Un informe reciente de Cáritas Diocesana de Barcelona cifra en torno a 450.000 el número de pisos vacíos en Cataluña. Una cantidad que representa aproximadamente el doble de las familias que necesitan una vivienda asequible en la comunidad autónoma: en torno a las 200.000, según la misma organización. Esta carencia figura entre los mayores obstáculos para que las familias golpeadas con más crudeza por la crisis puedan reconstruir en un futuro cercano su situación económica y reincorporarse con normalidad a unas condiciones de vida dignas.
De los 450.000 pisos vacíos recién citados, alrededor de 100.000 son propiedad de entidades bancarias o de la SAREB (el “banco malo”); otros 80.000 son viviendas de nueva construcción que no han podido venderse, dada la actual situación económica; y hasta 270.000 más pertenecen a particulares que los mantienen cerrados.
Frente a esta realidad se contrapone la estimación del número de familias necesitadas de una vivienda digna y asequible, cálculo realizado por Cáritas Diocesana de Barcelona de dos maneras diferentes. La primera se basó en la detección de necesidades, basada en una suma de cuatro factores: las familias desahuciadas de sus hogares durante los últimos cinco años (50.000 solo en Cataluña, según datos del Consejo General del Poder Judicial), más las inscritas en las listas de solicitantes de pisos protegidos (69.000), más aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social según los servicios sociales (65.000). A los casos anteriores se agrega una oferta oculta –casos no detectados por los servicios sociales– que se calcula en 10.000 casos más. En total, 194.000 familias catalanas que carecen de vivienda o viven en una casa insegura o de condiciones inadecuadas.
La segunda metodología de cómputo partió del estándar europeo de viviendas con alquiler asequible: el 15 % del parque total. Según este porcentaje, Cataluña debería disponer de 440.000 pisos de alquiler público, pero solo cuenta con 60.000, a los que se suman 150.000 de propiedad privada con alquiler reducido (mediante ayudas directas de la administración). Por lo tanto, el déficit de estas viviendas asciende a 230.000. Como puede apreciarse, una cifra semejante a la obtenida con el primer método de cálculo.
Sobre la magnitud e implicaciones de estas cifras charlamos con Tere Bermúdez (Barcelona, 1974), psicóloga de formación y responsable del programa Sense llar ni habitatge (Sin hogar ni vivienda) de Cáritas Diocesana de Barcelona, donde trabaja desde 2007.
La punta del iceberg
Para empezar, nuestra interlocutora nos aclara que estas cifras están calculadas sobre datos oficiales, por lo que seguramente existe una bolsa bastante más amplia de necesitados de una vivienda asequible. Un ejemplo: “Desde Cáritas Diocesana de Barcelona sabemos que muchas familias sin ingresos ni siquiera están apuntadas en el registro de demandantes de vivienda social, puesto que para acceder a esos pisos son necesarios unos ingresos mínimos con los que hacer frente al alquiler mensual.” Un alquiler por debajo del precio de mercado, sí, pero firme igualmente, que excluye del sorteo a quien no tenga ingresos declarados, por mínimos que estos sean. Así pues, “solo conocemos la punta del iceberg” de ese déficit de viviendas.
Nos explica también que la media de vivienda asequible en Cataluña y España apenas ronda el dos por ciento. “Es tan insignificante en la actualidad la construcción de vivienda pública, que ni siquiera computa, de modo que necesitaremos muchos años y una planificación eficaz para alcanzar la media europea.”
Aclarando conceptos: “vivienda asequible” y “persona necesitada de vivienda”
A la pregunta de qué se entiende por vivienda asequible, Bermúdez responde así: “Aquella cuyos gastos no sobrepasan el 30 % de los ingresos familiares.” Pero la definición general tiene sus matices, puesto que ese porcentaje debería reducirse “a un 20 o un 10 %”, según fuera la cuantía de tales ingresos.
