“Somos el chivo expiatorio, nos han sacrificado. Es un servicio público esencial como la sanidad o la educación y se lo están cargando. Están produciendo indefensión pero la sociedad no sabe qué pasa”. Con esta resignada contundencia se expresa Vicente Navarro, miembro del comité de huelga del STAJ, ante la situación de los funcionarios de la administración de justicia de Catalunya.
Éste y cuatro sindicatos más (UGT, CCOO, CSIF y Justicia y Progreso) han convocado una huelga indefinida y poco mediática que empezó en Barcelona (absorbe el 25% de los casos de toda la justicia catalana), que de momento se ha extendido a Terrassa, al Registro Civil de Mataró y a la sección mercantil de refuerzo de Tarragona, entre otros.
Funcionarios de Justicia en Catalunya: La Tropa
Los funcionarios de Justicia en Catalunya, conocidos coloquialmente como la tropa, son gestores, tramitadores y auxilios judiciales en pie de guerra contra unos recortes que no afectan ni a jueces ni a secretarios judiciales…ni tampoco a sus colegas de otros territorios del Estado español. Acusan al Govern de perpetrar “una triquiñuela ilegal”: descontarles de la nómina mensual una parte proporcional equivalente a una paga extraordinaria. La Generalitat, que tiene transferida la gestión de los medios personales, establece un complemento específico transitorio pero, orgánicamente, el colectivo depende del Ministerio de Justicia, por lo que su retribución está fijada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El tijeretazo ha sido del 7% de su sueldo bruto mensual (una horquilla de entre 1.800 a 2.500 euros), en función de la categoría y antigüedad de cada trabajador. “Aunque pueda parecer aberrante en el contexto de crisis actual, la cuestión económica es el motivo principal de la huelga porque nos parece injusto que se aplique este recorte”.
Navarro considera que la negociación no ha avanzado por el temor del Departament de Justícia de un efecto dominó en otros pilares ya heridos de muerte. “Comprenden nuestra postura pero cuando tienen que trasladarla a Función Pública y Economía, chocan con un muro inexpugnable. Tienen miedo a que los maestros y los médicos también reclamen”. Tampoco entiende por qué el Departament se niega a negociar ningún punto económico, teniendo en cuenta que en otras comunidades como la valenciana ya han firmado con la Mesa General de Función Pública un acuerdo para abonar la paga de verano de 2014, entre otros complementos retributivos.
Sólo en la ciudad de Barcelona, su decisión ha paralizado aproximadamente 5.500 demandas y 20.000 escritos, que ya no suben a los juzgados y se amontonan en pilas en el Juzgado Decano de Barcelona. Todo lo que, según la ley, no sea urgente, no se tramita: demandas civiles y mercantiles, escritos de procedimientos…Por el contrario, se garantizan los servicios mínimos y la protección de los derechos fundamentales: sí entran medidas cautelares, demandas de divorcio, violencia de género, detenidos y escritos de término, como por ejemplo el recurso de apelación a una sentencia.
Sin embargo, el Departament vulnera el derecho fundamental a la huelga ya que se establecieron unos servicios mínimos pactados con el comité de huelga de un 30% del personal por centro de trabajo. Posteriormente, de forma unilateral desde del Departament lo cambiaron al 60% del personal por “funciones”, y no por centro de trabajo. De ahí que se interpusiera recurso ante el TSJ de Catalunya, el cual entendió que se vulneraba el derecho fundamental de huelga, retrotrayendo a los servicios iniciales. A la semana, nuevamente, acordó el Departament la ampliación de los servicios mínimos al 70%, una decisión que este viernes suspendida provisionalmente por el TSJC.
Funcionarios de Justicia en Catalunya en la era analógica
Otro quebradero de cabeza para los funcionarios de Justicia en Catalunya es el proceso de digitalización. “El cambio permanente de los sistemas informáticos hacen que al final optes por hacer un exhorto a la antigua. Lo digital coexiste con el papel y al final trabajas el doble”. Navarro sospecha que la digitalización no sirva para homogeneizar los trámites sino para “reducir personal mediante la amortización y privatizar los servicios, que en vez de que en cada localidad haya un edificio judicial con sus juzgados, o sea, la justicia de proximidad, que haya un único centro provincial. Como consecuencia, un señor de Berga a lo mejor tendrá que bajar a Barcelona”, lamenta Navarro. “Será como una cadena de producción, habrá funcionarios que se dediquen sólo a hacer admisiones de demanda, otros sólo a hacer cédulas de citación, todo el mundo intervendrá en el procedimiento y será más lento”, apunta otra interina.
Navarro también avisa de trato discriminatorio respecto a otros funcionarios (como los de penitenciaría) en aspectos como el régimen disciplinario, el de incompatibilidades, la peligrosidad o la especial dificultad técnica. En la comparación con sus homónimos del resto del Estado también salen perdiendo, por ejemplo en lo relativo al tratamiento de enfermedades crónicas o las minusvalías superiores al 33%. “La comisión de expertos de la Generalitat dice que es muy difícil establecer cuáles pueden ser las enfermedades crónicas”.
