La privatización fraudulenta de lo público forma parte del modelo de acumulación neoliberal, tal como señaló el geógrafo marxista David Harvey. En cierta medida, y por vías diferentes, el neoliberalismo ha desarrollado prácticas de acumulación privadas parecidas a las de la acumulación primitiva de los orígenes del capitalismo. Prácticas en las que el papel del poder político es crucial para conceder a determinados grupos privados una enormidad de recursos imposibles de obtener por medios normales.
El desguace de la economía soviética constituye seguramente la mayor expresión, por su escala, de este proceso de concentración de riqueza por medios políticos. La crisis actual ha posibilitado nuevas oportunidades a este tipo de acumulación. La que más ha centrado la atención en nuestros lares ha sido el proceso de salvación de cajas de ahorro y bancos con dinero público que, una vez saneados, han sido entregados a bajo precio a grupos privados. Pero la crisis bancaria ha propiciado otra forma de “privatización-desposesión” menos obvia pero igualmente relevante en aquellas cajas de ahorro que no habían experimentado el mismo tipo de problemas económicos pero que al convertirse en fundaciones bancarias han culminado de facto un proceso de privatización que las ha dejado en manos de unos pocos actores. De hecho, constituyen una variante de capitalismo en el que un pequeño grupo social toma el control de un gran grupo empresarial sin necesidad de invertir ni un euro, simplemente mediante un cambio institucional adecuado a sus intereses. El caso de la Caixa es un ejemplo paradigmático, y particularmente ostensible, de lo que supone la privatización total de una caja de ahorros.
A diferencia de otras entidades, la Caixa no experimentó problemas de la misma magnitud que otras entidades. Su política crediticia había sido más cauta (no había concedido con tanta ligereza hipotecas a los pobres), ha tenido una gestión financiera bastante ortodoxa y supo retirarse a tiempo de sus veleidades inmobiliarias. De hecho, ha podido expandir su actividad aprovechando las gangas que la crisis ha ido generando y adquirir a precio de saldo Caixa Girona, el Banco de Valencia y Banca Cívica (el grupo formado por Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Sol y Caja Canarias), así como la división minorista de Barclays en España. Todo ello le ha convertido en la primera entidad bancaria en territorio español (Santander y BBVA son mayores por su actividad exterior). Es, además, uno de los líderes en seguros a través de Segur Caixa Adeslas (asociada a Mutua Madrileña) y Vida Caixa. Como el resto de cajas de ahorro, la Caixa tenía un estatuto legal sin propietarios y controlado por un consejo del que formaban parte diferentes estamentos sociales, incluidos representantes de sindicatos y de los impositores. Sin duda un sistema imperfecto pero que posibilitó cierto control social. Los directivos de la Caixa fueron hábiles en eludir este control y actuar como un núcleo autónomo. De hecho, llevaban años preparándose para la privatización y crearon una filial, Criteria, que operaba en los mercados financieros y bajo la que se agruparon buena parte de las principales filiales del grupo. El mecanismo que ha permitido un salto adelante en esta privatización ha sido el de la creación de las fundaciones bancarias.
La coartada para la creación de las fundaciones bancarias ha sido que las intromisiones políticas en las cajas de ahorro han posibilitado la corrupción y la mala gestión de muchas de estas instituciones. Si bien es cierto que estas prácticas han existido y han dado lugar a situaciones de bancarrota en varias entidades (Caja Madrid, Bancaja, la CAM, Caja Castilla la Mancha, Caja Sur, Nova Caixa Galicia…) también lo es que otras entidades con el mismo modelo institucional han conseguido sobrevivir con bastante acierto (la misma Caixa, Unicaja, las cajas vascas agrupadas en Kutxabank). Incluso es más que dudoso que pueda atribuirse el crac de Catalunya Caixa a las presiones políticas. El argumento además cae por su propio peso cuando se observa que los mayores fiascos bancarios se produjeron en grandes entidades con esquemas de gestión previamente capitalista, y que otros (como Santander y BBVA) han podido sortear la situación de su elevado endeudamiento gracias a los generosos y baratos créditos del Banco Central Europeo.
