Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se han sentado hoy en el banquillo de los acusados juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación en la consulta del 9-N. La fiscalía pide una pena de 10 años de inhabilitación para Mas y 9 años para las exconselleras por seguir con los preparativos de la votación, desobedeciendo el mandato del TC, que había suspendido la consulta.
A las ocho de la mañana, una hora antes de la prevista para el juicio, el presidente Carles Puigdemont ha comparecido en el Palau de la Generalitat para apoyar a los tres acusados. En esta breve declaración institucional, el President ha asegurado que nunca se tendría que haber llegado a los tribunales por el 9-N y que “un país capaz de hacer el 9-N tiene una democracia más sana que un país que envía a los que lo hicieron posible al banquillo de los acusados”.
Seguidamente, expresident y exconselleras han salido del Palau de la Generalitat hacia el TSJC acompañados por Carles Puigdemont, ovacionados y ante gritos de “independencia”. Mas, Ortega y Rigau han manifestado una notable emoción ante el multitudinario apoyo de la ciudadanía, que ha decidido hacer el recorrido a pie con ellos. La Guardia Civil cifra en 40.000 las personas que se han movilizado contra el juicio. Los tres acusados también han sido arropados por un centenar de cargos electos, como Joan Tardà, Lluís Rabell, David Fernàndez y Josep Maria Terricabras.
Una gran pancarta con el texto “Love democracy” ha decorado el Arc de Triomf por debajo del cual han pasado Mas, Ortega y Rigau. Ya en las puertas del TSJC, los miles de personas que han ocupado el Passeig Lluís Companys han coreado la Estaca y Els Segadors y han ondeado banderas estelades bajo los cánticos “no estáis solos”, “ni un paso atrás” y “independencia”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado esta concentración de “numerito impropio en una democracia”, como ya lo hicieron en su momento Inés Arrimadas o Xavier García Albiol.
Los tres acusados han entrado al TSJC con bastante retraso, por lo que el juicio se ha iniciado a las diez y no a las nueve. El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez han sido los encargados de juzgar a Mas, Ortega y Rigau.
Durante las cuestiones previas, la defensa del presidente de PDeCAT ha vuelto a pedir, sin éxito, que Mariano Rajoy y Rafael Catalá declaren como testigos en el juicio del 9-N. También ha argumentado, ante la oposición de la fiscalía, que se ha vulnerado el derecho de defensa del expresident al no permitir que se aportara el informe de los fiscales catalanes.
Artur Mas ha sido el primero en declarar y solo ha respondido las preguntas de la defensa. Aún así, ha vivido varios momentos de tensión con el presidente del tribunal. Como ya predijo ayer durante un programa especial en 8TV, el expresident se ha mostrado muy tranquilo al estar “convencido de haber hecho lo correcto al poner las urnas” siendo “inocentes penalmente pero responsables políticamente”. El expresident ha manifestado que “más de dos tercios del Parlament eran partidarios del derecho a decidir y de promover una consulta”, por lo que, dice, “cumplió los mandatos del Parlament que había escogido un estado democrático”. El objeto final del 9-N, según Mas, no era otro que el de conocer la opinión de la gente de Catalunya, “no se trataba de una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas”, por lo que, cuenta, no entendio el recurso del Gobierno ante el TC.
El presidente del PDeCAT también ha llevado su defensa diciendo que no fue advertido por el TC sobre las consecuencias legales de no suspender el 9-N. El expresident asegura que desde la Generalitat “pedimos aclaraciones al tribunal y el 9 de noviembre aún no habíamos recibido ninguna respuesta”. Tras ser preguntado por Barrientos sobre la apertura de los institutos el 9-N, y para terminar el interrogatorio, Artur Mas ha afirmado ser “el responsable de todo”.
La segunda persona en declarar ha sido la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Ésta ha explicado haber tenido “la máxima responsabilidad en lo que respecta al diseño y planificación del 9-N”. Durante su interrogatorio se ha hecho hincapié en la página web de registro de voluntarios, dejando claro que no se usó ningún dato protegido ni del censo. Ortega ha denunciado que el 8 y 9 de noviembre, los servicios informáticos de la Generalitat recibieron un ciberataque que puso en riesgo los servicios esenciales. También ha destacado que fueron los voluntarios quienes “abrieron los locales, recibieron los votos y pasaron los datos al CTTI. Los funcionarios no hicieron nada”. Coincidiendo con el expresident Mas, Joana Ortega ha explicado que “pensaba que no estaba cometiendo ningún delito ni cuestionando ningún requerimiento del TC. Ni yo ni el Govern teníamos claro el alcance de la providencia del TC”.
Finalmente, ha llegado el turno de la exconsellera d’ensenyament, Irene Rigau. De la misma forma que los otros acusados, solo ha respondido las preguntas de la defensa. Para evitar la reiteración de temas, Rigau ha afirmado compartir “absolutamente” las declaraciones hechas por Mas y Ortega. Irene Rigau ha recalcado que “se informó del uso social que se haría de los institutos, una regulación creada para que los centros puedan utilizarse fuera de la actividad lectiva”. También ha negado ante el juez la existencia de una “coacción” hacia responsables de centros educativos para abrir el 9-N. Como los dos anteriores, Rigau ha explicado no haber recibido un requerimiento con las consecuencias legales del proceso participativo.
El juicio ha conllevado un sinfín de reacciones políticas a favor y en contra de los acusados. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha pedido “no entrar al trapo del victimismo y de la épica del oratorio barata” de los independentistas catalanes. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que “habla mal de nuestra democracia que se juzgue a alguien por poner las urnas”. También se ha pronunciado el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, publicando en sus redes sociales que “cuando frente a las urnas la respuesta son tribunales o precintos, es que hace falta una revolución democrática”. En la misma línea que los líderes de Podemos, ha hablado el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, opinando que “no da la imagen de un Estado democrático moderno y europeo llevar al banquillo a Mas”. El secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha contenido en sus declaraciones antes del juicio aunque ha terminado con la frase: “Yo no veo a Artur Mas como un delincuente”.
La de hoy ha sido una jornada inédita y sin precedentes, pues nunca se había sentado en el banquillo de los acusados ningún presidente de una comunidad por delitos alejados de la corrupción. Por este motivo, no sorprenden las cifras de 343 periodistas y 70 medios, siete de ellos extranjeros.
Mañana a las 9:00h se proseguirá con el juicio del 9-N, que durará hasta el día 10 de febrero. Mas, Ortega i Rigau, en un artículo de opinión publicado en varios diarios catalanes, dicen que aspiran a una sentencia absolutoria, explican que cada día, allí donde estén, reafirmaran “los valores que tienen que perfilar una democracia europea del siglo XXI” y que una futura condena no podrá acabar con sus ideales.
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Raquel Vilella
Periodista y profesora.