Funcionarios sin papel ni bolígrafos
Las quejas de los funcionarios de Justicia en Catalunya también se extienden al trabajo del día a día. La falta de medios derivada de una “política personal y de gestión nefasta: retrasos de cuatro o cinco meses en el cobro de dinero que adelantan para hacer actos de comunicación, sitios en los que no llegan ni los bolígrafos ni las grapas, hay dos impresoras para dos juzgados mientras cada secretario judicial y magistrado juez tienen la suya propia…”. Los funcionarios del departamento de justicia no reciben material de oficina desde junio. “Decidieron usar papel reciclado pero claro, el procedimiento es un documento oficial y debe tener su membrete”, indica una funcionaria interina que trabaja en violencia de género.
El gigantesco edificio de la Ciutat de la Justícia en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat tampoco se libra de las críticas: según una trabajadora de lo social, mantenerlo supone un gasto de 60 millones de euros y la semana pasada uno de los ascensores se desplomó cuatro plantas. El accidente se volvió a repetir pero no causó daños.
Como colofón, la mala fama de baja productividad que se empeñan en desmentir. “Se piensa que tenemos una predisposición a no trabajar cuando hay un control mecánico horario. Sólo pedimos flexibilidad para conciliar la vida laboral con la familiar”, insiste el miembro del comité de huelga del STAJ. Además, recalca que el colectivo tiene un horario sometido a las necesidades propias del servicio que incluye todo tipo de imprevistos. “Un juicio no se puede suspender si viene un detenido y sale a las dos de la madrugada, o a veces hay que hacer un embargo en una discoteca. Y hacemos las guardias, se hacen horas por un tubo”. En ocasiones, no existe proporcionalidad entre el esfuerzo y la recompensa, como cuando la tropa realiza los mandamientos de pago por delegación de los secretarios judiciales, y sin embargo son los secretarios los únicos que cobran por realizarlo.
Procuradores y desahucios
El ejecutivo de Rajoy y, concretamente, la hoja de ruta de Gallardón también les preocupa doblemente: por un lado, con la nueva reforma que plantea el Ministerio de Justicia, “los fiscales serán los que instruyan las denuncias, no los jueces, siendo los fiscales los más politizados ya que su estatuto depende del gobierno, y es jerarquizado”; por el otro, temen que los procuradores invadan sus competencias y pisoteen la reserva de función. “Hay temas en los que sólo podemos intervenir los funcionarios de la administración de justicia y cuando reformen las leyes procesales el procurador podrá embargar y desahuciar”. Teniendo en cuenta que el procurador no es independiente como lo es un funcionario judicial, dado que representa a la parte que interpone la demanda, su imparcialidad es más que discutible.
De hecho, ya existen procuradores que piden realizar los actos de comunicación (requerimiento, citación y traslado de demanda) y eso “va a favorecer a la parte demandante y la parte más desprotegida estará a merced del procurador. Por ejemplo, si ahora en los desahucios, el procurador, para hacer el acto de comunicación, requiere de dos testigos que firmen dicho acto, con la reforma no serán necesarios”, alerta una interina. ¿Qué fiabilidad tiene un acto de comunicación practicado por el procurador de una de las partes interesadas en el procedimiento? En una ejecución hipotecaria, será el procurador del banco el que realice la notificación del auto, despachando ejecución previa al desahucio de la vivienda.
Otro funcionario avisa que en los casos de citación a un juicio “será legal que el procurador vaya a citar a la parte contraria y puede ser que ni vaya. Debe intentarse la citación varias veces al día en diferente horario hasta que encuentre a los afectados”.
¿Un problema político?
Navarro atribuye las dificultades del sector a la cerrazón política y a su doble vara de medir. “Nunca han querido que la justicia se solucione, mientras haya algo en el saco donde meter todos los males…Fíjate lo que tardan en los casos Millet o Urdangarín, algunos de estos delitos ya han prescrito”. Este miembro del comité de huelga del sindicato de STAJ califica de “absurda” la teórica independencia del poder judicial. Como ejemplo, explica que uno de los ponentes que ha de estudiar la demanda sindical contra el recorte de la Generalitat fue director general del Departament de Justícia. “Va a ser difícil que la ganemos porque no se va a entrar en el fondo de la cuestión y puede haber presiones”.
Mientras tanto, apurarán al máximo la huelga a pesar de la escasa repercusión mediática, conscientes que en el contexto económico actual “no se puede aguantar más de cinco días” y que cada día pierden parte del sueldo en el ejercicio de este derecho.
Demasiados obstáculos para combatir un mundo cada vez más sofisticado. “Con Internet y las bandas organizadas los delitos han cambiado mucho, ahora ya no se trata sólo del chorizo que tira del bolso. No tenemos medios personales ni materiales para garantizar la imparcialidad”, concluye.
