Horas de gran confusión se vivieron en Bolivia este miércoles (26) después de que el jefe del Ejército, general Juan José Zúñiga, movilizara tanques y tropas hacia el Palacio Quemado, antigua sede del Ejecutivo, en el centro histórico de La Paz. El movimiento se dio después de declaraciones del militar contra la pretensión del expresidente Evo Morales de competir nuevamente por la presidencia el año que viene: “Este señor no puede volver a ser más presidente de este país (…) Legalmente está inhabilitado. La Constitución dice que no puede ser (presidente) más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres”. Zúñiga advirtió de que, “llegado el caso, no permitiría que (Morales) pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”.
Tras estas declaraciones, el presidente Luis Arce Gómez le pidió su renuncia. No solo no obedeció, sino que movilizó las tropas, anunciando además que liberaría a la expresidenta (interina) Jeanine Áñez, al ex gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y a los militares presos después de la crisis política de fines de 2019, que terminó con la renuncia de Evo Morales y la anulación de las elecciones.
“Repliegue todas las fuerzas militares”, le ordenó Arce al general golpista. “Es una orden, general, ¿no me va a obedecer?”, le increpó a las puertas del Palacio Quemado, ante una multitud que se había movilizado para defender la democracia, y las cámaras y micrófonos de los medios. Zúñiga finalmente se retiró, haciendo acusaciones contra el presidente Arce en el sentido de que habría sido un autogolpe. “El presidente me dijo (que) la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario hacer algo para levantar mi popularidad”, le habría dicho el mandatario. A lo que, según la versión del militar, la contestó: “¿Sacamos los blindados?”. La respuesta habría sido afirmativa. Pero esta conversación no pasa de ser una versión interesada, imposible de confirmar.
Tras retirarse del Palacio Quemado, el general Zúñiga fue arrestado y los fiscales ya lo acusan de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. “Se buscará la imposición de la máxima sanción de los responsables, para defender la legalidad e intereses generales de la sociedad y para preservación de la democracia”, dijo un comunicado.
El presidente Luis Arce designó una nueva cúpula militar, encabezada por el general José Wilson Sánchez Velásquez, que tras jurar su cargo declaró: “Nadie desea ver la imagen que estamos viendo en las calles. Es por eso que ahora, en mi condición de comandante, pido, ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles, debe retornar a sus unidades”.
La condena al intento golpista abarcó todo el arco político boliviano, incluyendo la oposición. El ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, publicó en las redes sociales mensajes de respaldo a las instituciones y a la democracia: “Se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”, afirmó. El expresidente Carlos Mesa, que en 2005 tuvo que dejar el poder después de solo un año y siete meses en el cargo, acosado por las masivas protestas de movimientos sociales ligados a Evo Morales, también defendió la legalidad, alineándose “con la defensa militante de la democracia”.
La mayoría de los países de la región expresaron su repudio a la intentona golpista. La OEA (Organización de Estados Americanos), que celebra en Paraguay su asamblea anual, se expresó a través de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro: “El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido (…) La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar”. La Unión Europea también se expresó en parecidos términos.
La crisis provocada por esta intentona golpista unió momentáneamente al presidente Luis Arce con su antecesor y mentor, Evo Morales, que vienen protagonizando una feroz lucha por el poder dentro del partido de gobierno, el MAS (Movimiento al Socialismo). Evo Morales le pidió dejar de lado sus diferencias para enfrentar esta crisis. Pero difícilmente el conflicto entre ambos se logre superar antes de las elecciones del año próximo.
Evo Morales fue presidente en tres períodos, se presentó nuevamente en 2019, aunque lo prohibía la Constitución y pretende postularse nuevamente el año próximo, a pesar de un dictamen en contra de la Corte Suprema. El controvertido proceso de recuento de votos en 2019 -la OEA consideró que se preparaba un fraude-, provocó una grave crisis que llevó a Morales a exiliarse. Tras un período provisional, nuevas elecciones le dieron la presidencia al actual mandatario, Luis Arce.
Esta crisis se produce cuando todavía falta algo más de un año para las próximas elecciones generales. El mandato del actual presidente termina el 8 de noviembre de 2025. Además de la inestabilidad política, Bolivia vive un momento de grave crisis económica y social, con falta de combustible, falta de dólares y una creciente inflación. Las dificultades se agudizaron por movilizaciones sindicales de las que el presidente responsabiliza a su antecesor.
El presidente Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y se le considera el artífice de una especie de “milagro económico”, gracias a los altos precios del gas. Pero la falta de inversiones llevó a la crisis del sector y las exportaciones de gas comenzaron a declinar hace diez años. En los buenos momentos, el país llegó a tener ingresos de 6600 millones de dólares por sus exportaciones de gas a Brasil y Argentina, pero el año pasado cayeron a solo 2100 millones.
El año pasado se evitó una crisis financiera después de aprobarse una ley permitiendo que el Banco Central vendiera la mitad de sus reservas de oro. Pero seis meses después se habían gastado casi todas y ahora solo le quedan 23,5 toneladas, mientras que la ley establece que no pueden bajar de 22.
La historia de Bolivia está llena de golpes militares. Según un artículo de Renaud Lambert del 2019 en Le Monde Diplomatique, entre 1825, año de la independencia, y 2006, cuando Evo Morales llegó al poder, Bolivia conoció 188 golpes de Estado. Solo en el siglo XX fueron ocho, muchos de ellos sangrientos. Un presidente, incluso, fue asesinado por una turba que lo sacó del palacio presidencial y lo colgó de un árbol de la Plaza Murillo, mismo escenario de los últimos acontecimientos. Fue Gualberto Villarroel que terminó sus días víctimas de una revuelta popular, el 21 de julio de 1946.
Fuente original: https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/fracasa-golpe-militar-bolivia/20240627100502228333.html
