Es viernes por la tarde y cae una fina llovizna. La gente que deambula por la calle recorre apresurada la distancia que separa un comercio de otro. Sin embargo, en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Caspe empieza a agruparse un pequeño número de personas, mujeres principalmente. Todas llevan un parche en el ojo en señal de protesta y solidaridad con Ester Quintana. Poco a poco el grupo aumenta hasta que se agrupan unas 200 personas que cortan y ascienden por la avenida barcelonesa. Avanzan al grito de “la solidaridad es nuestra arma”. Un canto muy apropiado para el caso que nos ocupa porque si algo se ha puesto de manifiesto en él es la solidaridad ciudadana.
Por tres veces ha dado explicaciones el “Conseller d’Interior” Felip Puig acerca de la actuación de los Mossos d’Esquadra el 14N y, por tres veces, sus palabras han sido desmentidas por aportaciones y testimonios ciudadanos. Si el Conseller afirmaba que no hubo dispararos, aparecía un vídeo mostrando a un antidisturbios realizándolos, si afirmaba que no hubo intervención policial en Paseo de Gracia, aparecían imágenes de un miembro de la Brigada Móvil disparando en esa calle…
La presencia cada vez más numerosa de cámaras en las manifestaciones ha tenido un papel decisivo en la defensa de la versión de Ester Quintana. Estas grabaciones supondrán una valiosa prueba en el proceso judicial que se acaba de abrir a raíz de la querella presentada por la víctima.
Sin ellas es difícil que la versión de Quintana se hubiera impuesto a las aclaraciones dadas por el “Conseller d’Interior”, al menos a los ojos de la opinión pública. Sin menospreciar a los testimonios de aquellos que se encontraban en el lugar de los hechos ni al concluyente informe médico, la aparición de las imágenes y su difusión en Internet han desacreditado absolutamente las palabras de Puig.
Del mismo modo y en la misma fecha toda Catalunya fue testimonio de la brutalidad e impunidad de un agente antidisturbios al abrirle la cabeza a un niño de 13 años y golpear repetidamente a una chica adolescente que le recriminaba su acción.
Es por ello que tanto desde el Ministerio como desde la Conselleria de Interior no se ve con buenos ojos la proliferación de medios gráficos en las manifestaciones. Prueba de ello es la noticia, hace algunos meses, de que se estaba estudiando incluir en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana la prohibición de captar, tratar o difundir en internet imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones.
Cualquiera que haya estado en una manifestación sabe que cuando cargan los antidisturbios cargan con todo. Que no se paran a mirar a quién tienen delante y que golpean con ganas. Que suelen ensañarse y que su agresividad no se reduce a las porras o a las balas de goma sino que también se lanzan con las furgonas contra los grupos de manifestantes (una estrategia que en la última huelga general supuso que atropellaran a uno de sus agentes). En este contexto, los abusos de poder son reiterados y la cobertura gráfica puede ser una herramienta para denunciarlos.
Sin embargo, la presencia de cámaras en las manifestaciones no sólo molesta a la policía sino que también a algunos manifestantes. Éstos consideran que sirven para criminalizar la protesta, sobre todo cuando hay disturbios. Que las imágenes sirven únicamente para alimentar el sensacionalismo de algunos medios y para que la policía pueda hacer identificaciones.
Sea como fuere, con la aparición de cámaras cada vez más pequeñas, manejables y económicas, así como con las posibilidades de difusión que ofrece Internet, se dificulta cada vez más el control de lo que se graba. Un hecho que al menos en el caso de Quintana se ha revelado como positivo.
Licenciado en Periodismo y Filosofía con experiencia en medios de comunicación tanto en el campo de la redacción como en el de la cobertura audiovisual.