Por lo tanto, la definición no depende de la tipología de la vivienda, sino de una relación peculiar de calidad-precio, entendiéndose el primer elemento del binomio por calidad de vida. De ahí que “haya vivienda pública no asequible, a la que se ven forzados a renunciar familias adjudicatarias. El precio de base es fijo aunque su tasación sea inferior a la de mercado; no se calcula en atención a los ingresos concretos de una familia que necesita un piso con determinadas condiciones”. En algunos casos, este problema se solventa con las ayudas que conceden las administraciones, no así en otros.
En cuanto a la caracterización de las personas necesitadas de vivienda, “partimos de la clasificación ETHOS (sigla inglesa de la Tipología Europea de Personas sin Hogar y Vivienda), promovida por la Federación Europea de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar, que contempla cuatro casos: 1) sin techo (personas que pernoctan en la vía pública o albergues públicos); 2) sin vivienda (las alojadas en viviendas tuteladas por los servicios sociales u organizaciones asistenciales); 3) vivienda inadecuada (residentes en asentamientos irregulares, pisos-patera o viviendas sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad); y 4) vivienda insegura (quienes viven bajo amenaza de desahucio o en situación de violencia familiar).”
Al comentar que la suma de todos los afectados potenciales por esta casuística puede representar un porcentaje relativamente importante de la población, se nos insiste en que solo se conocen datos oficiales y, por supuesto, muy parciales. Es decir, que la verdad está ahí fuera, como se decía en una popular serie de televisión: “Con respecto a la ciudad de Barcelona, sabemos que hay 760 personas durmiendo en la calle, 1.400 alojadas en equipamientos para personas sin hogar y cerca de 600 en asentamientos. Con ello tenemos una cifra oficial de gente sin hogar cercana a las 3.000 personas, lo cual es cierto… y no es cierto, porque no incluye a quienes viven en situación de realquiler, están hacinadas en pisos-patera, habitan pisos sin cédula de habitabilidad, esperan la ejecución de una orden de lanzamiento, no pueden salir de sus casas por problemas de movilidad o sufren amenazas dentro de su domicilio.” De nuevo, la punta del iceberg.
Por lo que respecta a las personas pendientes de ejecución hipotecaria (cuyo número no desciende, a pesar de las medidas cosméticas adoptadas por el gobierno central), coincidimos en valorar la existencia de la SAREB como un estímulo para los desahucios, puesto que los bancos reciben dinero público por el bien que previamente han requisado.
“Los bancos –añade Bermúdez– ponen una pequeña parte de sus pisos en alquiler social por una cuestión de imagen, pero se trata siempre de sus propiedades de peor calidad y de las que peor situadas geográficamente están. Es decir, de las viviendas con las que tienen problemas de venta. Una medida tramposa que se disfraza de gran gesto.”
Objetivo gubernamental: acabar con la vivienda pública
La vivienda pública siempre ha sido deficitaria en España, pero esta situación se agravó en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, en especial durante los dos primeros gobiernos del Partido Popular, cuando prácticamente se paralizó su construcción para no hacer la competencia al negocio especulativo. “Durante el boom de la construcción, las autoridades podían haber exigido a los promotores que una parte de cuanto se edificaba fuera destinado a vivienda pública, pero no lo hicieron.”
Por otra parte, en Cataluña y España hay vivienda pública construida y desocupada, “sobre todo en la que se hizo para venta. La solución parece fácil: convertir en pisos de alquiler los que originalmente iban a venderse. Pero no es tan sencillo, debido a las condiciones de licitación que se acordaron con los promotores. Otra de las causas de que existan estos pisos vacíos es que una parte de ellos fueron construidos en zonas con escasa demanda de vivienda; por ejemplo, en ciertas áreas rurales donde mucha gente no puede o no le interesa residir, por distancia al puesto de trabajo o escasez de ciertos servicios públicos.” ¿Será que en estos lugares tan poco solicitados no se contemplaron estos problemas, muestra evidente de inepta planificación, o tal vez se trate de nuevos ejemplos de pelotazo urbanístico? “El pretexto oficial sería mantener el equilibrio territorial, pero carece de sentido en ausencia de demanda.” Que cada cual lo interprete como quiera.
