la mitad de los países del mundo son abolicionistas: en total, son 102 países los que ya han eliminado la pena de muerte de sus leyes.
Sólo tres países -Arabia Saudí, Irán y Pakistán– son responsables del 90% de las ejecuciones registradas. ¿Qué tienen en común estos territorios?
Hemos intentado identificar un patrón. Según la legislación internacional -en uno de los pocos aspectos en los que Amnistía Internacional se muestra en contra de ésta-, la pena de muerte puede aplicarse para los delitos considerados más graves como, por ejemplo, los homicidios; pero estos tres países la aplican de manera extensiva. Arabia Saudí, Irán y Pakistán condenan a muerte por delitos no considerados graves y que -incluso– en algunas partes del mundo no son tipificados como delitos: adulterio, brujería, blasfemia, etc. Hemos vivido el caso de un saudí que escribió un poema y lo condenaron a muerte por insultar al rey, aunque finalmente ha conmutado en pena de prisión.
Otra constante de estos tres países es que viven situaciones internas o regionales convulsas y utilizan la pena de muerte para intentar reforzarse como gobierno, como régimen. Arabia Saudí está en conflicto con Yemen, Irán lucha contra sus propias minorías y Pakistán -que había decretado una moratoria- volvió a aplicar la pena de muerte tras los atentados terroristas de 2014 en los que murieron más de 150 niños en una escuela.
Se trata de países que hacen todo lo que está prohibido por el derecho internacional, incluida la ejecución de menores. En Irán, el año pasado se ejecutó a cuatro personas que eran menores de edad en el momento de la comisión del delito.
Hablamos de países en los que, en muchas ocasiones, las ejecuciones son el resultado de juicios manifiestamente injustos.
Es otra de las características comunes entre estos tres países. La ONU establece como un juicio justo aquel en que, entre otras cosas, el acusado es consciente de qué se le acusa y puede hacer uso del derecho a la defensa. En Irán, por ejemplo, se han hecho juicios en lengua persa -y sin intérprete– a personas pertenecientes a minorías étnicas que no entendían el idioma. Por otro lado, existen muchos tribunales influidos por aspectos religiosos y que no cumplen los estándares internacionales, o casos de confesiones arrancadas mediante tortura. En el caso de Egipto -un país donde han aumentado mucho las condenas a muerte a partir del golpe de estado de Al-Sisi– se realizan juicios colectivos como castigo a la oposición política.
En este sentido -y con la perspectiva del tiempo-, no sirvió de mucho la primavera árabe…
En muchos de los países, la tendencia ha sido retroceder. En Egipto -por ejemplo-, en lo que se refiere a torturas, condenas a muerte, represión de la oposición política o juicios injustos, existe una situación peor que la que se vivía con Mubarak. En Amnistía Internacional hemos llegado a gestionar casos como el de un chico que fue detenido por llevar un mensaje de rechazo a la tortura en su camiseta y estuvo varios meses en la cárcel. Y en Libia la situación no es mucho mejor: Al Qaeda y el Estado Islámico controlan zonas del país y -aunque hay un gobierno reconocido internacionalmente– sólo gestiona una parte muy pequeña del territorio. En la otra cara de la moneda, Túnez ha evolucionado hacia una democracia formal donde la gente ha podido elegir su gobierno, aunque aún tiene problemas.
Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, pero en esta cifra no se incluye a los condenados en China. Es preocupante el secretismo de una potencia mundial tan importante.
China considera la pena de muerte un secreto de estado y cualquier persona o medio de comunicación que intente desvelar información, puede ser acusado de traición. Es imposible saber cuánta gente ha ejecutado China, pero sí que son más de uno o dos millares de personas: seguramente, ejecuta a más gente que el resto de países juntos. Además, se trata de un país en el que -a pesar de haberse eliminado algunos– la lista de delitos a los que se aplica pena de muerte sigue siendo muy amplia e incluye acciones como el tráfico de drogas o la corrupción. El gobierno piensa que necesita la pena de muerte para controlar a sus más de 1.300 millones de habitantes, pero a la vez se avergüenza: esconde cifras, no realiza ejecuciones públicas (como sí hacen Irán o Arabia Saudí a modo de escarmiento), etc. El hecho de ser una potencia económica mundial les hace querer mostrar una cierta normalidad, pero siempre han encabezado la lista de países ejecutores.
En la lista de este año, figuran seis países que no habían ejecutado a nadie en 2014. ¿Por qué ésta involución?
Hacía 12 años que en la República de Chad no se aplicaba la pena de muerte y han vuelto a hacerlo por la presencia de terroristas de Boko Haram en la zona. Muchos de los países que ejercen condenas a muerte, sostienen la falsa premisa de que aplicándolas conseguirán más seguridad, pero -teniendo en cuenta que el país recuperó la pena de muerte en 2014- Pakistán y el atentado de hace un mes en Lahore es uno de los muchos ejemplo que desmonta su teoría. Las ejecuciones no disuaden de la comisión de delitos, no existe ningún estudio que demuestre que las sociedades donde hay pena de muerte son más seguras.
