Josep Maria Álvarez (Asturias, 1956) es metalúrgico y secretario general de UGT de Cataluña desde 1990. En el inicio de su último mandato, reclama la articulación de una opción de izquierdas que se enfrente al discurso de la austeridad y sirva para conseguir más democracia y una defensa más activa del estado del bienestar y de los derechos sociales y laborales alcanzados en Europa desde la II Guerra Mundial.
Esquerra había dado hasta el 31 de diciembre como fecha límite para decidir la pregunta de la consulta y así, apoyar la tramitación de los presupuestos de la Generalitat. Tenemos pregunta y tenemos presupuestos.
Es una mala noticia, una muy mala noticia. Son unos presupuestos que sólo vienen a consolidar a la baja las políticas que se han venido desarrollando hasta ahora, tanto en recortes en servicios como en la falta de inversión pública. Se ha desaprovechado una gran oportunidad para dar un paso adelante. Mas allá de esta cadena de responsabilidades, o de irresponsabilidades, a la que asistimos, en que unos le echan la culpa a Bruselas, otros a Merkel, a la que no podemos votar, desde aquí se la echa a Madrid… A mí, me da la sensación que alguien debe comenzar a romper esta cadena. La Generalitat, en un momento como el actual, creo que ganaría credibilidad, si de manera clara, elige primero dar servicio a sus conciudadanos, pagar por ejemplo, becas de comedor que pagar deuda, si decide también comenzar a discutir si la deuda es justa o no. Si se debe devolver. Esta sumisión a las políticas de austeridad, no es un buen camino y estos presupuestos solo generaran más paro y más recortes.
Bruselas exige asegurar al Gobierno de Madrid el ajuste de 7.800 millones de euros para reducir el déficit este próximo año. ¿De qué manera se puede romper el discurso de la austeridad?
Nos tenemos qué preguntar, en primer lugar, quien ha generado este déficit. ¿Las políticas fiscales no deben dar nada de sí? ¿Todo se debe cargar sobre gente que, por ejemplo, no puede pagar las tasas universitarias? ¿O sobre los enfermos en lista de espera para una operación? ¿O quizás sobre los funcionarios con más recortes salariales? Creo que hay otras soluciones, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal. En Catalunya, el fraude de este tipo alcanza los 16.000 millones de euros, si hiciésemos en esto como Alemania, sólo con recaudar 8.000, ya se podría pagar alguna cosa más de lo que se paga. Es en este sentido, al que me refiero cuando digo que hay otras políticas posibles. Además, alguien debe levantar la voz y decir que esta deuda no es nuestra. No tenemos porque pagar la deuda de un banco que se ha equivocado a la hora de hacer sus negocios.
¿Los sindicatos no pueden ser ese alguien?
Lo decimos, pero los sindicatos no están en el parlamento. Eso lo deberían hacer los gobierno a la hora de presentar los presupuestos, o sus socios y apoyos parlamentarios.
El PSOE se ha comprometido a retirar la LOMCE, la ley Wert, si llega de nuevo al poder, en cambio no ha dicho nada sobre los ajustes.
Esta situación de frustración social que existe, que parece que las movilizaciones no tienen todo el éxito que se quiere, que parece que da igual hacer algo que no hacerlo, también es producto, no sólo de lo que cuesta arrancar y generar una respuesta, sino de la ausencia de una alternativa política clara a la actual situación. Necesitamos que exista una alternativa. Que no quiere decir que siga la línea de un determinado partido, probablemente deba ser más plural que nunca, pero la sociedad necesita ver gente dispuesta a hacer unas políticas diferentes a las que nos han conducido a este momento de crisis.
¿La falta de una alternativa clara puede conducir a la desmovilización?
Esta reflexión también la hacemos nosotros. Tenemos que movilizarnos, sí. Hacer huelgas generales, sí, sobre todo aquellas que debiliten al gobierno, porque razones para hacerlas hay. Esto está costando administrarlo, ya que mucha gente no entiende que no se convoquen más huelgas, pero lo que es seguro, es que si estas de rodillas, el poderoso te queda más alto que si estas de pie. Pero lo que tenemos que tener claro es que con lucha será difícil, sin lucha no podremos hacer nada. Hubo un tiempo que el sindicalismo era acción-reacción, a una huelga, a una protesta, el gobierno respondía con negociación. Ahora no es así. El sindicalismo ofrece ahora mismo un lugar para luchar, un espacio de lucha.
¿La nueva ley de seguridad ciudadana sirve para acabar con esos espacios?
