Así, una nutrida representación de estos especialistas comparecerá mañana en el Parlament de Catalunya (a partir de las 10 h a petición del grupo parlamentario de la CUP) para explicar en primera persona a los diputados el desarrollo de un conflicto laboral que, de momento, ha desembocado en un expediente de despido que afecta la totalidad de la plantilla de UTE Rigging y a la inminente celebración de un juicio por vulneración del derecho fundamental de huelga el próximo 25 de septiembre. Por la tarde, los riggers mantendrán también un encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, a quien el colectivo ha reprochado su inhibición respecto a esta situación, ya que, el consistorio es miembro del Consejo de Dirección del Consorcio de Fira de Barcelona.
El próximo día 4 de octubre finalizará el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo que afecta la totalidad de la plantilla de UTE Rigging, adjudicataria del servicio de montaje de estructuras aéreas en el recinto de Fira de Barcelona hasta el pasado día 30 de julio, cuando el Consorcio de la Fira decidió dar por acabada la prórroga del contrato que mantenía con la UTE para la realización de tareas de montaje en altura. Esta decisión por parte de Fira de Barcelona y el anuncio que -hasta la definitiva adjudicación del servicio- se asignarían estos trabajos a diferentes adjudicatarias para cada uno de los acontecimientos programados en el recinto ferial, ha sido objeto de impugnación por parte de los riggers que consideran que supone una grave vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público.
A criterio de los riggers, el objetivo de la medida, que priva de toda actividad a UTE Rigging y amenaza el mantenimiento de sus puestos de trabajo, no es otra que desactivar los efectos de la huelga que el colectivo desarrollaba desde el pasado día 11 de julio, cuando iniciaron un paro que ante el inmovilismo de Fira de Barcelona puso en grave riesgo la celebración del festival Sónar, referente mundial de la música electrónica y el arte multimedia.
En este sentido, el equipo de abogados del Col·lectiu Ronda, que asesora a los riggers, recuerda que “la Ley de Contratos del Sector Público especifica con claridad que la decisión de desistir de un procedimiento de adjudicación por parte de la Administración -tal y como ha hecho Feria de Barcelona- solo puede responder a razones de interés público debidamente justificadas o a una infracción no enmendable de las normas de preparación del contrato sin que en el caso presente se pueda argumentar la concurrencia de ninguno de estos dos supuestos”.
Precisamente, el próximo día 25 de septiembre está prevista la celebración del juicio para resolver la demanda interpuesta por el colectivo de huelguistas, al considerar que existió vulneración de su derecho fundamental de huelga por parte de Fira de Barcelona a través de la contratación de terceras empresas que -con su participación en el montaje de los escenarios del Sónar- posibilitaron la celebración del festival, silenciando irremediablemente los efectos de la huelga convocada.
Ante esta situación, los riggers solicitaron que se paralizaran cautelarmente las tareas de montaje que desarrollaban las empresas que los substituían, en un acto que consideraron de esquirolaje laboral y que atentaba contra el normal desarrollo de la huelga legalmente convocada. La petición fue desestimada por el Juzgado Social 27 de Barcelona a través de una polémica interlocutoria que generó profunda controversia en ámbitos jurídicos sobre el alcance de una decisión que parecía desproteger derechos legalmente señalados como fundamentales por la propia Constitución, tal y como sucede con el derecho de huelga.
Continuidad de los puestos de trabajo
Cabe recordar que el origen del conflicto que afecta a los riggers -y sobre el cual se debatirá mañana en sede parlamentaria- se encuentra en la publicación por parte de Fira de Barcelona, el pasado 28 de junio, de un nuevo pliego de condiciones para la licitación del servicio de rigging que no incorporaba la información en lo referente a la subrogación por parte de la nueva concesionaria de los trabajadores de UTE Rigging, que hasta entonces realizaban estas funciones, en la mayoría de casos desde hace más de 12 años.
Ante la negativa de Fira de Barcelona de rehacer el pliego de condiciones para incorporar la información requerida para favorecer la continuidad de estos trabajadores, los riggers iniciaron una huelga que se desarrolló los días previos a la celebración del Sónar, donde la principal exigencia fue la apertura de diálogo con Fira de Barcelona para incorporar dicha información -contemplada en la normativa legal vigente- al citado pliego.
A pesar de los reiterados ofrecimientos por parte de los trabajadores en huelga y los intentos de mediación impulsados por el Departament de Treball de la Generalitat en los días previos a la celebración del festival, Fira de Barcelona mantuvo inalterada su postura inicial de negarse a dialogar o ni siquiera de sentarse en la misma mesa que los trabajadores, argumentando que el conflicto laboral que estos mantenían los enfrentaba únicamente con la UTE Rigging.
