El creciente poder económico de las mutuas asalta la sanidad pública.
La sanidad pública va camino de convertirse en un club privado, tanto por su futuro régimen de funcionamiento como por las normas que de facto le impondrán sus nuevos gestores, las mutuas de accidentes laborales, poco afines a los principios de universalidad y calidad que debieran inspirarla. Como siempre, la moneda tiene dos caras: contratos millonarios por un lado, con presumibles beneficiarios en sujetos próximos al mundo de las finanzas y a la jerarquía del régimen popular, y degradación del servicio para los más. Así pues, otra vuelta de tuerca del gobierno de Rajoy a los derechos civiles y laborales.
El gobierno presidido por Mariano Rajoy homenajeó a la emblemática y siempre venerable fecha del 18 julio de 2014 con la aprobación del proyecto de Ley de mutuas, por el cual se concede a estas entidades mayor capacidad de intervención en el control de las bajas laborales, a fin de acabar –pretexto oficial– con el absentismo injustificado en los centros de trabajo. Gracias a los nuevos celadores de la salud pública, el ejecutivo confía en ahorrar a las arcas estatales unos 300 millones de euros anuales. El borrador del nuevo ordenamiento, una vez cursado por la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados (22 de octubre de 2014), espera su definitivo debate y aprobación en la cámara baja.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) duda de las intenciones gubernamentales, y enmarca el propósito real de este medida en el proceso de privatización de la sanidad; por supuesto, a costa de la eficiencia del servicio, el prestigio de sus profesionales y, cómo no, de los derechos de los ciudadanos, lesionados ahora en la percepción de una asistencia médica de calidad, pues se teme que las mutuas prioricen el ahorro pecuniario a los criterios estrictamente facultativos. Además, la FADSP califica a las mutuas de “entidades nada transparentes, incursas en numerosas irregularidades, que funcionan con escaso o nulo control”.
En sus orígenes, las mutuas solo tenían competencias en bajas y casos de invalidez por accidente de trabajo. Sin embargo, a partir de 1994 y gracias a los distintos gobiernos, socialistas o populares, han adquirido progresivo control sobre las bajas por enfermedad común, dado que, según la versión oficial, su gestión de los casos de invalidez transitoria es más eficaz… lo cual equivale a decir que por sistema recortan los períodos de baja, para reducir el monto de las cantidades devengadas durante tales períodos. En este sentido, la Confederación General de Trabajadores (CGT) denuncia que las altas prematuras no solo atentan contra la salud de los trabajadores sino que también incrementan el número de accidentes laborales, que crecieron un siete por ciento en el primer semestre de 2014.
Sobre estas cuestiones opina el doctor Manuel Martín García (Níjar, 1951), especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Máster en Salud Pública, que actualmente trabaja como facultativo en el Centro de Salud de Seixo (Marín, Pontevedra). Desde 2011 ejerce también la presidencia de la FADSP.
Pregunta: Niegan ustedes que el número y la duración media de las bajas laborales sean excesivos en España. ¿A qué se refieren? ¿Qué datos manejan?
Manuel Martín García: El número de procesos de incapacidad temporal no controlados ni informáticamente por los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ni manualmente por sus direcciones provinciales, representa el 64 % del total de procesos. El incumplimiento de numerosas comunidades autónomas de la obligación de remitir los partes médicos de confirmación de los procesos hace imposible realizar los controles adecuados. Falta información. Las estimaciones oficiales de que el número de bajas laborales es excesivo no se basan, por tanto, en datos objetivos. Detrás de estas medidas está el Acuerdo de Financiación Sanitaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estableció como fórmula para incrementar la financiación del sistema sanitario público la reducción del gasto en bajas laborales de las comunidades autónomas.
¿Las mutuas mejoran la gestión de las bajas?
Las mutuas, antes de la crisis, no demostraron más capacidad que los médicos del Servicio Nacional de Salud (SNS) para mejorar la gestión de las incapacidades temporales (IT), ya que no fueron capaces ni de reducir el número de bajas, ni su duración ni el nivel de gasto asociado. Así lo denunció el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, la precariedad laboral y la facilidad para el despido sí han reducido el número de bajas, pero en detrimento de la salud de los trabajadores. Supongo que ustedes conocen el problema de cerca.
Las reducciones en las bajas laborales por enfermedad responden al temor de las personas enfermas a ser despedidas por estar de baja [un supuesto incluido en la reforma laboral de marzo de 2013]. Con esta norma se pretende dar plenos poderes y mejorar las oportunidades de negocio de las mutuas y de las patronales.
La nueva ley de mutuas prevé la creación de baremos de duración para las distintas enfermedades, según la edad y profesión del enfermo. ¿Tiene esa iniciativa algún rigor médico?
En todo caso tendría un valor estimativo muy relativo, dada la enorme variabilidad de enfermedades y el comportamiento impredecible de las mismas, muy relacionado con las características particulares de cada paciente.
A pesar de todo lo anterior, las mutuas corren más para dar las altas médicas…
Evidentemente. Estas entidades dependen de las patronales y el que paga manda.
¿Piensa el gobierno que los enfermos son cuentistas y ustedes, los médicos, sus cómplices?
El gobierno pone bajo sospecha a los trabajadores –a los que se achaca una conducta fraudulenta y defraudadora con las bajas por enfermedad– y también a los facultativos de Atención Primaria. La reforma se fundamenta en la necesidad de acabar con el supuesto fraude por parte de los trabajadores de baja y presupone la incapacidad de los especialistas de Atención Primaria, con cuatro años de formación, así como la mayor capacidad de control de las mutuas, con un personal de formación desconocida. Se parte del prejuicio de considerar que la gestión privada es superior a la pública, y no se tiene en consideración que la baja laboral es una medida terapéutica que el médico utiliza en beneficio de la salud de sus pacientes.
