Mientras los consulados de Argentina en el mundo abren sus puertas para que familiares y víctimas del franquismo puedan presentar sus testimonios y querellas, la Fiscalía española se niega a acatar la orden de detención internacional contra cuatro policías torturadores acusados de torturas durante la dictadura.
Ya informamos en Rambla cuando se solicitaron las imputaciones de nueve franquistas, que la juez argentina María Servini de Cubría había solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país que abrieran las puestas de sus consulados en el mundo para que recogieran y tramitaran las denuncias y testimonios de las víctimas que están presenten, o quieran estarlo, en la llamada Querella argentina contra los crímenes del franquismo.
Después de seis meses, el citado Ministerio ha habilitado sus sedes consulares en todo el mundo para recibir dichas denuncias, según fuentes judiciales argentinas consultadas por el diario El País. Como ya informamos, son más de 300 los querellantes y cientos las organizaciones que conforman la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella (CeAQUA). A las plataformas territoriales andaluzas, asturianas, catalanas, madrileñas y vascas, se las ha unido recientemente la plataforma argentina que el pasado día 3 de septiembre se reunió en la Federación Gallega de Buenos Aires.
La orden internacional de detención extradición contra torturadores del franquismo, tres policías y un guardia civil, que la juez Servini emitió a la INTERPOL, se ha topado con el muro de la Fiscalía española, que lejos de cumplir su misión de auxilio a la justicia y de apoyo al deber de todo Estado de perseguir los crímenes de lesa humanidad –que no prescriben-, echa balones fuera aduciendo que las detenciones preventivas no son necesarias por la “antigüedad” de los hechos y la posible prescripción de los delitos.
También apuntan a la Ley de Amnistía de 1977, ley que consagró el silencio y la impunidad de torturadores y criminales, a cambio de sacar de las cárceles a cientos de presos, que volvieron a sus casas con las heridas de la represión en sus carnes y con unos procesos, consejos de guerra y condenas injustas que nunca han sido suspendidas por el Tribunal Supremo. Y luego están los que nunca volvieron, los asesinados.
El fiscal Carlos Bautista, con estas premisas en contra de acatar las órdenes de detención de los cuatro imputados –hay dos que se cree que ya han fallecido-, ha pasado sus escritos al juez de guardia de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz, que tendrá que tomar la decisión de la detención o no de los imputados.
Si en Argentina se procedió a la anulación de la llamada Ley de Punto Final y de obediencia debida que permitió los procesos de Pinochet y Scilingo, aquí se podría anular la Ley de Amnistía. Aunque son muchos los que prefieren el silencio para las víctimas y la impunidad para los verdugos en aras de mantener los pactos de una transición que ahora se ve que se cerró en falso, los muros acribillados de las prisiones franquistas y las cunetas de nuestra geografía piden justicia y reparación para los verdaderos padres de nuestra débil y maltratada democracia.
