Los medios de comunicación ya hablan del 14 de noviembre como fecha para una huelga general en España coincidiendo con la que se celebrará en Portugal contra los recortes sociales en aquel país donde las protestas ya han conseguido las primeras rectificaciones de su gobierno. Los sindicatos se pronuncian esta semana al respecto. Con todo, en España ya ha habido huelga general en Navarra y País Vasco el pasado 26 de septiembre y la Confederación General de Trabajadores (CGT) ha convocado otra de ámbito estatal para el 31 de octubre. En esta entrevista con Joan Carles Gallego, secretario general de Comisiones Obreras en Catalunya, realizada en Barcelona, analizamos la situación social y laboral tanto en un marco de retroceso en los derechos sociales y en la protección de los trabajadores tras los recortes presupuestarios en sanidad y educación y la reforma laboral promovidos por el Gobierno español. Para Gallego, cada vez estamos más cerca de una convocatoria de huelga general.
¿Los recortes parecen no tener fin, cada semana se anuncian nuevos retrocesos en derechos sociales…
Tenemos los viernes de dolor y los martes de pánico. Los primeros se producen por el anuncio semanal de los acuerdos del Consejo de Ministros del Gobierno español y los segundos al hacerse públicas las decisiones del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. Las políticas de ambos ejecutivos van en el mismo sentido: ahogar cada vez más la economía y recortar derechos y empeorar las condiciones de trabajo. Todos los servicios públicos están siendo recortados lo que profundiza el gran empobrecimiento de la población que ha producido la crisis y, además, reduce la demanda interna y la pública que dificulta la reactivación de la economía. Desgraciadamente, se constata aquello que habíamos pronosticado: con esta política económica y social no hay recuperación y el paro sigue creciendo.
¿Por qué se hacen estas políticas? ¿Es una cuestión de rigidez ideológica neoliberal, de intereses de determinados grupos o una actitud ante la sociedad que se resumiría en el “que se jodan” que pronunció la diputada popular Andrea Fabra?
Hay una ideología clara detrás de los recortes, la neoliberal, que apuesta por desmontar un modelo social que teníamos hasta la actualidad y en el que se contemplaban derechos sociales y laborales que permitían compensar, a partir del Estado del Bienestar, las enormes desigualdades que el sistema genera. Estos derechos sociales y laborales fueron concesiones conseguidas a lo largo de la historia y resultado de la presión del movimiento sindical y los movimientos sociales en determinados momentos históricos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en la actualidad los sectores dominantes de la economía, en especial las grandes empresas transnacionales y los poderes financieros, están cuestionando este sistema de reparto de la riqueza: quieren aumentar sus beneficios a partir de convertir los servicios públicos en negocios privados. Además, también quieren tener mayor capacidad de determinar las relaciones laborales y todos los procesos organizativos dentro de las empresas, por lo que promueven la desregulación del mercado laboral.
¿El empobrecimiento de la población no entraña el peligro de perder la cohesión social? ¿No conlleva la desaparición o, almenos, a una importante reducción del peso de la clase media en este país?
Por una parte, estamos inmersos en un proceso de mundialización de la economía lo que sitúa los centros de poder en un ámbito global. Muchas de estas élites económicas se despreocupan de las situaciones de los países concretos. La existencia de bolsas de pobreza y miseria en las naciones occidentales no les preocupa, ni les molesta mientras ellos puedan mantener su situación de riqueza y poder. Para ellos es sólo un dato. Estamos caminando hacia un modelo de sociedad radicalmente diferente al de bienestar social que se había construido en los últimos años. La hegemonía política, económica y cultural es de los sectores neoliberales que responden a los intereses de una minoría de la sociedad muy poderosa que tiene el poder económico, el financiero y que está vinculado a las grandes empresas transnacionales. A partir de su posición de poder, las élites pueden determinar cambios sociales profundos en función de sus intereses. La riqueza ya no la obtienen a partir de la transformación de la materia prima y de los procesos productivos, fundamentalmente industriales; estas minorías dominantes obtienen sus beneficios a través de la especulación financiera y del movimiento de grandes capitales.
Si esta tendencia de pérdida de derechos sociales se produce de forma global, ¿qué se puede hacer a nivel local para combatirla?