Aspectos como -por ejemplo– una psicosis generalizada hacia el terrorismo, ¿pueden devolver la pena de muerte a Europa?
En Europa, solo Bielorrusia mantiene la pena de muerte: este año no la ha aplicado, pero hace dos ejecutó a tres personas por cometer homicidios. La mayoría de países ya la ha erradicado y tendrían que cambiar muchas leyes para que volviera. Es cierto que se está produciendo otro tipo de vulneración de derechos en virtud de la lucha antiterrorista -la ampliación del estado de emergencia en Francia, registros domiciliarios sin órdenes judiciales, restricciones a la libertad de expresión, la ley mordaza, la reforma del código penal, etc.- pero no creo que lleguemos a dar un paso tan grande hacia atrás.
Los cinco principales verdugos del mundo en 2015 fueron China, Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos. Sorprende la aparición de un país -en teoría– plenamente democrático como EEUU…
EEUU siempre aparece en la lista, pero la tendencia de ejecuciones va a la baja: en 2015 ejecutaron a 28 personas, la cifra más baja desde que -en 1987- se reinstaurase la pena de muerte después de una moratoria iniciada en los 60 por las circunstancias convulsas que vivía el país. En la sociedad americana, se está produciendo un debate sobre la utilidad de la pena de muerte y uno de los puntos clave es el hecho de que -a partir de la aplicación, relativamente reciente, de las pruebas de ADN– se ha llegado a demostrar la inocencia de más de 150 personas en el corredor de la muerte. Esto ha hecho que muchos de sus partidarios se replanteen su aplicación y cada año sumamos un nuevo estado abolicionista: actualmente, uno de cada tres ya no aplican la pena de muerte, un total de 18. La mayoría de ejecuciones se concentran en el sur del país, concretamente en Texas, Georgia y Florida.
¿De qué es reflejo que una sociedad acepte la pena de muerte?
A veces, se aplica por razones culturales, porque se ha hecho siempre. Además, en Estados Unidos también se habla mucho del tema económico: con el método de ejecución que utilizan, la inyección letal -a la que rodea toda una falsa escenificación que busca mostrar que hay métodos de ejecución más humanos-, han habido casos en que la persona ha pasado mucho tiempo agonizando porque se han reducido las dosis debido a la crisis. Algunos estados, como Iowa o Oklahoma, incluso se están planteando volver al fusilamiento, cosa que -entre otros factores– ha hecho que la sociedad norteamericana presione para lograr un futuro abolicionista.
En el caso de España, la abolición de la pena de muerte se incluyó en la constitución del 78. ¿Qué momentos decisivos precedieron a este hecho?
Cuando acabó el franquismo y se produjeron una serie de ejecuciones finales -entre otras, la del famoso Salvador Puig i Antich– que, además, provocaron un gran revuelo internacional; todo el mundo apuntó en su agenda que aquello no podía repetirse. Pero lo que no sabe mucha gente es que la pena de muerte se conservó en el código militar hasta finales de los años 80, cuando se decidió eliminarla por diversas razones.
El español Pablo Ibar ha pasado 15 años en el corredor de la muerte en Florida (EEUU). ¿Cómo actúa el gobierno español en este tipo de casos?
Se mueve bastante porque no hay muchos casos. Con Pablo Ibar se ha realizado un trabajo importantísimo de contacto con las autoridades norteamericanas: él tiene la doble nacionalidad -es hijo de un vasco y una estadounidense– y quizás por eso las conversaciones han sido más fluidas. Amnistía Internacional realiza un trabajo institucional, de relaciones políticas, ejerciendo de lobby y -en temas de pena de muerte– tenemos absoluto apoyo por parte del gobierno, sea del color que sea. En el caso de Pablo Ibar, le pedimos a la administración que saque el tema cuando tenga algún tipo de relación con el gobierno de Estados Unidos, y lo hace.
¿Hay alternativas a la pena de muerte? Algunos crímenes generan una corriente de opinión favorable a la cadena perpetua. ¿Es Amnistía favorable a esta medida?
Tenemos que encontrar una alternativa a la pena de muerte y no nos oponemos a la cadena perpetua siempre que sea revisable; pero revisable de verdad, no lo que ha implementado ahora el gobierno español. No podemos hablar de revisar la pena al cabo de veinte años, lo ideal sería pasados ocho, nueve o diez como máximo. Además, si creemos el discurso de que la cárcel tiene que rehabilitar -otro tema es el de cómo están las cárceles y si realmente cumplen esta función-, debería haber un mecanismo para que las instituciones puedan estudiar si una persona ha de reinsertarse o no en la sociedad.
