El Consejo Político de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) ha llamado a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si éste anula la Ley de Consultas que fue aprobada por mayoría en el Parlamento
El Consejo Político de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) ha llamado a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si éste anula la Ley de Consultas que fue aprobada por mayoría en el Parlamento Catalán. Dicha ley busca dar amparo jurídico a la consulta soberanista del 9 N, y el gobierno del PP ya ha declarado que recurrirá la ley, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, sin esperar a que el presidente Artur Mas convoque oficialmente el referéndum. La CUP proclama que desobedecer al TC es obedecer al 80 % de apoyo social que tiene la consulta, según la formación independentista, y al 80 % de apoyo de los partidos que conforman el Perlament.
El diputado David Fernández y la diputada Isabel Vallet fueron los encargados de comunicar a la prensa esta decisión, por otra parte conocida, que llama a la desobediencia civil e institucional ante la más que previsible prohibición de celebrar la consulta que, David Fernández, calificó como: “El mayor ataque a la democracia que ha sufrido Catalunya desde el final de la dictadura franquista”. Fernández abundó en su conocida tesis de que desobedecer a las instituciones españolas es obedecer a la mayoría de los representantes de la soberanía popular que conforman el parlamento catalán, y a una mayoría social que se expresa en las calles y en las más de 3.000 organizaciones ciudadanas, políticas, sindicales y vecinales que apoyan el derecho a decidir, y a los ciudadanos, de toda clase y condición, que han llenado las calles de Barcelona pidiendo que se les deje votar y decidir su futuro. El diputado independentista anunció que para la CUP: “No se contempla ninguna opción que no sea la celebración de la consulta del 9 N, ya que es imprescindible, irrenunciable e inevitable; ahora hace falta hacerla irreversible”. Para Fernández era sabido que no habría una salida británica al conflicto del Estado español con Catalunya: “Mientras en Escocia ha habido urnas, referéndum, debate y resultados, el Estado español ofrece código penal, fiscalías de guardia, tribunales constitucionales con rango inquisitorial y suspensión de la autonomía”. Fernández recordó los partidos que han firmado la Ley de Consultas, ERC, CiU, ICV, la propia CUP y el PSC, aunque éste último, a través de su primer secretario Miquel Iceta, en la Fiesta de la Rosa, recordó que ellos defienden una ley de consultas no refrendaria, que pueda mejorar la participación ciudadana, pero que no sirve, según Iceta, para convocar el referéndum del 9 N. Podemos Catalunya y la formación de Ada Colau, Guanyem Barcelona también, según Fernández, apoyan la desobediencia ante la prohibición de la consulta. Para el dirigente de la CUP: “Prohibir la consulta nace de la voluntad política del Estado español, pero hacerla o no hacerla también es una cuestión de la voluntad política catalana. Todas las garantías democráticas ya están: técnicas, logísticas y políticas. Para nosotros, la normalidad democrática no sería acatar la prohibición, sino no hacer la consulta. Las garantías democráticas se las cargará no el Estado de Derecho, sino el derecho del Estado con una voluntad de prohibición y persecución de la soberanía política popular del pueblo catalán”.
CAMPAÑA: “DESOBEDECEMOS”
La diputada Isabel Vallet anunció la campaña por la desobediencia que el pasado fin de semana tuvo el pistoletazo de salida en el llamado Compromís de Gramanet, documento firmado en un acto público en Santa Coloma de Gramanet por 9 organizaciones políticas, 5 sindicatos y 50 organizaciones cívico-ciudadanas. Vallet también anunció que se están impulsando en todos los ayuntamientos catalanes mociones de apoyo a la consulta. Por su parte, la Xarxa Referèndum 9N(de la que forma parte la CUP) ha hecho público un plan de acción que, entre otras cosas, llama a los ciudadanos a concentrarse delante de las instituciones catalanas, ayuntamientos, delegaciones de la Generalitat, etc. a las 20 horas del día que se haga público la impugnación de la Ley de Consultas por parte del gobierno del PP.
