El Centro de Políticas Económicas de la universidad ESADE ha publicado esta mañana un estudio sobre los efectos de la regulación de precios del alquiler en Cataluña que ha dado pie a muchos titulares que anunciaban que la regulación de los alquileres no ha servido para bajar precios o ha reducido la oferta.

Desde los sindicatos de inquilinas destacamos, en primer lugar, que este estudio puede tener un conflicto de intereses. Es decir, el primero de sus autores, Jose García Montalvo, es el director de una cátedra financiada por Tecnocasa; mientras que el segundo, Jose María Raya, dirige la cátedra financiada por la Asociación de Constructores de Cataluña. Además, el director del centro de estudios ESADE es un exdiputado de Ciudadanos.

En segundo lugar, instamos a la necesidad y responsabilidad social y académica de analizar, revisar y contrastar minuciosamente cualquier estudio antes de asumir y propagar sus resultados. Durante los últimos meses se han publicado varios trabajos académicos acerca de la eficiencia de la regulación de los alquileres y los resultados apuntan a direcciones contradictorias. Si nos fijamos, por ejemplo, en el estudio publicado por el Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona, basado en datos de la administración pública, las conclusiones sostienen que la regulación de precios en Cataluña bajó los alquileres un 5% y que el número de contratos firmados no se vio afectado. Y, sin embargo, hace apenas unas semanas, el mismo José María Raya publicó otro estudio, que como ya advertimos, utilizaba una metodología sesgada, que afirmaba que la regulación había hecho bajar la oferta un 4%, pero que dejaba fuera los municipios en los que se habían firmado menos de 50 contratos en el periodo evaluado.

En tercer lugar, si nos fijamos en una de las conclusiones del estudio publicado por ESADE, éste concluye que la regulación si que disminuyó el precio promedio de los alquileres en un 5%. Esta baja implica un ahorro de más de 400 euros al año para las más de 190 mil familias beneficiadas por la regulación. Para asegurarnos de que la regulación no tenga efectos negativos en la oferta, es necesaria acompañarla de otras medidas que también deben incorporarse en la ley de vivienda. Para ello, deben acabarse los pisos vacíos, los contratos temporales fraudulentos y aumentar la inversión en vivienda pública.

La regulación que necesitamos en la ley vivienda para bajar los alquileres

Durante estas semanas se está cerrando el texto de la Ley de Vivienda estatal que previsiblemente se aprobará en breves en el Congreso de los Diputados. Una de las medidas clave de esta ley es la regulación de los precios del alquiler, para hacer frente a las subidas disparadas de los últimos años. Para evitar que esta medida quede en papel mojado, y realmente sea efectiva para bajar los precios y proteger a millones de inquilinos, es imprescindible que sea contundente y no tenga vacíos legales con los que el sector inmobiliario pueda saltársela.

Para que sea efectiva, la regulación de precios debe afectar a todas las viviendas de alquiler de las áreas tensionadas, indistintamente de si son de grandes o pequeños propietarios, para evitar que se produzca ningún tipo de subida. Así mismo, es necesario que las administraciones públicas pertinentes desarrollen un sistema de control y sanciones para perseguir a quienes pretendan incumplir la ley y garantizar el derecho a la vivienda de todos los inquilinos.

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