Lo que resulta evidente es, más bien, que se ha aprovechado la excusa de la crisis para acabar con una forma de entidad que molestaba por carecer de una estructura de propiedad plenamente capitalista. Lo curioso es que la forma adoptada (la creación de fundaciones bancarias) lo que ha creado de facto es un nuevo tipo de “propietarios” sin capital, pero que en la práctica tienen o pueden tener el control del banco. La fórmula adoptada ha sido la de determinar el valor del banco y obligarle a atraer capital privado para alcanzar los niveles de capitalización determinados por las instituciones europeas. En el caso de entidades saneadas, como sus necesidades de capital han sido menores se ha considerado como capital propio los fondos que ya contaban y se ha transferido la propiedad de esta parte del capital a una Fundación bancaria (el 56% en el caso de la Caixa), que hereda además la obra social. Donde está el meollo del tema es que de facto la determinación del patronato de la entidad, lejos de establecerse por un sistema representativo como el que regía en las antiguas entidades, se ha fijado por un sistema de autonombramiento y cooptación, con la salvedad de la obligada participación de las instituciones que promovieron la creación de la caja, lo que en la práctica ha supuesto que un reducido número de autoelegidos pase a constituir el grupo de control de la entidad.
En el caso de la Caixa este proceso es bastante evidente. La única entidad que figuraba como promotora de la entidad es la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, una tradicional institución burguesa fundada en 1822 y que en la práctica constituye uno de los puntos de encuentro de las élites económicas locales (en su junta participan personas tan notorias como Roca Junyent, el conde de Godó o Macià Alavedra, procesado en el caso Pretoria). El núcleo del nuevo patronato lo forman personas, a su vez, del antiguo núcleo de la Caixa, como el mismo presidente Isidre Fainé, Jaime Lanaspa (ambos con una trayectoria común en los Bancos Atlántico y Unión, ligados al Opus Dei), Salvador Alemany (presidente de Abertis), Teresa Bassons y Alejandro García Bragado (uno de los directivos de los servicios jurídicos de la entidad). Y luego figuran diversas personalidades cooptadas, como el mexicano Carlos Slim (el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, que de ser un propietario de un conglomerado empresarial pasó a gran empresario de telecomunicaciones gracias a las privatizaciones en su país, con una modesta participación en el capital de Caixa Bank), Francesc Homs (ex conseller de Economía con Pujol, quien tras dejar la política pasó a trabajar para el grupo Abertis), César Alierta (presidente de Telefónica gracias a la privatización, hijo de uno de los alcaldes franquistas de Zaragoza, exculpado de un caso de uso de información privilegiada cuando era presidente de Altadis gracias a que se declaró la prescripción de la causa), Javier Solana (ex ministro del PSOE, ex secretario de la OTAN, ex comisario europeo), el notario Juan J. López Burniol (colaborador del Grupo Godó) y, para dorar la píldora, dos representantes de entidades sociales (Cáritas y Cruz Roja) y una científica mediática (Josefina Castellví). O sea, un verdadero conglomerado entre la burocracia interna de la empresa, las grandes familias políticas (CiU, PP, PSOE) y económicas y los inevitables invitados que dan legitimidad al proyecto. Eso sin que los estatutos estén disponibles en internet, sin ninguna capacidad de control de impositores e instituciones sociales. La cooptación es el único mecanismo de acceso a esta cúpula y mientras Caixa Bank siga realizando una política ortodoxa la supervisión del Banco de España la dejará tranquila. De modo que una cúpula autonombrada se ha hecho con el control del mayor grupo bancario local sin que la sociedad haya podido ejercer influencia alguna.
En el caso de la Caixa su poder real va mucho más allá del simple control de un grupo financiero: hunde sus raíces en el control de aspectos clave de la economía, especialmente de la catalana. En el nuevo esquema, el grupo queda estructurado en tres grandes bloques: la Fundació Bancaria la Caixa, el holding Criteria y Caixa Bank.