Este es un gobierno tan estúpido que piensa que el hambre se soluciona con multas. Buscan la coacción, atemorizar a la sociedad. El problema es que la gente que se manifiesta no tendrá para poder pagar las multas. ¿Y que harán entonces? En este país, con el destrozo que han hecho los bancos, hay mucha gente sin nada, sin bienes que embargar, sin embargo te perseguirán de por vida para reclamarte la hipoteca. Todo este disparate es fruto de un gobierno ultraconservador que se lo quiere poner fácil a la ultraderecha de este país, que busca protegerse con la policía, que ahora también podrá ser privada. Otra de las batallas que tendremos que dar es que se respeten nuestros derechos. Esta ley de orden público, que no de seguridad ciudadana, es una ley que, tarde o temprano, será anulada. Si no es tribunal español, estamos convencidos que lo hará un tribunal europeo.
Las infracciones salen del Código Penal para pasar a ser impuestas por la Administración, algo parecido ha sucedido ha sucedido en el ámbito laboral con las reformas.
Pasan al ámbito policial, no al civil ni al administrativo. El control judicial es lo que querrían quitar de todo, pero para hacerlo necesitan tocar la sacrosanta constitución española que, pese a tanta crítica, tiene cosas positivas y en la cuestión del derecho laboral es bastante garantista. Por mucho que han intentado tocar esto, no lo han conseguido. Y, como además, hay jueces que se esfuerzan a la hora de aplicar la ley, no sólo en el ámbito español, sino también en el comunitario, pues se encuentran que se está dando la razón a las demandas de los ciudadanos. Estamos viendo las primeras sentencias que, en vez de pedir una consulta constitucional sobre la reforma laboral, están aplicando directivas de la OIT o de la Carta Europea de Derechos Sociales para frenar los efectos de una reforma que, a todas luces, es una reforma inconstitucional.
Tres reformas laborales en dos años…
Es un fracaso total. Ninguna de las dos anteriores ha funcionado, y esta tercera tampoco funcionará. Harán una cuarta y tampoco funcionará. Este país no tiene un problema de relaciones laborales, tiene un problema de falta de empleo. Ahora estamos de nuevo con la multiplicidad de contratos, pero lo que quieren es un contrato único, tan temporal, tan parecido al estadounidense, que te puedan despedir de un día para otro. Esto es lo que se está planteando, el resto son eufemismos. Es lo que el empresario quiere. Se pidió una legislación menos rígida para hacer más contratos indefinidos, se rebajan los derechos bajo mínimos y se continúa sin contratar. La lectura que podemos hacer es que el empresario de este país, cuantas más posibilidades de hacer trampa tenga, más hará. Y lo que es peor, muchos lo que no quieren es pagar seguridad social, ni convenio colectivo. A eso se suma que en este país tenemos otro gran problema, que hay muchísima gente que trabaja sin contrato.
¿La reforma se puede considerar un instrumento jurídico para liquidar derechos de los trabajadores?
Es un instrumento. Claro que lo es. Consideran que para bajar los salarios, se debe tocar la negociación colectiva.
Eso deja a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, en una situación complicada.
Sin derechos. Eso es lo quieren y no nos debemos engañar. Quieren acabar con los derechos. Aquí hay algo que no funciona, hay alguien tan estúpido que piensa que un trabajador, de forma individual, está en condiciones de igualdad con el empresario a la hora de negociar las condiciones laborales. Eso no es verdad, no ocurre ni con plena ocupación, así que imagina con seis millones de parados. El objetivo es ese, es evidente si uno mira lo que pasa en Grecia, un laboratorio de pruebas de los recortes, o en Portugal. A esto se une, que los sindicatos de estos países, los sindicatos clásicos, han sido liquidados, este es uno de los objetivos principales de estas políticas.
La reforma laboral va haciendo sus pasos, que no son otros que dar un giro al modelo de relaciones laborales de los últimos 50 años en Europa. Acabar con el estado del bienestar que hemos conocido hasta ahora, acabar con los derechos de los trabajadores, con el sistema público de pensiones e ir a un sistema de pensiones con un importante peso del sector privado, y lo peor de esto, es que se pagará, quien pueda hacerlo, y después no cobrará. Es indudable que una de las opciones que baraja el Gobierno es intentar recapitalizar la banca a partir de los fondos de pensiones privados.
¿Qué papel desempeñan los sindicatos en un escenario como el actual?
El mismo de siempre, el de toda la vida, defender los derechos de los trabajadores. La UGT tiene 125 años de historia, y los años de negociación y derechos han sido los menos.
