El Informe que lleva este título “Diagnostico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014” analiza las políticas de empleo que ha llevado a cabo la Administración española en los últimos años.
Deberían ser políticas para hacer frente a la mayor amenaza a la cohesión y al bienestar que se registra desde hace muchas décadas, es decir, un desempleo prolongado que llega a superar el 25%, con pocas perspectivas de disminución a corto-medio plazo. En los países desarrollados, las políticas de empleo implican intervenir con normas, con inversiones públicas en la economía, con apoyos a los parados. Su objetivo es disminuir el desempleo y fomentar la creación de empleo de calidad al que los desempleados puedan optar. ¿Ha sido así en España en estos años?
El Informe pone de manifiesto que la reforma de la normativa laboral ha posibilitado la destrucción de empleo indefinido que, desde finales de 2013, es substituido por empleo temporal, con una rotación muy elevada, y por empleo a tiempo parcial en proporción nunca antes conocida en España. La razón está en que la reforma incrementa las opciones de despido procedente y debilita los derechos laborales, pues la negociación sectorial queda por debajo de la negociación de empresa y se conceden a las empresas amplias posibilidades de descolgarse de los acuerdos de convenio, incluso en el salario. Por ello la recuperación económica –innegable en términos de PIB– es generadora de empleo muy precario, sin olvidar que más del 60% de los parados ya son de larga duración y tienen grandes dificultades de encontrar empleo. El 78,7% de las personas que han accedido a un empleo en 2014 tienen contrato temporal, en buena parte de breve o muy breve duración. En este contexto, las políticas industriales aplicadas no han contribuido a transformar la base de especialización de la economía española y el nuevo crecimiento está teniendo lugar, sobre todo, por una recuperación del modelo anterior, lo que sugiere la posibilidad de reaparición de los problemas y de límites a la expansión del empleo, aun del precario.
Si pasamos a las políticas del mercado de trabajo, cabe señalar que la cobertura del desempleo está bajando desde 2010, de manera que en 2014 sólo un 20% de los parados contabilizados por la Encuesta de Población Activa reciben prestaciones y otro 24% subsidios de 426€ (siendo éstos temporales y condicionables por el gobierno); pero 2,5 millones no tienen ningún tipo de apoyo por desempleo. Por otro lado, los recursos que se dedican a la reinserción de los parados –las llamadas políticas activas– se han visto reducidos a poco más de la mitad con respecto a 2011; y, lo que resulta el indicador más relevante, la media de gasto en la UE-28 por punto de paro es del 0,18% del PIB y en España del 0,11%. Ello comporta que los recursos descentralizados al territorio han sufrido una rebaja aún más drástica. Consecuencias de los recortes: los parados que participan en la formación no superan en mucho, en 2014, los que se formaban en 2007, aunque sí han crecido bastante los ocupados que se forman en las empresas. Las subvenciones a la contratación que se ofrecen a las empresas, el capitulo más importante de las políticas activas, han adquirido cuatro características básicas: las subvenciones no llevan a contratos fijos sino a temporales; una gran parte se paga a costa de las cuotas de la Seguridad Social no de los Presupuestos, con lo que se recorta el fondo de reserva de las pensiones; además siguen radicalmente centralizadas en su diseño e implementación; finalmente, se mantienen desvinculadas de las políticas de formación.
Las políticas dirigidas a los jóvenes han puesto en marcha dos iniciativas: la Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016, y el sistema nacional de Garantía juvenil, siguiendo la propuesta de la Comisión y contando con 1.800 millones de la UE. Ambas medidas ponen el énfasis en el fomento del empleo (a través de medidas de incentivación a la contratación) del autoempleo y del emprendimiento. Sin embargo, ninguna de las dos políticas parece haber tenido un impacto significativo en la creación de empleo –con la excepción de un autoempleo muy volátil-, especialmente si nos referimos a empleos estables y de calidad. En el programa de Garantía Juvenil, 7 de cada 10 contratos bonificados son temporales. Por lo que a las mujeres paradas se refiere, más allá de objetivos teóricos sobre igualdad de oportunidades, sin medidas concretas, la “política de empleo” que se les está ofreciendo es el empleo a tiempo parcial; más de 60 de cada 100 empleos de ese tipo creados estos años van a las mujeres.