La fundación, además de detentar el control del capital de las otras dos, tiene a su cargo la gestión de la obra social. Ésta administra diversas actividades, las más vistosas y propagandísticas —los Caixa Fórum— y las menos vistosas pero socialmente relevantes —las políticas sociales—. En Catalunya, en la medida que se ha reducido el gasto público social se ha apelado a la Caixa para realizar una política más activa. Y resulta palpable que allí donde interviene impone sus propios criterios, produciendo el efecto de que parte de las políticas sociales, lejos de estar diseñadas a partir de un debate social abierto, se orientan por lo que deciden los tecnócratas de la Fundació la Caixa. Falta por analizar los sesgos que generan estas decisiones.
Criteria es cabeza de un holding que controla empresas con un papel social clave y que, como veremos, condicionan aspectos esenciales de los servicios públicos locales.
En primer lugar está Abertis, gestora de la mayor parte de las autopistas del país y de un volumen creciente de redes y satélites de comunicación (este negocio lo inició cuando se privatizó Retevisión, la red pública de emisión de señales de telecomunicación). Abertis es rentable por el nivel de sus peajes (recientemente se ha abierto una investigación al respecto en sus filiales francesas) y su capacidad de alargarlos, cuando está próximo su vencimiento, a cambio de ampliar algún tramo de autopista. Si se tiene en cuenta que una de las cosas que ha ayudado a radicalizar el nacionalismo catalán ha sido la proliferación de peajes en Catalunya, en comparación con otras zonas, no cabe duda que Abertis ha contribuido poderosamente a alimentar recelos.
En segundo lugar aparece Saba, dedicada a la gestión de aparcamientos urbanos y espacios logísticos. Otro negocio rentable que corría peligro de naufragar en Barcelona a causa del fin de la concesión. Saba jugó sus bazas y consiguió un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona, en manos de CiU, por el que se crea una empresa mixta (controlada por Saba) que gestionará los aparcamientos más rentables de la ciudad.
En tercer lugar Gas Natural Fenosa, una de las grandes energéticas del país, empresa que consiguió impulsar un ambicioso plan de gasificación (que se ha mostrado excesivo y entre uno de cuyos efectos colaterales estuvo la construcción de la plataforma Castor que ahora pretenden que nos cueste 1.350 millones) y que mantuvo una clara actitud de hostigamiento a la difusión de energía eólica en Catalunya.
En cuarto lugar figura Suez Environment, la multinacional francesa del agua. Una participación reciente, producto de la venta a Suez de las acciones que la Caixa mantenía en Agbar. Esta es una de las operaciones que explican más la desposesión. Agbar, la empresa privada (controlada inicialmente por la Caixa y Suez) que por tiempo inmemorial había gestionado el suministro del agua en Barcelona, tenía el permiso caducado y corría el peligro de que se produjese una municipalización del servicio tal como ya ha ocurrido en Berlín y París. Después de un largo y oculto proceso conspirativo, la empresa consiguió que CiU y PSC se pusieran de acuerdo en crear una empresa mixta (con el 80% controlado por Suez) que gestionará el suministro y el tratamiento del agua residual de veinte municipios. Todo lo que sabemos apunta a que no se planteó ni siquiera un concurso de empresas que quisieran formar parte de esta nueva corporación por temor a que pusiera al descubierto el exceso de costes que Agbar carga a nuestro recibo del agua, y que los activos que aporta Agbar a la nueva compañía han estado claramente sobrevalorados. Un verdadero robo a la población. Pero éste sólo ha sido el principio. Con posterioridad, la Generalitat ha decidido ceder a esta nueva empresa la gestión de gran parte de las actividades que venía haciendo la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y ha autorizado a Agbar a crear una filial que realizará las tareas de intermediaria financiera. Con toda esta transición atada, la Caixa ha anunciado que toma el 15% de la nueva empresa (Aigües de Barcelona). Los efectos de toda esta privatización han sido inmediatos: las entidades metropolitanas han aprobado un aumento del 2% de las tarifas para el año próximo alegando entre otras razones “que se ha rebajado el consumo”. Y, con todo, la voracidad de Agbar-Suez-Caixa es insaciable y siguen pleiteando para hacerse con el control de la privatizada Aigües Ter Llobregat (la empresa que gestiona la traída de aguas al área de Barcelona desde las altas cuencas). En definitiva, toda una voluntad de control completo del ciclo del agua en Catalunya, Un proceso que bien puede generalizarse a otras Comunidades donde el grupo tiene una presencia importante.