Otro de los temas que trabaja Amnistía Internacional en todo el mundo es el de la tortura. ¿Cómo actuáis respecto a Guantánamo?
Es uno de los temas en los que estamos encallados: hemos pedido su cierre desde que se abrió hace 14 años. Obama dice que quiere cerrarlo pero no puede porque el congreso -de mayoría republicana– le bloquea cualquier otra salida: o los aproximadamente 80 presos que quedan son acusados y juzgados por algún delito o -en caso de no poder hacerlo– deberían ser puestos en libertad. Lo que pide el presidente de EEUU es juzgarlos en suelo americano, pero el congreso se niega. Y es que Guantánamo no fue casual, se construyó en un limbo legal donde no existen los derechos: en zona norteamericana, cualquier tribunal hubiese actuado hace años.
Yo me creo la voluntad de Obama, pero está a punto de acabar el mandato sin poder cumplir una de sus mayores promesas electorales. Una fórmula que sí ha utilizado es transferir presos de Guantánamo a sus propios países -a España vinieron tres-, donde han quedado en libertad (el problema es para los presos originarios de países inmersos en conflictos bélicos, que nadie reclama). Por otra parte, si se juzga a los presos, hay que tener en cuenta quien lo hace: la idea americana de juzgar civiles con tribunales militares está prohibida por el derecho internacional.
¿En qué otros países habéis registrado prácticas de tortura?
En muchos. Según el grado, podemos hablar de tortura y maltrato (cuando te detienen y -bajo custodia– te aplican algún tipo de medida que va contra los derechos humanos, desde amenazas a violencia física) y -en 2015- hemos detectado tortura o maltrato en 140 países.
Y, ¿en España?
A diferencia de países como México o Marruecos, en España la tortura no es estructural, pero hay demasiados casos. ¿Porqué pasa? Falta formación en derechos humanos por parte de la policía y -además– los delitos de tortura por las fuerzas de seguridad no suelen ser castigados. No se analizan adecuadamente, de manera independiente, y las investigaciones suelen ser internas: en el caso de Ester Quintana, por ejemplo, el mismo agente que había sido imputado fue el encargado de investigarlo. Lo que nosotros reclamamos son mecanismos externos de actuación y -si se demuestra que existe un abuso– que haya una actuación judicial y una condena. Hay poquísimas condenas por tortura en España y muchas de las que ha habido no se han cumplido gracias a indultos. El mensaje que esto lanza es que se puede torturar con impunidad.
En España, la tortura y los maltratos no se toman seriamente, no se consideran un problema más allá de casos aislados. Nosotros hemos reclamado medidas a Interior -tanto en el ámbito catalán como español-, pero hay demasiado miedo a que se enfade el cuerpo policial y sindicatos que presionan. Actualmente, existe el debate sobre si los cuerpos de seguridad deben introducir pistolas taser y hemos pedido protocolos de actuación. No nos los quieren dar.
¿Cuál es la solución de Amnistía Internacional?
Nosotros impartimos formación en derechos humanos a la policía hasta que -con Felip Puig como consejero de Interior catalán– nos dijeron que no hacía falta. Se trataba de algo opcional que ofrecía la escuela de policía de Cataluña, pero lo eliminaron diciendo que no había demanda. Lo que nosotros queremos es que ésta formación sea obligatoria.
¿Pasa también por la formación en derechos humanos la erradicación de la pena de muerte?
Es más un tema de sensibilización, explicar y desmontar los mitos de la pena de muerte. También es importante educar contra la discriminación: en Estados Unidos, por ejemplo, la pena de muerte afecta más a personas de raza negra o a gente sin recursos.
¿Qué proceso debe tener lugar en un país hasta llegar a erradicar la pena de muerte?
Normalmente, está en el código penal y tienen que producirse cambios legislativos. Una vez eliminada, no existe ningún caso en que se haya vuelto a introducir, ya que los países que realizan ejecuciones suelen recurrir a las moratorias para suspenderla provisionalmente. Este paso es muy importante para la abolición: hay países que después de comprobar que -durante la moratoria- no ha habido cambios sustanciales en la sociedad, deciden eliminar la pena de muerte. Se trata de una iniciativa impulsada por la ONU, que cuando se acerca el Día Internacional contra la Pena de Muerte, programa una votación en su asamblea general para instar a los países a comprometerse contra la aplicación de la pena de muerte.
¿Qué generación verá un mundo sin pena de muerte?
Nosotros empezamos a trabajar el tema en 1976 y sólo habían 16 países abolicionistas. Ahora son 102, y sumando los países que la tienen y no la aplican 140. La tendencia es buena, pero los estados que la aplican lo hacen cada vez más y esto hace que no podamos fijar tan deseada fecha.
