El pasado seis de septiembre, el conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, celebró una reunión con gremios y entidades empresariales de Barcelona con el objetivo de «definir un plan que termine con la inseguridad de la ciudad en tres meses”, según aseguró Buch. A la convocatoria asistieron gremios de restauradores y hoteleros, algunas asociaciones de vecinos, empresarios del sector del ocio nocturno y entidades como el FC Barcelona, la Fundació Sagrada Família, colectivos de comerciantes, la Cambra de Comerç o Foment de Treball, entre otros.
No obstante, algunos vecinos como los integrados en la plataforma Xarxa Veïnal del Raval han criticado abiertamente esta iniciativa: “Se trata de gremios que han participado activamente en crear la Barcelona que hoy tenemos y no los consideramos mejor cualificados que nosotros para opinar sobre este tema”.
En cuanto a la manifestación que hoy se ha celebrado en Barcelona -organizada por ‘Tsunami Veïnal’ para protestar contra la inseguridad en Barcelona-, la Xarxa Veïnal del Raval comenta que “una vez más no han contado con numerosas entidades y colectivos que trabajan desde hace años en estos problemas”.
Además, la Xarxa añade que “no sabemos cuáles son los objetivos de la convocatoria (…) algunas de las entidades que convocan la manifestación se han creado para actuar como patrullas ciudadanas y nosotros no estamos de acuerdo” porque “nunca hemos aconsejado a la gente que actúe por su cuenta tomándose la justicia por su mano”. De hecho, esta entidad -que agrupa diversas asociaciones del Raval- explica que “nosotros seguimos organizándonos de manera abierta y transparente, de forma que todos los vecinos y vecinas que quieran puedan participar”.
Por estos y otros motivos, la Xarxa Veïnal del Raval ha emitido un comunicado -que reproducimos íntegramente a continuación- en el que expresan su punto de vista sobre la situación de la seguridad en Barcelona.
Los vecinos y vecinas también tenemos nuestra opinión sobre la seguridad en Ciutat Vella
Desde las reformas del año 92, Barcelona se fue convirtiendo en una ciudad cada vez más turística y la mayoría de las inversiones públicas fueron a parar a aspectos estéticos, como la campaña Barcelona, posa’t guapa. Años después, las políticas económicas de Barcelona siguieron fomentando más inversión en el sector del turismo con un aumento disparatado de cruceros en el puerto y barra libre para construit hoteles, restaurantes, terrazas o tiendas de souvenirs.
Durante unos años, parecía que mucha gente podía vivir de esto, pero en 2007 llegó la crisis y los que tenían la sartén por el mango decidieron que, si alguien tenía que perder, mejor que no fueran ellos: llegaron los despidos, los sueldos miserables , los contratos basura, los impagos de hipoteca, los desahucios, las viviendas vacías, la especulación inmobiliaria y los recortes en educación y sanidad.
Estaba claro que el dinero que entraba a través del turismo no llegaría a los trabajadores y que los vecinos molestaban en este negocio. Era mejor echarlos. Estas decisiones las tomaron muchos de los partidos políticos que entonces estaban en el Ayuntamiento, la Generalitat o el gobierno del Estado. Pero lo hicieron junto a las asociaciones más influyentes de constructores, hoteleros y comerciantes, además de los directivos del Puerto de Barcelona.
Ante esto, no se hicieron leyes para frenar la desigualdad creciente ni se invirtieron recursos para mejorar la vida en los barrios más desprotegidos. Y así llegamos a día de hoy. Barcelona acoge cada año 19 millones de turistas, es una cantidad que nos desborda y que hace que los especuladores de la vivienda vengan aquí a hacer sus negocios. Una de las consecuencias de esto, es la expulsión de vecinos. El distrito de Ciutat Vella ha perdido en los últimos 10 años 13.000 vecinos y su población ha quedado estancada en 100.000. El padrón no había estado tan bajo en este distrito desde antes de 2003.
Los vecinos y vecinas que quedamos sufrimos cada día las borracheras de los turistas, la ocupación salvaje del espacio público por parte de terrazas y nuevos vehículos de todo tipo, la suciedad que esta actividad deja en las calles, las peleas, los hurtos y la venta de drogas que se produce en nuestras mismas escaleras o en locales abandonados por los especuladores.
Todo esto, junto a una actuación de la justicia lentísima cuando se trata de echar a narcotraficantes y rapidísima cuando se trata de echar a familias desahuciadas. Ahora, estos mismos partidos y gremios que tomaron estas decisiones años atrás, salen en los diarios diciendo que Barcelona es muy peligrosa y que para solucionarlo hay que llenar los barrios de policía para perseguir a los delincuentes. Sobretodo, a los que molestan a su negocio.
Pero estos gremios que ahora reclaman mano dura no dicen que hay que frenar el precio de las viviendas, ni que hay que ayudar las familias que no pueden pagar la luz, ni que hay que volver a invertir en sanidad o educación para deshacer los recortes, ni que hay que conseguir mejores condiciones laborales, ni que hay que facilitar permisos de trabajo para que las mafias no se aprovechen de la gente desesperada, ni tampoco que los consumidores de drogas necesiten servicios sociales para dejar de destruir y destruirse.
Pero nosotros sí que creemos que prevención y seguridad significa trabajo bien remunerado, y no unos salarios de miseria, viviendas asequibles para que todas las personas podamos acceder, un nuevo centro de atención primaria y una educación en condiciones dignas y de calidad. Si estas cuestiones que son básicas para una buena convivencia no se cumplen, se llega al deterioro de los barrios que estamos viendo.
Desde la Xarxa Veïnal del Raval decimos que esta situación no se arreglará solo llenando las calles de más policías. Esto esparcirá a las mafias hacia otros barrios y después volverán, como ya estamos viendo, porque el Raval continúa teniendo 400 pisos abandonados y un montón de gente con escasas posibilidades de salir adelante.
Para que se pueda suavizar el problema, se requieren sobre todo políticas destinadas a favorecer a los más desprotegidos, con una buena planificación y, sobre todo, se requiere que para tomar decisiones se cuente con las organizaciones vecinales y no solo las empresariales.
Ahora se habla de cambiar el código penal para que la reincidencia en hurtos sea un agravante. Nosotros queremos que se pueda sancionar a los propietarios de viviendas o locales donde se produzca una actividad delictiva y que la denuncia colectiva de los vecinos sea suficiente para que la policía actúe contra los narcotraficantes que utilicen un piso para su actividad. Estamos hartos que los bancos o fondos de inversión no denuncien ni colaboren en muchísimos de estos casos.
En Ciutat Vella ya hay grupos que están organizados y se han puesto a trabajar en los problemas que venimos sufriendo (ocupaciones por venta de drogas, ocupación del espacio público, basura, desalojos, robos, conseguir un nuevo CAP, mejorar las relaciones interculturales o la educación). Estamos actuando hace años para presionar a los gestores que organizan nuestras vidas. No nos conformamos con lo que digan los que controlan el negocio turístico a Barcelona.