Criteria participa además en el grupo hospitalario privado Vithas, en el grupo inmobiliario Servihabitat y en Mediterranean Beach & Golf Club, un centro de recreo junto a Port Aventura (de hecho es uno de los grandes propietarios de suelo sobre los que se promueve la construcción del complejo de casinos Barcelona World).
Caixa Bank es, en este sentido, un grupo bancario más ortodoxo, con cierta presencia internacional (el portugués BPI, el austríaco Erste Bank, el francés Bousarama, el mexicano Inbursa y el oriental Bank of East Asia). Pero su impronta social tampoco es inocua. Como propietario de una de las mayores aseguradoras de salud del país (Segurcaixa Adeslas) es claramente favorable a la privatización de la sanidad, o de parte de ella.
Y hace pocos días acaba de obtener el control de otra actividad clave de la vida cotidiana de Catalunya: la gestión del nuevo sistema tarifario del transporte público. Una operación clásica del modelo “smart city”. Con la excusa de introducir un cambio que mejora la eficiencia, se cuela una costosa operación que beneficia a un grupo privado concreto. No deja de ser curiosa la forma como se ha gestionado este proceso. Primero la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) abrió negociaciones privadas con cinco consorcios sobre la introducción del nuevo sistema. Posteriormente, se abrió el concurso pero en la fase final sólo se evaluó al ganador (es posible que los rivales no se presentaran o se retiraran, pero lo cierto es que la evaluación final solo tenía un candidato). El consorcio ganador, en el que figuran las tecnológicas Indra y Fujitsu y el grupo Moventis (uno de los mayores operadores de transporte público en Catalunya) será el encargado no sólo de poner en marcha el nuevo sistema de pago (el cual requiere una fuerte inversión que sin duda se cargará a las nuevas tarifas), sino que además lo gestionará, lo que supone de facto dejar bajo el control de la Caixa la liquidez que genera el transporte urbano en toda Catalunya. Por si esto no bastara, esta última semana se anunció que la Caixa lidera el consorcio de la nueva financiación de la ATM, una entidad ampliamente endeudada debido fundamentalmente al recorte de financiación por parte de Gobierno central y Generalitat. Las fuertes alzas de los últimos años van a continuar, porque ya nos han explicado que este acuerdo financiero en la práctica pone el control de la política tarifaria bajo el poder de los acreedores.
La Caixa es un ejemplo bastante completo de cómo una combinación de decisiones políticas ha permitido que un puñado de notables se haga con el control absoluto de un gran grupo financiero y de buena parte de los servicios esenciales de la comunidad. No ha seguido el mismo modelo que el desguace y robo de la economía rusa, pero se emparenta con ella. El resultado final es que un grupo financiero incontrolable tiene el poder sobre decisiones básicas de la comunidad. Lo ha vivido en directo mucha gente en los tiempos recientes, no sólo la que se ha movilizado en contra de los desahucios y por la recuperación del dinero evaporado en las preferentes. También los activistas de Aigua És Vida que han denunciado el regalo de la gestión del agua a Agbar y el encarecimiento injustificado de las tarifas. O la red contra la pobreza energética, que ha podido mostrar la injusticia social de los cortes de agua y luz a familias sin recursos y la opacidad de estas compañías a la hora de aplicar los “bonos sociales”. O los activistas de Stop Pujades y sus aliados, que han identificado en el poder financiero la causa principal de un sistema tarifario social y ecológicamente injusto.
