Este verano se cumplirán 24 meses desde que una joven madrileña de solo 18 años fuera acorralada por cinco hombres sevillanos de entre 24 y 28 años en un portal de la localidad de Pamplona durante la festividad de San Fermín. La semana pasada se dictó sentencia, condenando a los acusados a nueve años de cárcel por lo que se considera “abuso sexual”. La repercusión de este veredicto no se ha hecho esperar y miles de ciudadanos han mostrado su desacuerdo ante esta decisión.
A lo largo de estos días, la cuestión a la que aquí nos referimos se ha analizado, narrado y debatido en televisión, prensa, radio e internet, adquiriendo un carácter mediático que ha sobrepasado nuestras fronteras. La conclusión, extraída de la opinión popular, es tan clara como acertada y desgarradora: si una mujer se resiste a que hagan con ella algo contrario a su voluntad, enfrentándose al agresor, tiene una alta probabilidad de acabar gravemente herida o incluso muerta; pero si actúa de manera pasiva, esto puede confundirse con consentimiento y nada le asegura que su atacante vaya a recibir el castigo que merece, aunque idílicamente nos hayan enseñado que la justicia se encargará de ello. “Abuso”. Esa fue la palabra elegida para definir la atrocidad cometida por “La Manada”, cuyos integrantes ya contaban con cargos por conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol, violación grupal, lesiones o robo. ¿Cómo pensar que, con un historial de ese calibre, pudieran atacar a una chica?
Tanto los cinco hombres como la joven habían consumido alcohol la noche en que coincidieron y esto ha sido un condicionante en el cual se hizo hincapié durante los interrogatorios, para indagar y descubrir hasta qué punto ella se opuso e intentó impedir lo sucedido o bien consintió participar de la práctica. Por supuesto, las versiones de la chica y del grupo difieren notablemente. Ella dice que, pese a haber bebido, era totalmente consciente de sus actos y que no vio venir lo que iba a pasar, pues nunca habló de sexo explícitamente con ellos, en cambio, los miembros de “La Manada” aseguran que ella tomó el control de la situación y accedió a mantener relaciones con los cinco a la vez. Pese a la decepcionante resolución del caso, las pruebas les delatan: además de grabar vídeos en el momento en el que se produjeron los hechos, se han hallado conversaciones de los individuos con amigos de su círculo cercano en los que explicaban lo acontecido con detalle, manteniendo su punto de vista y defendiendo su inocencia. Merece la pena mencionar que uno de ellos es soldado y otro guardia civil y que, como es habitual, sus allegados no les creían capaces de llegar a estos extremos.
La forma en que se plantearon las preguntas hacia la víctima nos da razones de sobra para reflexionar, ya que parece que lo que pretende juzgarse es su actitud y hasta qué punto pudo ser “responsable” de dar a entender a los hombres que deseaba que aquello pasara. No son suficiente sus imágenes siendo sometida, donde mantiene los ojos cerrados, en estado de shock, indefensa, ansiando desaparecer o estar protagonizando una pesadilla irreal. No bastan la humillación ni las lágrimas. Cuenta que la cogieron contra su voluntad, que la agarraron del cuello… pero no hay marcas en su piel para que el incidente pueda ser elevado a la categoría de “violencia”. Al igual que en los casos de maltrato, se exige una demostración “convincente” que, la mayoría de veces, no llega a materializarse porque ya es demasiado tarde. La chica se comporta de manera sumisa. Es incapaz de reaccionar y lo hace con el silencio, pero obedece, y la palabra “No” queda atrapada en su garganta sin poder salir. Teme que pueda ocurrir algo todavía peor… que ese sea el desenlace de su vida. Y aunque no lo fuera, solo perduran la dignidad arrebatada, el derecho negado de clarificar que no es un objeto y que no merece ser expuesta como tal. Pero todo esto sigue sin alcanzar para que el infierno que ha sufrido y que la marcó para siempre se califique como es debido, con cada palabra y con cada letra: violación múltiple.
La defensa pondrá las cartas sobre la mesa, recurriendo ante un tribunal donde se llegó a tal nivel de cinismo que uno de los magistrados incluso se posicionó a favor de los agresores y sugirió que fueran absueltos de toda culpa, proponiendo así una vuelta atrás respecto a unos derechos que el género femenino ha tenido que ganarse a pulso pero que cada vez ve más amenazados. A raíz de esto, se ha pedido considerar una modificación del código penal. ¿Quién ha sido el verdadero responsable, las leyes o sus intérpretes? La ambigüedad de los términos y la culpabilización de una víctima que solo debería recibir apoyo y comprensión, han puesto en tela de juicio a un sistema jurídico español que ha llevado a la mujer a sentirse tan asustada y desprotegida como antaño.
Diversos colectivos feministas, responsables de las campañas “No es no” o la más reciente “Yo sí te creo”, promovida exclusivamente en relación a este caso, han manifestado su postura de no asistir a los próximos Sanfermines si la situación no cambia. Del mismo modo, un gran número de personas han salido a la calle para denunciar las contradicciones de una sentencia recibida con incredulidad e impotencia, con la que se demuestra que, ahora más que nunca, es necesario que las cosas cambien.
