Los fiscales del Supremo desafían a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado y se niegan a aceptar la amnistía para los condenados por malversación. Lo han dejado claro este miércoles entregándole un segundo informe donde se reafirman en las conclusiones del primero y avisan que se apartarán del cargo si se les impone el criterio contrario.
La guerra en la Fiscalía ya es evidente: dirán al juez que la amnistía no se tiene que aplicar ni a Carles Puigdemont, ni a Oriol Junqueras, ni a Jordi Turull, condenados por malversación. Tampoco a Toni Comín y Lluís Puig, ni a los otros líderes de ERC también condenados por malversación, Raül Romeva y Dolors Bassa. En cambio, sí que ven amnistiables a Marta Rovira y Clara Ponsatí, acusadas de desobediencia.
García Ortiz pidió un «informe procesal»
Ni 24 horas han tardado los fiscales del procés en el supremo a responder la petición de García Ortiz, que este martes les pidió un «informe procesal» sobre por qué la malversación del 1-O tendría que quedar fuera de la amnistía. El argumento que usó García Ortiz para pedir un nuevo informe es que, según su parecer, el primero que le hicieron llegar el 30 de mayo, de 100 páginas, era demasiado genérico.
En el segundo informe, de 9 páginas, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno insisten que el 1-0 hubo enriquecimiento personal y que se actuó contra los intereses financieros de la Unión Europea.
«Indudable beneficio patrimonial» y «riesgo de fractura de la UE»
Son precisamente los dos supuestos según los cuales la ley de amnistía no sería aplicable, e insisten que hubo un ‘indudable beneficio patrimonial’ por parte de los miembros del gobierno de Carles Puigdemont. Argumentan que se apropiaron, con ánimo de lucro, de fondos públicos y sin responder a sus funciones públicas y legales, los destinaron a pagar su «proyecto ilegal de independencia».
En la segunda parte del escrito mantienen que el referéndum suponía un riesgo de fractura territorial de la Unión Europea y, por lo tanto, en la disminución de ingresos y fondos del presupuesto comunitario. Y así, con estas dos explicaciones jurídicas, justifican que la amnistía no sería aplicable para Puigdemont, Junqueras, Comin, Puig, Romeva y Balsa.
Amnistía por malversación: Ultimátum al Fiscal General del Estado
De este modo, la crisis se hace más profunda, hasta el punto de retar García Ortiz a convocar la Junta de fiscales e imponer la amnistía en todos los casos, pero asumiendo que tendrá que nombrar nuevos fiscales o hacerse cargo él mismo. Fuentes de la fiscalía han respondido que es sorprendente que los cuatro fiscales del procés en el Tribunal Supremo planteen un ultimátum, puesto que no hay ningún punto de acuerdo con el Fiscal General del Estado español.