La caridad pública no reconoce derechos
El vacío de conocimiento oficial acerca de la realidad de la pobreza en España contrasta con las evidentes mejoras en los sistemas de control y fiscalización desarrollados por la administración pública durante las dos últimas décadas. Lo cual induce a pensar que la ignorancia en estas cuestiones se debe al desinterés, una sospecha que nuestra interlocutora comparte, “puesto que saber obliga a actuar. No se ha tomado en serio la necesidad de conocer en profundidad el problema, como sí se ha hecho en otros países”. Seguramente porque no interesa que la opinión pública vislumbre la extrema gravedad real de la crisis económica. Se dice que la información es el poder; la desinformación, también.
Las cifras oficiales indican –Ayuntamiento dixit– que en la ciudad de Barcelona hay 39.486 familias beneficiarias de ayudas a la vivienda, municipales o autonómicas, por valor de casi 50 millones de euros en los últimos tres años. Sin embargo, se trata de una cifra insuficiente porque no atiende toda la demanda social de la urbe; además, “las ayudas están muy parcializadas, hay que acudir a muchas ventanillas diferentes para obtenerlas; un sistema de dispersión que no facilita la promoción de las personas necesitadas”. Y no solo eso, también es un sistema “que estigmatiza a quienes acuden a los servicios sociales: cuantos más requisitos burocráticos tienes que atender, divulgando hasta la saciedad tus problemas en entrevistas y formularios, más difícil se hace a las personas un trámite que de por sí es muy duro. A veces se da la paradoja de que los más necesitados no se benefician de las ayudas, porque cuanto mayor es el sufrimiento ante los problemas padecidos –con situaciones de verdadera angustia, como la duda de si se podrá comer al día siguiente– más arduo se hace entrar en la carrera de obstáculos impuesta por la burocracia” y sus cómodos (para ella) plazos.
“Hay casos de familias que comen del banco de alimentos, pagan los suministros gracias a los servicios sociales municipales, para afrontar el alquiler deben pedir una ayuda a Cáritas Diocesana de Barcelona… En el fondo estamos ante un sistema trampa, que acaba culpabilizando a quien sufre el problema. Además, no son ayudas por derecho, sino concesiones del tipo yo te doy, yo te quito; te premio o te castigo en función de si cumples con mis condiciones. Este sistema convierte a las personas en dependientes de las administraciones y organizaciones humanitarias, les resta aptitudes y no contribuye a sacarlas de su situación de pobreza.”
Los desahucios, la historia de nunca acabar
En cuanto a la reforma legal efectuada por el gobierno con la finalidad proclamada de detener los desahucios “es muy restringida e insuficiente en sus criterios de protección. Las familias que pueden pedir una moratoria para no ser desahuciadas tienen que cumplir una serie de requisitos que solo afectan a una mínima parte de los núcleos familiares en peligro de lanzamiento. Por ejemplo, tener un hijo menor de tres años; si tu hijo tiene tres años y un mes, ya no te beneficia este supuesto. Otro caso: estar en el paro, con lo cual quedan exentos de protección todos los trabajadores con sueldo precario. Si la situación legal sigue como hasta ahora, distintos estudios indican que la avalancha de desahucios proseguirá en los próximos años. Estamos ante una situación de emergencia, en la que debe atenderse a todo el mundo y después ya se verá lo que hay que priorizar”.
¿Cuál es la razón de tan corto alcance en la reforma legal?: “No son medidas que respondan a un verdadero compromiso con el problema, sino acciones de cara a la galería, propagandísticas.”
Muchas personas se preguntan qué ocurre con la gente que sufre la pesadilla del desahucio. Bermúdez lo sabe bien: “En algunos casos, cuando se considera que hay factor de riesgo (familias con menores, personas mayores solas o enfermas, minusvalías, etc.), el juzgado avisa de oficio a los servicios sociales para que estén presentes en el lanzamiento y busquen una solución, siempre temporal, para que los afectados no acaben en la calle.” De este modo, el Estado descarga sobre los servicios sociales autonómicos o municipales, o sobre las organizaciones humanitarias, una responsabilidad que directamente le atañe. “Los servicios sociales se crearon para atender situaciones concretas, no problemas estructurales.”