El diagnóstico compara la situación española con la de varios países de la UE y ofrece los resultados de un cuestionario Delphi a expertos y de una serie de entrevistas a gestores públicos. De todo ello se derivan sugerencias que podrían mejorar la eficacia de las políticas de empleo. En primer lugar, la inversión y el apoyo público podrían jugar un papel clave en la creación de empleo a corto plazo y en la consolidación de un modelo productivo más sostenible a medio plazo. Los recursos de esta inversión pública pueden venir de la reforma fiscal, de la lucha contra el fraude fiscal, y de acuerdos europeos para ralentizar el ritmo de disminución del déficit. Sin esta inversión pública no es posible revertir una situación que es dramática. No podemos ignorar que hay 1,6 millones de parados que superan los 45 años y que lo tienen muy difícil si no hay una acción pública extraordinaria. Tampoco es fácil la inserción del 1,4 millones de parados menores de 30 años. Por supuesto, el mercado tiene que ser el principal protagonista, pero la Administración puede jugar un papel activo en el impulso de un nuevo modelo productivo. La regulación del mercado de trabajo debería tornar a propuestas negociadas con los actores sociales, devolviendo su papel a la negociación entre aquellos, retirando facultades de intervención unilateral que la reforma ha dado a las empresas y garantizando derechos laborales básicos.
La administración local, la más cercana al mercado de trabajo, debería contar con un volumen mucho mayor de recursos para políticas activas, puesto que puede jugar un papel muy relevante al ser la más cercana a la empresa (pequeña y mediana) y a los desempleados. Además, no es de recibo que tenga que competir con entidades privadas para conseguir programas de formación, intermediación y otros, lo que ciertamente no obsta a que se someta a todos los controles necesarios por parte de la Administración superior. La política de formación, si se vincula a los esfuerzos por un modelo productivo más estable, es clave para la reinserción. La política de fomento a la contratación puede ser útil si va acompañada de formación y seguimiento de los contratados y aún más si va dirigida a los colectivos con menos oportunidades. En general, cabe decir que las políticas activas no cumplen con la orientación de la Comisión Europea que pide sean evaluadas, por parte de instituciones independientes, con el fin de verificar su eficacia, porque estamos hablando de recursos públicos que deben estar bien gastados. Pero en España no existe esa evaluación.
Las políticas activas y pasivas podrían estar más vinculadas, aunque manteniéndose las garantías básicas de los parados. Con ello queremos decir que para los parados de larga duración puede que no haya otra salida que subsidios de empleo más elevados con contrapartidas de formación y trabajo a tiempo parcial en actividades útiles para el bien común, poco competitivas en el mercado o en actividades que desarrolle el tercer sector u otras similares. Obviamente con los controles adecuados, también de los sindicatos, pero sin olvidar que o se innova y se toman iniciativas o muchos parados están condenados a volver a la inactividad y a nutrir las filas de la pobreza ahora y cuando se jubilen.
Más allá de las políticas de empleo propiamente dichas, hay cuestiones claves para una recuperación seria, en las que normas legales y la negociación colectiva pueden jugar un papel importante: por ejemplo, incrementar el salario mínimo, reducir drásticamente la temporalidad, dar voluntariedad al empleo a tiempo parcial, trabajar en serio contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Todo ello fortalecería la capacidad adquisitiva de muchas personas y con ello la solidez de las empresas y de la fiscalidad. Recortar derechos laborales, recortar inversiones públicas y no jugar un papel activo en la consolidación de un modelo productivo más estable y más sostenible, posiblemente nos dará salidas débiles y temporales de la crisis, pero consolidará una sociedad cada día más dualizada.
El “Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014”, ha contado con el apoyo de la Obra Social de “la Caixa”.
*Informe coordinadopor el catedrático emérito de sociología Fausto Miguélez, junto con los sociólogos Ramón de Alós, Pilar Carrasquer, Andreu Lope, Óscar Molina, Joan Rodríguez-Soler, Joan Miquel Verd y Alejandro Godino, el economista Albert Recioy el jurista Albert Pastor, todos ellos pertenecientes al Institut d’Estudis del Treball de la UAB, . El diagnóstico compara la situación española con la de varios países de la UE y ofrece los resultados de un cuestionario Delphi a expertos y de diversas entrevistas a gestores públicos.
Para consulta: https://ddd.uab.cat/record/142865