Con la Caixa, con sus tentáculos, con el modelo de sociedad que está construyendo, topamos a menudo. Quizás la vía de la independencia catalana pasa porque la Caixa complete la compra del país y ayude con ello a reducir el déficit del estado español. Porque lo que es cierto es que el grueso de la población hace tiempo que hemos perdido el control sobre recursos y servicios básicos. Y no nos hemos dado cuenta que una parte sustancial del esto nos ha sido desposeída por las élites locales. Aunque seguramente el caso de la Caixa sea más un ejemplo de lo sucedido en otros muchos lugares que no un caso excepcional. Es un episodio más del capitalismo de saqueo que inauguraron Pinochet, Thatcher y Reagan, y que se ha acelerado tras la última debacle financiera.
¿Capitalismo de amiguetes o simplemente neoliberalismo ibérico?
Al calor de los numerosos escándalos de corrupción y de los problemas que experimenta la economía española se ha ido abriendo camino la idea de que una parte de los problemas del país se debe a nuestra peculiar estructura económica, en la que prima un capitalismo de amiguetes donde los grandes negocios están directamente ligados al poder económico. En este balance coinciden, en parte, algunos sectores alternativos, los liberales radicales (esa gente tan habitual en las páginas salmón y en las de opinión de El País) y buena parte de las corrientes independentistas catalanas. La versión radical es con todo la más sofisticada, al partir de una cultura engendrada en los tiempos de la lucha antiglobalización que ha permitido entender que las puertas giratorias, los grandes medios de presión empresariales y el poder de las multinacionales son elementos estructurales de lo político. Aunque, cuando se rebaja la diagnosis de los problemas del país al predominio de la “casta”, se cae, en parte involuntariamente, en la trampa liberalicida.
Para los neoliberales, la referencia al capitalismo de amiguetes es interesada. Si todos los problemas del país se concentran en un poder político demasiado poderoso que otorga prebendas a unos pocos, la economía tiene fácil mejora: basta con liberalizar los mercados y reducir el poder político.
Lo que he escrito arriba sobre la Caixa es un buen ejemplo para ilustrar lo que ocurre con las liberalizaciones. Y se pueden encontrar otros muchos. La sencillez del análisis neoliberal es que ignora todas las complicaciones del mundo real que complican sus simplistas esquemas (algo que la mayoría aprende a hacer estudiando en la mayor parte de facultades de Economía). Para los nacionalistas catalanes la cosa es más simple: lo de los amiguetes es simplemente una cosa de Madrid, aquí todo es diferente. De ahí que si nos independizamos nos liberaremos a la vez del poder político central y de los amiguetes. Vuelvo a ceñirme a la historia de la Caixa, aunque también aquí podríamos contar muchas otras.
Sin duda que en la tolerancia con la corrupción influyen el marco institucional local y la tradición cultural. Pero cuando se analiza el conjunto de la economía moderna contemporánea y se repasa la historia del país, el argumento pierde bastante peso.
La historia local muestra que esta relación entre capital privado y sector público no es nueva. De hecho, los grandes grupos del poder económico español se gestaron en muchos casos al calor de la dictadura. Baste recordar el papel del statu quo financiero que modeló el oligopólico sistema bancario, o el origen histórico de las grandes constructoras. La misma historia que se repite a escala local cuando se analiza el origen de algunas grandes fortunas. La relación entre poder político y capitalismo es endémica, especialmente en el núcleo central, y no puede dejar de serlo por el simple hecho que los grandes negocios suelen estar asociados a actividades que por su dimensión exigen una importante regulación, o simplemente porque se trata de suministros al sector público.