En otros casos, cuando no se estima que haya una vulnerabilidad especial en los desahuciados, literalmente “te buscas la vida”.
No hay un desahuciado típico
“La pérdida de la vivienda y las situaciones que derivan de ello,” con el drama emocional y todos los condicionantes materiales que el lanzamiento conlleva, “pueden suponer un obstáculo casi insalvable para que una familia rehaga su vida.”
Por supuesto, mientras la crisis permanezca atrincherada en nuestra sociedad, “no podemos hablar de un perfil concreto de personas que pueden perder su hogar”. No hay grupos de riesgo que valgan, muchos desahuciados de hoy nunca antes habían necesitado ayuda de los servicios sociales. “Tradicionalmente, el desahucio ha sido atribuido a causas personales, pero en la actualidad se debe en la inmensa mayoría de los casos a causas estructurales como pérdida del trabajo, subsidios insuficientes o empleo precario, incluso la pérdida de peso de la economía sumergida.” Todo ello se agrava con tesituras como la exclusión laboral de las personas mayores de 45 años, la dificultad para la reintegración laboral de los parados de larga duración, etc.
La necesidad de medidas eficaces
Según datos de Cáritas Diocesana de Barcelona, de las 60.000 personas atendidas por la organización en 2013 en la diócesis de Barcelona, el 80 % estaba en situación de pobreza severa. Ante esta situación, ¿qué puede hacerse?
Si Tere Bermúdez fuera alcaldesa de Barcelona, aparte de poner en marcha la inversión sostenida en un parque público de vivienda (una tarea a largo plazo, como bien reconoce ella, “pero que hay que empezar ya”), tomaría algunas medidas inmediatas. Por ejemplo, que el Ayuntamiento obligara a los propietarios de apartamentos turísticos a convertir una parte de esos pisos en vivienda de alquiler social. Del mismo modo, “pondría tasas a las viviendas vacías de los bancos”. “Es un tema de legislación y que no implica gasto de dinero; al contrario, reporta fondos para fines sociales.” También se extraña nuestra interlocutora de que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal presuma de tener superávit, dadas las necesidades de muchos barceloneses.
También procuraría, si en su mano estuviera, reorganizar todos los servicios asistenciales públicos y privados para evitar la dispersión que antes ha comentado: “Una atención integral con ventanilla única. Es absurdo dividir la pobreza en energética, alimentaria, sin hogar… Y desde luego, debería existir una base de datos compartida para garantizar una asistencia más eficiente y una mejor canalización de los recursos.”
Otro asunto que le parece fundamental es el establecimiento de una renta básica. Recoge así una reflexión de Cáritas Diocesana de Barcelona sobre la necesidad de una ayuda de integración “aplicada a quienes se encuentren por debajo del umbral de la pobreza. Esta renta debería superar, por ejemplo, la cuantía de las pensiones no contributivas y de los subsidios a parados de larga duración, para que la gente pueda pagar su vivienda y sus facturas, y mantener unos hábitos de vida normales, y que no tengan que depender de comedores sociales, bancos de alimentos y otros recursos que no hacen sino regularizar la pobreza. Así no se ayuda a la persona a salir de la miseria, se la mantiene en ella”. E insiste en que debe otorgarse esa renta desde una perspectiva de derecho, no de caridad. “La Constitución y las leyes reconocen derechos universales como el de la vivienda, pero el sistema es tramposo, porque tras ese reconocimiento no aporta los mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de tales derechos, que es un deber del Estado. Para librarse de esa obligación, el Estado español no ha ratificado ni la revisión de 1996 de la Carta Social Europea ni el Protocolo de Reclamaciones Colectivas adicional a la anterior.”
En resumidas cuentas, “no niego que se hagan acciones positivas, pero sí creo que puede hacerse mucho más, sobre todo si se cambia el modelo de gestión”.
