La CUP-Crida Constituent ha reaccionado este martes al anuncio del consejero de salud de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín, de comprar el Hospital General de Catalunya, propiedad de Fresenius Helius pero aún en manos de Quirón Salud. “El hospital está más que pagado”, ha asegurado ante los periodistas del Parlament la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, antes de exigir la cesión del equipamiento a la Generalitat.
Según Reguant, el centro de salud ya ha sido rescatado de manera encubierta con dinero público “a lo largo de su historia” (este significaría el rescate definitivo); por lo cual la CUP reclama una auditoría que aclare la cantidad de dinero público invertido en el hospital “mientras Quirón Salud seguía ganando beneficios”.
“Siempre hemos defendido un sistema de salud 100% público”, ha reclamado la diputada, que ha aprovechado la ocasión para pedir a la consejería de salud que aclare cómo pretende llevar a cabo la compra del Hospital General de Catalunya. En este sentido, Reguant ha exigido saber cómo quedarán afectadas las mutualidades si el hospital acaba siendo público: “si siguen funcionando -ha dicho- se generarán dos listas”, cosa que dotará de “privilegios” a algunos en el marco de “un servicio público i básico”. I és que dice la CUP que el error ha sido centrar el debate en “la compra de un edificio” en lugar de en el hecho de que se lleve a cabo bajo la directiva de garantizar un servicio totalmente público con aspectos tan básicos como facilitar la llegada del transporte público al recinto. “Es el momento de promocionar la sanidad pública”, ha concluido Reguant en referència a cuando -el 2011- el exconsejero de salud catalán, Boi Ruiz, recomendó a los ciudadanos hacerse una mutua privada.
Al inicio de la comparecencia, el diputado de la CUP Albert Botran ha aprovechado para mandar un mensaje de apoyo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya admitido a trámite la querella de Fiscalía contra ella por haber permitido votar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Su apoyo también se ha extendido al concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, que decidió no declarar ante la Audiencia Nacional que le había citado por un presunto delito de incitación a la sedición y al Ayuntamiento de Badalona por estar “en el punto de mira del estado” tras actuar “con independencia, coherencia y sin miedo”.