Cuando de la historia local se pasa a la internacional las cosas cambian poco. Acabo de hacer mi ejercicio anual de revisión de la lista de las 500 mayores empresas mundiales que publica Fortune. Como cualquier clasificación de este tipo, seguro que contiene errores, pero da una idea aproximada de qué empresas dominan el mundo. Hace unos veinte años predominaban las de tipo industrial, que hoy son claramente minoritarias. El sector financiero (banca, seguros) copa una parte importante de los puestos. El otro gran sector son los servicios colectivos: electricidad, gas, telefonía, transporte, gestión de infraestructuras… Muchas de las compañías que aparecen tienen su origen en las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado. Las empresas españolas que aparecen en esta clasificación (Santander, BBVA, Mapfre, Iberdrola, Repsol, Gas Natural Fenosa, ACS) no son esencialmente diferentes que las líderes de la mayoría de otros países con presencia en el ranking. Incluso puede constatarse que una parte no desdeñable de las empresas “industriales” que aparecen tienen una relación directa con las compras y las regulaciones públicas, como es el caso de las que producen equipos militares, o como las farmacéuticas. Quizá la mayor diversidad de actividades viene de la numerosa presencia de empresas chinas, pero en este caso se trata en su mayoría de empresas controladas por el gobierno, o sea de un capitalismo no liberal. Y es que el capitalismo de la fase neoliberal se ha basado precisamente en la financiarización, la paratización del sector público y el control de los flujos, y no en la producción competitiva (actividades cuyo control se realiza desde las grandes cadenas de distribución, los grandes contratistas de obras, o los ensambladores de coches, generando unas estructuras productivas en las que el resto de actores juega un papel subordinado). Poder político y gran capital están hoy más relacionados que nunca en todas partes. No sé si les unen grandes lazos de amistad, pero no parece que la vía de debilitar aún más la democracia nos vaya a librar de monopolios. Más bien parece que el siguiente paso que tratan de imponer los grandes monopolios (por ejemplo, visible en la negociación del TTIP) es un marco institucional que directamente les dé el poder de diseñar las instituciones a la medida de sus intereses.
Si del análisis estructural pasamos al de la corrupción, la diferencia española es más de grado que cualitativa. Un pequeño repaso a la crónica de crímenes económicos de los años recientes (los que hemos podido leer en la prensa local) indica que los mismos tipos de corrupción se han dado y se siguen dando en muchos países vecinos. Empezando por los continuos sobresaltos que proceden del sector financiero en forma de blanqueo de dinero, manipulación de mercados etc. O siguiendo por el tan tradicional tema de los sobornos que, por poner ejemplos, en los últimos años han llevado a los tribunales a empresas tan serias como las francesas Alstom, Dassault, Total, la británica BAE Systems o las alemanas MAN y Siemens. No es casualidad que, en el último escándalo de la semana, una de las principales empresas implicadas sea una filial del Grupo Suez (otras subsidiarias del grupo ya han aparecido en otros casos). Los políticos corrompidos son locales, pero entre los corruptores suelen aparecer grandes grupos empresariales. La financiarización, los suministros públicos acrecentados en la era de las privatizaciones y el urbanismo generan problemas en todas partes. Y estos van a subsistir mientras no se produzcan cambios de calado en estos espacios.
Con ello no quiero minimizar el nivel de corrupción del país. Lo diferencial es aquí que ningún político dimite cuando se destapa algún escándalo y prácticamente nunca cuando se trata de alguien que está en primera línea. Es el reflejo de la prepotencia de unas élites que ganaron una guerra a su propio pueblo y siguen recordándole su derrota. Una actitud que no es privativa de Madrid sino que abarca a todas las élites en el poder, como ha puesto en claro el comportamiento de Pujol. Cambiar este estado de cosas no es una tarea moral (aunque la defensa de la honestidad, la transparencia, la democracia ayudan a crear un clima). Es una tarea de reformas estructurales en el funcionamiento de la economía. Un cambio no sólo local sino global. Aunque cada cual tiene que cumplir con su parte de trabajo. Mientras la respuesta a la corrupción se limite a los códigos éticos seguirán sucediéndose los escándalos. Porque éstos son un constituyente inevitable del capitalismo en general y, especialmente, de su fase neoliberal.
*Albert Recio es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Comité Científico de ATTC España. Activista vecinal del distrito de Nou Barris, Recio es articulista de las publicaciones Mientras Tanto y Revista de Economía Crítica.
