Todo el mundo lo sabía, la función del PP en el gobierno no era generar empleo o defender los intereses de la mayoría de la población, sino garantizar el pago de la deuda pública y someter la soberanía del Estado español a los dictados de la Unión Europea y de los mercados financieros (ellos, ¡tan españoles!). Y así ha sido.
El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, implica una serie de cambios en la legislación laboral de enorme relevancia:
1. Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días / año, con un límite de 42 mensualidades, a 33 días con un límite de 24 mensualidades.
2. Se crea un nuevo contrato indefinido con un periodo de prueba de 1 año.
3. Se facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, salario, horario y distribución del tiempo de trabajo, trabajo a turnos, entre altas condiciones.
4. Se elimina la autorización administrativa a los despidos colectivos, lo que abrirá la puerta a expedientes injustificados. Supone en la práctica la generalización de las indemnizaciones de 20 días.
5. Se prioriza el convenio de empresa frente al sectorial en las materias determinantes de la relación laboral (lo que significa que el convenio de empresa podrá regular condiciones inferiores al del sector).
6. Se podrá despedir por faltar 9 días justificadamente (por enfermedad o accidente no laboral) en un periodo de 2 meses.
Y eso es sólo un resumen. La mayoría absoluta del gobierno Rajoy garantiza que no habrá cambios sustanciales en el texto de esta reforma que, además, contará con el apoyo de CiU, que ya ha avanzado, en palabras de Duran i Lleida, que «la reforma laboral que plantea el gobierno está bien orientada «. Así que, de nuevo, el Congreso de los Diputados vuelve a demostrar que no es otra cosa que un altavoz de los intereses del capital y la patronal (CEOE y CEPYME «valoran positivamente la Reforma Laboral aprobada en el Consejo de Ministros.»). En consecuencia, no nos queda nada más, a la mayoría de la población que vamos a sufrir los efectos de estas medidas y de las que vendrán, que organizar la resistencia.
Pero hay que decirlo, Rajoy ya sabía que esta reforma le costaría una huelga general y está dispuesto a asumirla. Así que, sería necesaria una movilización sostenida en el tiempo capaz de poner contra las cuerdas al gobierno y al propio entramado económico-institucional y tumbar esta contrarreforma para ir más allá, hacia un cambio de modelo. Porque querer defender las concesiones del estado del bienestar dentro del campo de juego marcado por el parlamentarismo y el capitalismo se revela como una utopía (pocas cosas hay tan patéticas y, al mismo tiempo, tan heroicas y envidiables como las imágenes del pueblo griego tratando de asaltar el Parlamento. Edificio donde hace ya tiempo -y quizás nunca- no reside la soberanía nacional)
Pero, ¿con qué mimbres se puede construir esa resistencia y esa movilización sostenida? La realidad es que las organizaciones sindicales mayoritarias y el gran partido socialdemócrata están absolutamente desacreditados. Las primeras han sido desautorizadas y públicamente despreciadas por el gobierno que ha legislado pasando por encima del acuerdo sindicatos-patronal firmado el 25 de enero. Y eso implica negar el estatus de agentes sociales a los sindicatos y, al mismo tiempo, cuestionar el último papel que estos se habían arrogado ante la clase trabajadora para justificar su necesidad histórica: la de negociar las pérdidas de derechos para hacerlas más suaves. El mensaje que ha lanzado el gobierno es claro: si los sindicatos, que han abandonado toda expectativa de defender el estado del bienestar y los derechos de los trabajadores y trabajadoras organizando e incendiando el conflicto social en la calle a cambio de una estrategia de negociación y paz social, ya ni siquiera juegan ese papel, ¿para qué sirven? Los mismos sindicatos, atrapados en una dinámica de acomodación dentro de las estructuras del estado, no tienen nada clara la respuesta y por eso asistimos al espectáculo de ver dos viejos líderes sindicales dudando respecto a la convocatoria de una huelga general que es la acción mínima que se les reclama. Pero, ¿cómo movilizar ahora a una clase trabajadora acostumbrada a ver fotos de los dirigentes sindicales dándose la mano con la patronal?, ¿cómo lanzar a la lucha a unos trabajadores y trabajadoras que tantas veces han visto como desde las estructuras sindicales se frenaban convocatorias de huelgas en empresas mientras se firmaban desde arriba acuerdos vergonzosos? Tienen miedo. Y no es extraño, porque el gobierno espera con ansia una convocatoria de huelga general que sea un fracaso para poder hundir definitivamente a los sindicatos (y no nos engañemos, los sindicatos minoritarios no tienen suficiente estructura y madurez para ocupar el espacio de las dos grandes centrales sindicales que tienen encuadradas a la gran mayoría de los trabajadores afiliados).
Y respecto al PSOE, poco que decir. Su gestión de la crisis, que abrió el camino a las medidas que está adoptando estos días el gobierno del PP, y su ligazón simbiótica al capital, desde el Congreso de Suresnes como mínimo, lo sitúan objetivamente como uno de los obstáculos a sobrepasar y no como una solución. Desgraciadamente, la necesidad que tiene el sistema de disponer de un partido «de izquierdas» con posibilidades de servir de recambio en el gobierno a la derecha ha hecho que buena parte de la clase trabajadora aún considere sentimentalmente al PSOE como un partido de clase, cuando la historia reciente nos enseña que no es este su papel, sino el de hacer más pacífica la dictadura del capital mediante una apariencia de democracia formal.
Respecto a los movimientos sociales, sean viejos o nuevos, aún están lejos de poder convocar movilizaciones sostenidas con objetivos políticos definidos y que puedan arrastrar a la mayoría de la población.
Y, ¿entonces qué? Las viejas fórmulas repetidas como mantras a falta de nada mejor: proceso de acumulación de fuerzas, desenmascarar las fórmulas reformistas caducadas, recuperar la radicalidad de la teoría y la acción, cuestionar el papel central de las instituciones en las estrategias de oposición… Por supuesto que sí, pero mientras tanto, nos siguen cayendo encima contrarreformas que harán más difícil la construcción de una alternativa sistémica radical.