Siempre hay margen de maniobra e intervención a nivel local al mismo tiempo que también se actúa en el ámbito internacional. De hecho, actuamos de forma conjunta con el sindicalismo de otros países tanto en el ámbito mundial y como en el de la Unión Europea (UE) a través de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Con estas plataformas globales hemos conseguido situar iniciativas de defensa de los derechos de los trabajadores a favor del empleo de calidad en las agendas políticas del G-20 y de la UE. Si se pierden derechos laborales en los países occidentales esto favorece que se produzca un deterioro en las condiciones de trabajo en todo el mundo. Los efectos de lo local son globales ya que desde el momento en el que nosotros mantenemos derechos contribuimos a que los demás puedan conseguir mejores condiciones que aún no tienen. En el marco europeo buscamos incidir en los debates políticos y sociales para introducir una carta de derechos sociales en la UE. En estos momentos, se está demostrando que Europa no se puede construir sólo sobre una base monetaria, sino que hacen falta políticas económicas y fiscales conjuntas y, sobre todo, que se mantenga el modelo social europeo que ha sido pionero históricamente. Desde los sindicatos estamos presionando para combatir la hegemonía neoliberal tanto en el terreno cultural, social y político y, por tanto, también en el terreno económico. Las movilizaciones nos permiten visibilizar y hacer confluir a la mayoría social que cree que las cosas se pueden hacer de otra manera y que esto acabe repercutiendo en el marco institucional y produzca cambios.
¿Cuál es el motivo de pedir un referéndum para decidir si se hacen o no recortes? Este planteamiento puede no ser entendido por parte de los que se oponen a las políticas de austeridad y retroceso en los sociales.
Desde Catalunya, los sindicatos hemos planteado que se consulte a la ciudadanía sobre unos recortes, hay que recordarlo, que Convergència i Unió (CiU) no había anunciado en campaña electoral. Se está, por tanto, aplicando un programa que no ha sido validado por la población, por lo que solicitamos que se haga un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie al respecto. Lo que planteamos es que se aplique la Ley de consultas incluída en el Estatut de 2006: la posibilidad de consultar a la ciudadanía las cuestiones de gobierno más importantes. Esta lógica es la misma que se aplica en el ámbito estatal ya que se producen idénticas políticas presupuestarias de austeridad que impiden la recuperación económica y que tampoco estaban en el programa con el que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales. Por tanto, o dimite el Gobierno o somete su programa a consulta popular de los españoles.
Por otra parte, se ha trasladado a nivel español el planteamiento que habíamos hecho en Catalunya desde hace tiempo: crear una plataforma que permite implicar a los movimientos sociales en la defensa del modelo social actual en Catalunya “Prou retallades y en el Estado español la Cumbre Social. De lo que se trata es de hacer confluir al movimiento sindical, vecinal, de la cultura, o de los que luchan por una educación y una sanidad públicas para dar vías de expresión a una opinión social mayoritaria que rechaza las políticas económicas y de recortes que están llevando acabo los gobiernos español y catalán.
¿Consideráis que es factible que los actuales gobiernos se avengan a convocar consultas populares sobre sus políticas económicas? ¿Se baraja la posibilidad de convocar una huelga general?
Existen diferencias entre el marco legal español y catalán y, por tanto, diferencias de estrategia. En Catalunya la Ley de consultas permite instar al Parlament y al Govern de la Generalitat a realizar consultas si se consiguen reunir un número de firmas que suponga el 3% del censo. Pese a que existe este instrumento legal, la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya para el 25 de noviembre, paraliza este proceso, al menos de momento, en el caso catalán. Aunque si se mantienen las mismas políticas de recortes sociales con el nuevo gobierno evidentemente recuperaremos el planteamiento de consulta popular.
En el ámbito estatal no existe ningún instrumento legal que haga posible que la ciudadanía inste a la convocatoria de un referéndum. Con todo, los sindicatos planteamos un proceso por el cuál la población española pueda posicionarse en la exigencia de una consulta. Consideramos que conseguir el apoyo de millones de firmas a favor de la petición nos permitiría ejercer una importante presión para conseguirlo. Si el Gobierno español persistiese en no realizar una consulta, no se descartan otras medidas de presión como la convocatoria de una huelga general, una posibilidad que está cada vez más cercana en vista de los presupuestos de 2012 que son enormemente injustos. Si se hace, ésta debe de paralizar el país y evidenciar la mayoría social en contra de las políticas del Ejecutivo español. Con todo, aunque se utilice esta herramienta de presión seguiremos manteniendo la exigencia al Gobierno español para que realice una consulta sobre sus políticas.
