Que ayuntamientos gobernados por la progresía hegemónica abandonen a sus ciudadanos no es nada nuevo. Sin ir más lejos, diversas entidades sociales de L’Hospitalet de Llobregat ha constatado que eso sucede en el municipio, gobernado por el PSC y cuya alcaldesa, Núria Marín, es también la presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona (gracias a un pacto con la derecha indepe de Junts).
Las entidades que lo denuncian son de las que están acostumbras a estar al pie del cañón, a bregar contra la policía en los desahucios y a hacer -casi sin recursos- el trabajo de escucha y acompañamiento que los entes públicos son incapaces de realizar. Estamos hablando del Sindicat de Llogateres de L’Hospitalet, las PAH’s de L’Hospitalet y Barcelona y la Aliança Contra la Pobresa Energètica.
Estas entidades hablan claramente de una «emergencia social» en la ciudad y reclaman un «cambio de actitud urgente y necesario de los Servicios Sociales del ayuntamiento». De hecho, se han reunido con Jesús Husillos, teniente de alcalde de Derechos Sociales, pero, según transmiten, «no está a la altura de las circunstancias». Las entidades denuncian que en los últimos meses han visto como centenares de familias les piden auxilio porque sufren graves problemas de vivienda y de pobreza energética.
En este sentido, comentan que el teléfono de asistencia del ayuntamiento para la asistencia de los ciudadanos más vulnerables «hace meses que no funciona» (así lo habría admitido Husillos), con ciudadanos que han tenido que esperar varios meses para obtener una respuesta ridícula. También constatan una grave falta de personal para atender a las personas y, sorprendentemente, un municipio como L’Hospi, de 260.000 habitantes, dispone de un solo técnico municipal para atender situaciones urgentes de desahucio. De hecho, no hay protocolos para atender a familias con cortes de suministro o de desahucio inminente.
Según explican desde las organizaciones, sus propuestas de mejora han caído en saco roto. Por lo que a partir de esta semana comenzarán a preparar movilizaciones para denunciar la situación que se vive en una de las ciudades que más obreros ha aportado a Catalunya, pero que hoy parece que molesten a determinadas autoridades. Luego, los mismos que hoy les dejan de lado, se escandalizarán cuando la extrema derecha cuaje en determinados barrios.