La reforma, como ya he dicho, es también una campaña contra las organizaciones sindicales. No renunciamos al pasado, a veces nos critican por negociar, pero este país, el modelo de sanidad pública, de seguridad social, de educación, lo tenemos porque se luchó y fuimos capaces, todos, de negociarlo. El problema es que ahora no hay interlocutores, no hay nadie con quien negociar. El Gobierno actual está formado por títeres, no es el gobierno que corresponde a un país soberano, hacen lo que les dicen desde Bruselas o desde Alemania. Y como ocurre esto, debemos ocupar la calle, un lugar donde los sindicatos hemos iniciado siempre las grandes conquistas de las clases trabajadoras, de la sociedad. Este es el camino que nos queda y el que debemos recorrer ahora. En todos los años de historia de la UGT, ha habido momentos de negociación y momentos de calle.
Ahora mismo hace falta articular una alternativa de izquierdas, que sea capaz de encauzar las reivindicaciones de la sociedad, que recupere la ilusión y la esperanza que mucha gente ha perdido. Por nuestra parte, estamos intentando contribuir a esto, pero a los sindicatos no nos corresponde la creación de una vía política. Esta es la posibilidad más moderada, dentro del sistema que hay.
¿Y la otra posibilidad?
Que finalmente la gente no crea en la política, y busque un cambio radical, una alternativa al sistema actual. Es una posibilidad más utópica, pero se comienzan a ver acciones en ese sentido a medio y a largo plazo, siempre en relación a alianzas con otros movimientos europeos. Pero es evidente que o la clase política encauza la situación o el conflicto social, un estallido, está servido.
El PP se escuda en datos macroeconómicos para hablar de inicio de recuperación. ¿El Gobierno mira a la calle?
No tengo ni idea. Son tan falsos, con tan poca dignidad y vergüenza que cualquiera diría que viven en un mundo aparte, que su mundo no es éste. Quizás por eso se empeñan en hacer leyes para poder seguir viviendo así y que nadie les moleste en su mundo, en sus palacios, sin ensuciarse. El Partido Popular defiende unos intereses muy determinados, de unas clases que no sufren las consecuencias de la crisis. Defiende los intereses de los que están ganando más que nunca, con unas condiciones de vida que han mejorado. La ciudadanía debe ser consciente que los poderosos están muy bien representados, mientras las clases populares no lo están. Esto es un motivo de reflexión sobre cómo se puede organizar una alternativa. En las elecciones, por ejemplo, en los barrios altos de Barcelona, el porcentaje de voto es altísimo, en los barrios populares, en cambio, la participación es mucho más baja. La sociedad está desmotivada, desilusionada. Volver a ilusionar a la gente con ganas de transformar el mundo es la clave para que esta derecha deje de usurpar un poder que debería recaer en las clases populares.
¿Un 25% de paro resulta útil para aplicar la reforma laboral?
Diría que no les molesta. No es útil del todo porque tiene unas repercusiones en parcelas que afectan la administración del poder, pero ese 25% de paro quiere decir que tienen una reserva que ayuda a reducir los derechos y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores. A la derecha no le va mal esta situación.
La clase obrera parece desaparecer en medio de un montón de clases medias. Al proletariado industrial les sustituye uno de servicios.
La gente que trabaja, por decir algo en Ikea o MediaMarkt, son especialmente proletariado. No se puede obviar esto. La situación que vivimos ahora tiene una gran similitud con lo sucedido en Gran Bretaña tras la reconversión iniciada por Thatcher, atacando a obreros, parados y sindicatos. Al desmantelamiento industrial le ha seguido la aparición de una nueva clase social, una clase degradada por las condiciones de vida y la falta de un trabajo y un sueldo digno. Cuando en España, negando la realidad, se habla de que si la economía sumergida, que si el paro no es tanto, etc. todo este discurso forma parte de ese intento porque la clase obrera desaparezca como conjunto, que nadie quiera sentirse parte de ella, que los trabajadores se sientan cómodos en la definición de clases medias. La gente se tiene que dar cuenta que el paro es una enfermedad que puede afectar a cualquiera y para la que no hay vacuna, lo podemos ver con los trabajadores de Iberia, por ejemplo. El trabajo para toda la vida parece que ha desaparecido. Pero aún estamos a tiempo de enfrentarnos a esto de manera colectiva y no, según nos vaya afectando a cada uno.
¿El derecho a decidir se puede entender también como parte de la protesta contra la crisis?
Es un elemento colateral. Cada día que pasa, la gente es más consciente que cualquier día puede perder su trabajo, su forma de vida. En Catalunya, ya con la crisis, más de 700.000 personas han perdido su trabajo, en cambio, los datos de afiliación sindical han descendido muy poco. No soy pesimista sobre la lucha sindical, quizás haya que cambiar algunos aspectos del trabajo sindical que vienen de otras épocas y que ahora toca hacer de otra manera.
El proceso es una mezcla entre el menosprecio a Catalunya por parte de las instituciones españolas y la situación de crisis económica, social y política. No pueden salir gratis las decisiones políticas o judiciales que toman organismos de composición tan dudosa como el Tribunal Constitucional. No se puede estar contribuyendo a la Hacienda pública y recibir continuos insultos a cambio, eso no se puede mantener toda la vida. Así que se abren dos caminos, la independencia, o una relación sobre bases diferentes. Todo este proceso está enmarcado en un momento especial, de crisis, de falta de legitimidad del sistema político, y no se puede olvidar esto. La gente demanda más democracia, más control sobre sus representantes políticos. La relación no puede ser únicamente cada cuatro años.
El PSC parece vivir dividido este momento, la UGT tiene clara su apuesta por el derecho a decidir.
Somos dos organizaciones nacidas de las reivindicaciones de los trabajadores, pero representamos papeles diferentes. La comparación entre las dos es un tópico que viene de surgir en un momento determinado. Tenemos coincidencias con otros partidos políticos y también divergencias pero por citar a uno, en los últimos años casi siempre coincidimos con Iniciativa per Catalunya. Esto sólo puede constatar una cosa, que el PSC ha cambiado de rumbo. Mi deseo es que el PSC salga de este momento, porque es un partido necesario, más allá de coyunturas electorales. El PSC es un partido necesario para contribuir a generar una alternativa. Luego ya veremos que pasa, si llegan a gobernar, pero una cosa está clara, y eso lo digo ya con una dilatada experiencia. La gente que dice que PP y PSOE son iguales se equivoca. Con el PSOE se puede dialogar, se puede hablar, negociar acuerdos, con el PP, no, gobiernan a través del BOE.
¿Un gobierno que huye del debate no se aleja de la democracia?
Es el absurdo de la política, que no es nada más que dialogo, confrontación de ideas, argumentos. Pero como no tienen nada de esto, nada que ofrecer, hasta esconden bajo mentiras lo que deciden. Por eso, este país necesita un cambio de estructuras políticas de magnitud. A mí me gustaría que los diputados del PP, muchos de ellos votados por trabajadores, fuesen a explicar a sus votantes porqué les despiden de sus puestos de trabajo, porqué las lista de espera en sanidad han crecido tanto, porqué se echa a la gente de sus casas, etc. Mientras tengamos estos representantes no queda otra que la protesta y recurrir a medidas como los escraches. ¿Presión y sufrimiento de los políticos? Más sufre la gente que padece sus políticas y protesta como buenamente puede.
¿Tiene la impresión que la UGT, los sindicatos en general, están en el punto de mira?
La UGT no se tiene que esconder nada. El sindicalismo es decencia, honradez, una ética que va más allá de lo dispuesto por las leyes. No podemos escondernos. En casos como el de los ERE de Andalucía, puede que haya parte de razón. Pero en relación a lo publicado, hay una desproporción que se convierte en una campaña en contra. La falta de identificación de los responsables, con nombres y apellidos, convierte a todo el sindicato en sospechoso. Se extiende una mancha de sospecha sobre todos porque somos una piedra en su camino. Un muro de contención.
En relación a este caso, da la sensación que ha faltado rapidez y contundencia a la hora de atajar esos comportamientos.
Seguro. En todo caso, en siete meses que han pasado desde el Congreso de Andalucía, sólo tres personas permanecen de la antigua dirección, y desde entonces se ha comenzado a conocer todo. Es evidente que, al menos, son responsables por omisión, pero el único imputado por el caso, ha abandonado su puesto. Otros partidos y organizaciones mantienen a sus imputados, que no son pocos, en sus puestos y los defienden, aunque las evidencias en su contra sean claras. La UGT no debe esconder nada, somos algo más que esos partidos, somos representantes de la clase obrera. Aunque también creo, que desde el punto de vista judicial, todo esto quedará en nada. Se ha comenzado a actuar más tarde de lo que se tendría que haber actuado, y esto nos perjudica porque los medios de comunicación no ponen nombres y apellidos a los responsables de estas conductas. Se habla simplemente de sindicatos. En otros casos, esto no ocurre. Cuando algún cura ha sido acusado de pederastia o apoyan la sumisión de la mujer, nadie habla de la Iglesia en su conjunto como responsable. Esta actitud sirve para intentar ensuciar a la organización, no se señala a nadie y esto ayuda a la pérdida de confianza en el trabajo de los sindicatos. Se quieren destruir para hacernos tragar con todo. Espero que la gente sea adulta y no se deje arrastrar por esto. La sociedad debería recordar que buena parte de los derechos sociales han sido conseguidos por las luchas sindicales. El retroceso de los derechos sólo se puede frenar con los que ayudaron a conseguirlos, que pregunten fuera de Europa a ver qué hay. Hace 80 años se liquidaba a los sindicalistas con un tiro, ahora con titulares.