El pasado 26 de septiembre ha habido una huelga general en el País Vasco y Navarra. ¿Existe la posibilidad de una huelga general sólo en Catalunya ante las políticas de recortes de la Generalitat?
En estos momentos estamos en un escenario de movilización sostenida contra los recortes en derechos sociales y laborales. Estamos en una fase del conflicto importante que tuvo su concreción en las manifestaciones del 15 de septiembre. Actualmente trabajamos en una doble estrategia: reclamamos una consulta ciudadana y al mismo tiempo trabajamos con las organizaciones desde la plataforma “Prou Retallades” y la Cumbre Social en España para usar otras vías de presión. Con los datos sobre los presupuestos y las condiciones de la Unión Europea para el rescate decidiremos de forma conjunta con el resto de organizaciones sociales si vamos a una huelga general en el conjunto del Estado porque son indistintas las políticas de los gobiernos español y catalán.
Cuestión diferente es la posibilidad de convocar una huelga general en Catalunya en función de las competencias que tiene la Generalitat y, de hecho, no es descartable. En la medida que las políticas de la Generalitat y del Gobierno español han sido las mismas hemos realizado estrategias conjuntas con el resto de pueblos del Estado español. Si las políticas de la Generalitat fuesen diferenciadas y negativas para los derechos sociales y laborales de la población, sería factible una huelga general catalana. Siempre hemos defendido que es necesario que Catalunya asuma más competencias pero también que éstas se deben de poner al servicio de la sociedad. Por eso, nos oponemos a que se usen esas competencias para privatizar, desmontar el modelo de cohesión social que teníamos o para favorecer los intereses de una minoría.
Desde los medios de comunicación e incluso desde las instituciones parece que haya una voluntad de animar a los trabajadores, sobretodo a los jóvenes, a irse a países como Gran Bretaña o Alemania ¿Volveremos a ser como en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado un país de emigrantes?
Hay una tendencia a la baja de las condiciones de trabajo en general en nuestro país pero también en el conjunto de la Unión Europea. La falta de oportunidades laborales en España provoca que una parte de la población tenga que ir a buscar trabajo fuera.
Pero en los trabajos que encuentran les pagan 400 euros al mes por 15 o 20 horas. La emigración de los 50 y 60 estaba menos preparada pero encontraba mejores salarios.
En la Unión Europea hay una tendencia a la precarización, a desregular las condiciones laborales, a que se tengan menos derechos y se esté muy sometido a las decisiones del empresario que puede cambiar horarios, lugar y condiciones de trabajo o rebajar el sueldo de forma unilateral. Para contrarrestar esta situación el movimiento sindical tiene que reforzar sus posiciones en las empresas y en la sociedad. En las grandes empresas es más fácil agruparse en defensa de los intereses de los trabajadores pero en las pequeñas resulta más difícil y menos con un marco legal en el que los convenios colectivos han visto reducida su capacidad de cobertura tras la última reforma laboral.
¿Qué balance haces de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular durante el primer trimestre de este año?
El balance de la reformal laboral es altamente negativo. Es una reforma inútil e injusta que no ha servido para ninguno de los objetivos que se había planteado. No ha favorecido la creación de trabajo estable, al contrario, los nuevos trabajos son temporales, inestables y precarios. No ha ayudado a innovar a las empresas ya que los trabajadores están poco implicados en los procesos productivos porque tienen contratos inestables y la amenaza de poder ser despedirlos en cualquier momento. Se han desregulado las relaciones laborales hasta el punto que el empresario se puede saltar unilateralmente los acuerdos del contrato laboral. Y eso a largo plazo es negativo para la propia empresa, no desde el punto de vista del empresario poco dinámico y cortoplacista que cree que la actual situación es la mejor. Hay que dejar claro que con esta reforma las empresas se van descapitalizando: de capital humano y de capacidad de innovación, por lo que se convierten en empresas que abocadas, en un contexto global, a la desaparición por falta de competitividad. En cambio, otros sectores empresariales más dinámicos empiezan a entender que esta reforma laboral no les sirve. Son los empresarios que entienden que son necesarios los convenios colectivos sectoriales que eviten la ley de la selva y que hay que introducir elementos de planificación y formación porque son la base de la innovación. Hay sectores de la patronal que son conscientes de que la única posibilidad de situarse en un contexto de economía global es innovar y con esta reforma laboral es imposible.
