Algo menos de medio millar de personas se concentraron en la Plaça de Sant Jaume més convergent de la història, para protestar sobre la chapuza que ha dejado a cerca de 35.000 familias -se calcula que entre 110.000 y 80.000 personas- sin los ingresos proporcionados (426 euros) por la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Muy poca gente en la Plaça de Sant Jaume para la gravedad del asunto, aunque la presente fuera muy ruidosa. Pedro, junto a su pareja, recién llegados de vacaciones (“Volvimos ayer mismo”), no tenía ningún género de dudas: “Este es un gobierno fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Y remachaba: “No vengo por mí, sino por toda la gente que está subsistiendo con poco más que nada y a la que le están haciendo pagar la crisis”. Poco antes de las 18 horas -que marcaban el inicio de la protesta convocada por la Assemblea d’Aturats/des de Barcelona-, un avispero de micrófonos y cámaras rodeaban a Eva Granados, diputada del PSC y portavoz de la Comisión Benestar i Família y a Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ambos se posicionaron en contra de la medida tomada por el Departament d’Empresa i Ocupació.
Alrededor de 40.000 personas con derecho a cobrar la Renta Mínima de Inserción seguían sin haber percibido la cantidad del mes de agosto. ¿Cómo vivir? La justificación del conseller Mena sobre que la medida aplicada sin previo aviso -cambiar el modo de pago de transferencia a cheque bancario a domicilio-, perseguía detectar el cobro fraudulento de esta ayuda, no fue bien recibida entre los concentrados en Plaça de Sant Jaume: “¡Nos llaman estafadores por 400 euros! ¡No tienen vergüenza!”, clamaba una mujer, que fijando la vista en el Palau de la Generalitat, sentenció con amargura: “No se asoma el hijo****, estará de vacaciones”.
La ley de “Mesures fiscals i financeres”, en su artículo 62, endurece las condiciones para recibir la prestación de la Renta Mínima de Inserción: supresión de la actualización anual con el IPC previsto, limitación a 60 mensualidades la percepción de esta renta, ampliación del periodo de residencia para poder solicitar la RMI de un año a dos, etcétera. Respecto a la cuestión del tiempo de residencia, se ha filtrado que el 42% de sospechosos de cometer fraude son personas “inmigrantes”, que significaría que en el arte de la picaresca todavía ganan los “autóctonos” (lástima que este triunfo quede relegado en los discursos xenófobos).
Los trabajadores sociales son los agentes que pueden dar testimonio de las dificultades que ha comportado este cambio en el cobro de la RMI: “Han venido mujeres verdaderamente desesperadas, que sólo contaban con este ingreso para salir adelante con sus familias. Piensa que muchas de ellas han cambiado de domicilio y no han recibido ningún tipo de información. Y si pasan 15 días y no han dado señales de vida, se les corta la ayuda y han de volver a tramitarla”, explica una trabajadora del Lloc de la Dona, una fundación privada de atención social. Entre tanto, el gobierno neo-convergente -que también responde al nombre del govern dels millors- sigue con su gestión de la crisis, que marca la diferencia que dista entre vivir en la miseria y ser un miserable.
