Este viernes las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la dotación de un ingreso mínimo para todo ciudadano en situación de pobreza, entregan las firmas necesarias para que el proyecto se debata en el Parlament de Catalunya.
Este viernes las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la dotación de un ingreso mínimo para todo ciudadano en situación de pobreza, entregan las firmas necesarias para que el proyecto se debata en el Parlament de Catalunya.
La Renta Garantizada Ciudadana (RGC) da un paso más en el camino que va de la utopía a la realidad. Mañana, viernes, llega al Parlament de Catalunya con 121.191 firmas recogidas y acreditadas para solicitar el debate parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve esta medida como respuesta urgente al riesgo de exclusión social en el que se encuentran, cada vez más, amplios sectores de la población. Desde mediados de 2011 diversos movimientos de trabajadores en paro, sindicatos, partidos y organizaciones sociales de Catalunya han constituido una plataforma para la promoción de una ILP que instara al gobierno de Artur Mas a buscar una solución para las más de dos millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en esta comunidad. En enero de 2013, el proyecto de ley por una Renta Garantizada fue presentado, después de un año de trabajo y con la moción de respaldo de 26 ayuntamientos, ante el Parlamento catalán. Entonces, y muy a pesar del gobierno de CIU que interpuso un informe de oposición para frenarla, la ILP fue admitida a trámite pero, para que fuera debatida en el Congreso, hacían falta todavía 50 mil firmas. Un ayuno de tres días en Plaza Catalunya e intensas campañas informativas durante los últimos meses hicieron que, finalmente, se doblara la cifra estipulada de firmas y se obtuvieran más de 120 mil.
Ahora sí, pues, la pelota pasa al otro campo. La delegación de la Comisión Promotora de la ILP por la Renta Garantizada Ciudadana se entrevistará mañana a la 1 del mediodía con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, para hacerle entrega de las certificaciones y solicitar la agilización de las gestiones para su debate. A las puertas del hemiciclo también se concentrarán, para dar su apoyo, todas aquellas personas y entidades que han hecho posible la iniciativa.
Lo cierto es que Catalunya ya cuenta con una ayuda para quienes no disponen de ingresos suficientes, la Renta Mínima de Inserción (RMI), pero en consonancia con su política de recortes sociales, el Govern sacó un Decreto en agosto del 2011 que limita su acceso. “Ya no es suficiente demostrar que estás sin empleo, ahora un asistente social tiene que constatar que eres una persona con `dificultades de inserción social y laborales añadidas’. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que está claro es el objetivo: impedir que los parados puedan acceder a ese derecho” explica Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ante la previsión de un incremento considerable de las demandas de RMI a raíz de la crisis económica y el disparo de la tasa del paro, el gobierno de Mas decidió cerrar el grifo y supeditar la ayuda a los presupuestos de la Generalitat. Mediante el Decreto 7/2011, la Renta Mínima de Inserción ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una ayuda que sólo se otorgará si hay dinero. “Tenemos más de 5 mil expedientes aprobados que no cobran la prestación porque dicen que exceden el presupuesto de la Generalitat” denuncia Toledano.
La propuesta de la ILP supondría la aplicación de un artículo (el 24.3) que ya está presente en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, por el cual se establece como derecho la percepción de una renta garantizada para quienes se encuentren en situación de pobreza. A diferencia de la prestación vigente, la RGC que las organizaciones sociales están exigiendo no limitaría la duración de la ayuda a 5 años, aumentaría la cuantía de 426 euros para toda la unidad familiar a 664 para cada miembro desempleado y, principalmente, restauraría a este subsidio la condición de derecho inapelable.
Mientras que desde la Generalitat se estima en 3.600 millones de euros el costo de la implementación de la ILP, el informe elaborado por el Catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jordi Arcarons, cifra en 2 millones de euros el dinero público que habría que destinar para esta ayuda. “La Consellera de Bienestar Social de la Generalitat considera que no se dispone de dichos recursos, pero nosotros creemos que es un problema de voluntad política. Este subsidio más que un gasto es una inversión para reactivar la maquinaria de consumo y producción” afirma Isidro Marías, miembro de otra de las agrupaciones que promueven la ILP, la Asamblea de Derechos Sociales de Sant Cugat. Algo a todas luces necesario si se tiene en cuenta que las personas en situación de pobreza severa se han multiplicado en Catalunya y los hogares con todos sus miembros desocupados han crecido, según los últimos estudios de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), hasta la cifra de 267 mil, un 13 % del total, de los cuales más de 91 mil sobreviven sin ingresos, subsidios ni ayudas públicas.
