La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía denuncia, en una carta pública, la actitud obstruccionista ante la citada proposición de ley por parte de la mayoría conservadora del Parlament de Catalunya.
La ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía data de finales de 2013, cuando se recogieron 120.000 firmas en apoyo de esta iniciativa popular que reclama una paga social de 664 euros mensuales en doce pagas. La ley se presentó en el plenario del Parlament el 26 de marzo de 2014, y la primera comparecencia no tuvo lugar hasta el 8 de julio del citado año. Hasta hoy sólo ha habido 31 comparecencias de las 80 previstas, por lo que no sería posible tramitar dicha ley antes de que se disuelva el Parlament por las elecciones previstas el 27 de septiembre de 2015. Sobre la Renta Garantizada se aprobaron varias mociones, la última el 27 de noviembre de 2015, en sede parlamentaria, para que se tramitara con carácter de urgencia, cosa que indigna aún más a los portavoces de la Comisión Promotora, Sixto Garganté y Diosdado Toledano. La ILP cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios de la CUP, ERC, ICV-EUiA y PSC.
Para los denunciantes, los representantes de CiU en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración han impedido, a través de tácticas dilatorias, la aprobación de la ILP, y apuntan al responsable último, el presidente de la Generalitat Artur Mas, como el responsable del boicot a esta propuesta de ley ciudadana. La carta de denuncia fue presentada en rueda de prensa delante de las puertas del Parlament, y estuvieron los grupos parlamentarios que la apoyan, salvo los grupos del PP, Ciutadans y CiU. Hasta la fecha son 121 personas que a título individual han firmado la misiva, y más de 50 entidades sociales y cívicas. Entre otras cosas se dice en la carta: “Cuando la pobreza se extiende y se enquista por todos los rincones de Catalunya, y la desigualdad aumenta hasta cotas intolerables (el 1% de la población concentra más riqueza que el 70% más pobre, según denuncia Intermón Oxfam), el gobierno de la Generalitat sigue gobernando por los intereses de los más ricos y da la espalda a las personas y familias más necesitadas y vulnerables”. En otro momento se dice: “La insensibilidad social del actual gobierno se pone de manifiesto en el “olvido” de la cohesión social en su plan para crear estructuras de estado en Catalunya, y en la presentación de los nuevos presupuestos donde la partida contra la pobreza y por la inclusión social es notablemente insuficiente”.
En el acto de lectura de la carta participaron, además de los portavoces de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, María Campuzano, en nombre de la “Alianza contra la pobreza energética”; Domiciano Sandoval, por la “Marea pensionista”; Núria Carrera, del “Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya”; Lluís Rabell, por la “Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona”; Ramón Franquesa, del “Front Cívic de Catalunya”; Llorens Serrano, en nombre de “CC. OO.”; Laura Pelay, de la “UGT”; Ada Colau, en nombre de la candidatura “Barcelona en Comú”; Quim Arrufat, de la “CUP”; Oriol Amorós, de “ERC”; Joan Herrera, por “ICV-EUiA”; Eva Granados, del “PSC” y Jordi Bonet, de “Podem Catalunya”. Entre los firmantes de la carta, además de los citados, se pueden encontrar activistas sociales como Arcadi Oliveres; Itziar González, del grupo impulsor del “Parlamento Ciudadano”; la cantante de blues Big Mama; la monja benedictina Teresa Forcades; Josep Fontana, historiador; Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas; Montserrat Ribas, de “Acción Católica Obrera” o Pepe Baena, de la “Pastoral Obrera de Catalunya”; Albert Batiste, de “ATTAC” o Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional, entre otros.
Los promotores de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía anunciarán movilizaciones y acciones de apoyo de esta ley en el “Fórum de alternativas al paro, la pobreza y la desigualdad” que se celebrará los días 24, 25 y 26 de abril del presente año en el recinto de la Universidad Pompeu Fabra. A pesar de las gestiones de los grupos parlamentarios que apoyan la ILP, los portavoces sólo creen que será la movilización ciudadana, de nuevo, la que puede conseguir que se tramite la ley en el marco de la actual legislatura.