Las encuestas indican que la sociedad siente, como con los políticos, una cierta desafección…
Los sindicatos se deben de modernizar, pero no se puede cuestionar su utilidad histórica ya que ha participado en la consecución de buena parte de los derechos sociales de los que hemos gozado hasta ahora y de los derechos laborales plasmados en acuerdos de empresas, convenios colectivos o leyes. En la actualidad, el sindicato funciona bien en las grandes empresas, donde es más fácil organizarse, pero tiene dificultades para hacerlo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) o en las microempresas, que son el 90% del tejido productivo, ya que en la mayoría de los casos no pueden elegir representante sindical. Los sindicatos deben de convertirse en referentes de los trabajadores en las pymes y estar más cerca de la gente. Al mismo tiempo, tienen que renovar su discurso para dar cabida a una clase trabajadora mucho más diversa.
¿Qué tipo de relación se ha establecido con el movimiento de los indignados tras las diferencias de los primeros momentos?
Indignados en estos momentos lo estamos todos y también los trabajadores y las organizaciones que les representamos. Los acontecimientos han evolucionado lo suficiente como para que todo el mundo haya podido entender que se trata de confluir en las movilizaciones y las protestas sociales en la medida que se compartan objetivos. Si todos defendemos el actual modelo de cohesión social y nos oponemos a los recortes y a las injusticias sociales hay que trabajar conjuntamente. Los trabajadores desde la realidad de su centro de trabajo contribuyen con procesos de negociación colectiva, pero también estando conectados con las plataformas de defensa de la educación y de la sanidad pública. El movimiento de los indignados comparte esos objetivos y, por eso, no nos tenemos que ver como competencia.
En las manifestaciones convocadas el pasado 19 de julio por los sindicatos contra los recortes y políticas anunciados en aquella fecha por el Gobierno español, entre ellos la subida del IVA, se pudo ver participantes que no son habituales en las protestas que convocan las organizaciones de trabajadores como son los pequeños comerciantes y profesionales. ¿El nivel de cansancio con el actual Ejecutiv es tan grande que está haciendo confluir a sectores sociales que antes difícilmente hubieran coincidido en una misma reivindicación?
Existen un gran malestar social y rechazo a las actuales políticas gubernamentales llamadas de austeridad que suma a muchos colectivos. En la huelga del 29 de marzo de este año convocaron, además de los sindicatos, entidades como la Federació de Cooperatives de Catalunya y la Taula d’Autònoms de Catalunya porque el desacuerdo con las políticas económicas va más allá de los trabajadores en activo que pierden sus derechos laborales. Se suman pensionistas, parados, profesionales, autónomos o las cerca de 100.000 personas que han dejado de recibir la Renta Mínima de Inserción en Catalunya. El empobrecimiento general de la población deja en una posición de debilidad a los pequeños comercios de barrio frente a los grandes centros comerciales y hace que los primeros se sumen a las protestas. Estamos en un momento de confluencia de todos los malestares y estamos trabajando para convertir este rechazo a las políticas del Gobierno en alternativas. Nuestro objetivo es plantear una reforma fiscal que permita aflorar buena parte de la riqueza que hay en el país y redistribuirla en función de un beneficio social.
Su reforma fiscal es la amnistía fiscal…
Una amnistía que lanza un mensaje que favorece la existencia de defraudadores, ya que les da a entender que más tarde o más temprano se les perdonará. La amnistía, además, es una muestra de la renuncia del Gobierno a hacer aflorar la riqueza en este país que está en el fraude fiscal, pero que se esconde también tras un sistema fiscal injusto. Las grandes empresas tienen una fiscalidad más favorable que las pequeñas y las rentas altas y grandes fortunas tienen un trato de favor respecto a las rentas del trabajo. La riqueza existe, sólo hay que hacerla aflorar para poder redistribuirla.
¿Cómo valoras las detenciones de sindicalistas en las últimas protestas producidas desde la última huelga general del pasado 29 de marzo?
Existe una política orientada a reprimir la movilización social, sea por la represión directa o por las políticas de detención “preventiva” de activistas sindicales. Lo que comenzó siendo una crisis financiera, ha derivado en una crisis económica, social y política. Primero se cuestionan a las organizaciones sociales, no sólo al sindicalismo, para acabar penalizando la protesta y el malestar social. Se está acentuando la tendencia a criminalizar a los movimientos sociales ya que quieren evitar que los diques de contención a sus políticas se mantengan fuertes.