¿Habrá posibilidad de conflicto entre diagnósticos diferentes, según el médico de la mutua y según el médico de la Seguridad Social?
Se pretende que las mutuas asuman el control de las prestaciones por enfermedad común. Con esta cesión de poder a las mutuas, las bajas dejarán de estar sometidas al control de los servicios públicos de la Seguridad Social. Las mutuas pasarán a ser las controladoras de los mismos, asumiendo la gestión de las prestaciones por enfermedad común en detrimento de los facultativos de los servicios públicos de salud. Las mutuas controlarán las bajas de los trabajadores desde el primer día, y no tendrán que esperar hasta el decimosexto, como hasta ahora. Podrán citar al trabajador para revisión y emitir propuestas de alta a los servicios públicos de salud, que deberán responder en un máximo de nueve días. Si la mutua considera que el trabajador puede trabajar, formulará una propuesta de alta a la inspección médica de los servicios de salud, que tendrá cinco días para contestar; si no lo hace, la mutua podrá nuevamente recurrir a la Seguridad Social, que tendrá otros cuatro días de plazo para emitir un informe. Esos plazos, además de un acoso al trabajador enfermo, son insuficientes para garantizar una decisión pertinente.
Es decir, podrá darse el caso de trabajadores que tengan que ir a trabajar sin haber sanado de su enfermedad o lesión.
Evidentemente, sí. Lo que supondrá un grave riesgo para salud del trabajador/ora afectado/a y del resto de la plantilla.
Los conflictos de diagnóstico, ¿serán solucionados por alguna autoridad competente en la materia? ¿Quién tendrá la decisión final?
Tanto los médicos de familia como los inspectores de la Seguridad Social quedarán supeditados a los criterios de los médicos e inspectores de la mutuas (al servicio de la patronal), que podrán dar altas laborales por motivos burocráticos utilizando de manera torticera el silencio administrativo positivo por incomparecencia de cuatro días (sin tener en cuenta criterios sanitarios).
Un comunicado de la FADSP asegura que las mutuas son “entidades nada transparentes, incursas en numerosas irregularidades”. ¿Podría ser más explícito? ¿A qué irregularidades y falta de transparencia se refieren?
Por ejemplo, hace pocos años la Fiscalía Anticorrupción actuó contra la Mutua Universal (tercera entidad del sector en importancia) por un presunto delito y malversación de caudales públicos, por desviar fondos de la Seguridad Social a fines distintos de los propios de la actividad mutualista.
Las mutuas son entidades sin ánimo lucrativo… algo así como Caja Madrid, por poner un ejemplo de actualidad lucrativa (y delictiva).
La mutua Fremap cargó a la Seguridad Social 43,2 millones de euros por dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, coches de lujo para los directivos y hasta mariscadas. Es decir, 43,2 millones de dinero público. En una reciente auditoría realizada a esta mutua se detectaron también actividades ilegales, como pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mutualistas.
Quién fue antes, la gallina o el huevo: ¿el gobierno aspira a mutualizar la Seguridad Social, convirtiéndola de facto en un régimen sanitario privatizado, o son las mutuas un eficaz grupo de poder que presiona al gobierno para hacerse con parte o la totalidad de la Seguridad Social?
Con esta ley se pretende avanzar en la privatización de la asistencia sanitaria de los trabajadores, trasformando las mutuas (que son asociaciones empresariales) en concesiones administrativas, que gestionarán la Incapacidad Transitoria por enfermedad de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de Gestión Privada (Ley 15/1997). En segundo lugar, se contribuye al cambio de modelo sanitario impulsado por el gobierno de Rajoy, que pretende sustituir el SNS público, universal, accesible, equitativo y redistributivo, por un modelo basado en el aseguramiento (cotizaciones y provisión privada de acuerdo al Real Decreto 16/2012).
¿Conocen ustedes intereses directos de miembros del gobierno o altos cargos del PP en el negocio de las mutuas?
Fremap está presidida por Mariano de Diego, presidente de la patronal de mutuas (AMAT), y entre sus vocales se encuentran el exdirector de Relaciones Laborales de la CEOE José de la Cavada (quien criticó que se den cuatro días de permiso a los trabajadores por defunción de un familiar de primer grado cuando sea necesario pernoctar fuera del lugar de residencia, “dado que ahora los viajes no se hacen en diligencia»); Pedro Barato, presidente del sindicato agrario ASAJA y de la Federación Española de Autónomos; el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, e Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los responsables de las tarjetas black de Bankia, a la que cargó 484.200 euros.
Otra cuestión importante afecta a la confidencialidad de los historiales clínicos.
La nueva ley acaba con el derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su historial clínico (garantizado por la Constitución y las Leyes Orgánicas 15/1999 y 41/20029), al poner a disposición de las Mutuas Patronales todos los datos sobre la salud de los trabajadores, estén o no relacionados con la baja laboral por enfermedad. Sin embargo los profesionales de la sanidad pública no tendrán a su disposición el historial clínico sobre accidentes o enfermedades laborales, y hay que tener en cuenta que el 20 % de las causas de baja laboral por contingencias comunes son, en realidad, contingencias o enfermedades laborales, adquiridas en el ambiente de trabajo.
