Hoy finaliza el encierro de los diez inmigrantes sin papeles que, desde el pasado 16 de diciembre, reclaman desde la iglesia de Santa Anna, situada en pleno corazón del barrio gótico de Barcelona, “Empadronamiento, papeles, nacionalidad para todos». La huelga de hambre y el frío parece no haber sido suficiente para que la sociedad catalana, inmersa en plena campaña y proceso electoral, haya prestado la atención necesaria a sus reivindicaciones.
Una semana de encierro en una pequeña capilla de una iglesia de barrio. Una iglesia que, desde enero de este mismo año, provee de desayuno cada mañana a todo aquel que se acerque a solicitarlo. Una iglesia que muestra una exposición de fotografías en que se entremezcla la tragedia y la miseria del inmigrante forzoso, con la esperanza de una vida mejor. Una iglesia cuyo párroco, Peio Sánchez, aboga por el cumplimiento de las doctrinas esgrimidas por el Papa Francisco en su carta del 1 de enero de 2017: “acoger, proteger, promover capacidades e integrar las comunidades”.
Diez colchones repartidos en dos filas de cinco encaradas desde cada extremo de la pequeña estancia complementan la escena, junto a dos calefactores colgados, una mesa con agua y zumos y un altar cuya virgen decora una pancarta reivindicativa. El olor a humanidad embota al visitante. Los voluntarios entran y salen con piezas de abrigo, líquidos, periódicos y buenas voluntades.
Charles Dickens no lo podría haber imaginado de mejor forma. Un cuento de Navidad en el que la irreal esperanza del londinense Cratchit es abrazada por paquistaníes, marroquís, colombianos… personas que, en muchos casos, arrastran su situación desde hace más de quince años. Nuestros Scrooge patrios, con la única bandera del beneficio en su haber, no parecen estar por la labor. Y los fantasmas, por el momento, se remiten a cuestiones geográficas, territoriales, idiomáticas…
Nos remontamos a 2001, en que, bajo el gobierno de José María Aznar, se aprobó una nueva ley de extranjería que no acababa con los principales problemas que sufrían los inmigrantes para regularizar su situación. En esencia, estos se centraban en la necesidad de acreditar diez años de residencia, de forma regular, en el país (cinco en caso de tratarse de solicitantes de asilo o refugiados o dos en caso de inmigrantes iberoamericanos), en la obligación de presentar un contrato indefinido a jornada completa (o dos a media jornada, coincidentes en el tiempo), con una antigüedad mínima de un año y en la falta de medios que tenían los inmigrantes, lo cual provocaba la existencia de contrataciones “en negro” que imposibilitaba cumplir con estos requisitos.
El Tribunal Constitucional, en aras de proteger ciertos derechos y dignidades, y tras una serie de encierros que se propagaron por varias iglesias catalanas, anuló trece disposiciones de la nueva ley. Pero no las referidas, con lo cual, en un contexto de bonanza económica y un mercado laboral escaso de mano de obra, se siguieron manteniendo las masivas entradas de irregulares en España.
En 2011, bajo el agonizante Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una nueva reforma de la ley mejora la situación de los inmigrantes, facilitando la regularización de su situación con base a la flexibilización de los requisitos. El más llamativo de ellos fue el de la suavización del proceso de reagrupamiento familiar, que, en aquellas fechas, fue fuertemente criticado por la oposición, bajo la terrible amenaza de un “efecto llamada”.
En octubre de 2015, ya con Mariano Rajoy en el poder, la ley sufre una nueva modificación, en la que se exige a los inmigrantes no latinos la superación de dos exámenes de conocimiento para la obtención de la nacionalidad española. Según Ibrar-Bukhari, (marroquí, veintidós años en España. Uno de los encerrados que menos mal habla castellano) la Constitución contempla que debería bastar con conocimientos básicos de castellano.
Como se puede observar, constantes cambios que no sólo no han mejorado la situación, sino que ha acrecentado la problemática para obtener los papeles.
A esto se ha unido la crisis financiera y laboral que azota al país durante la última década, lo que hace prácticamente inviable la obtención de la nacionalidad a miles de personas.
Actualmente se ha eliminado la tarjeta de residencia permanente, sustituyéndose por una de “larga duración”. A efectos prácticos, una tarjeta que se puede perder en cualquier momento, si se deja de cumplir cualquiera de los requisitos. Agotar el subsidio de paro (si se ha conseguido regularizar en cualquier momento la situación) puede suponer, por ejemplo, la pérdida de la tarjeta y tener que iniciar de nuevo los trámites para su obtención.
Una crisis laboral tan profunda como la que se vive, fomenta la contratación ilegal por parte de empresarios con poca moral. En ocasiones, ésta se limita a un acuerdo verbal que, a la postre no se cumple, no inscribiendo al trabajador en el régimen de Seguridad Social e impidiéndole iniciar los trámites de regularización. Tampoco se puede recurrir a la “compra de contratos” (en 2005 se calcula que ciertos empresarios podían llegar a pedir hasta 5000€ por uno de estos contratos), ya que la ley exige que una empresa acredite beneficios que justifiquen dicha contratación. Estas prácticas son demasiado comunes en sectores como la Hostelería y la Construcción.
La reforma laboral de 2015, que expande el periodo de prueba de un trabajador hasta un máximo de tres meses, ha contribuido a la rotación y al fraude de ley, dificultando aún más la obtención del contrato a jornada de 40h semanales durante un año que exige la ley de extranjería.
Por otro lado, los hijos de los sin papeles no gozan de la nacionalidad española, aunque hayan nacido en territorio español. Es decir, heredan la situación de sus progenitores, dificultando su acceso a la educación y sanidad. Así, sólo podrán obtener escolarización reglada hasta los dieciséis años, negándosele el acceso a los estudios superiores.
En caso de enfermedad, los inmigrantes en situación de irregularidad sólo disponen de cobertura sanitaria para urgencias. De hecho, si no están empadronados, se les factura la asistencia recibida (hasta 200€), en función de la solidaridad que demuestre el funcionario pertinente. Los “empadronamientos sin domicilio” (situaciones en las que un inmigrante que ha podido acceder a un contrato de vivienda, comparte ésta con varias personas y empadrona a todas las que puede para que puedan recibir correspondencia y acceder a la asistencia sanitaria básica) son investigados a menudo por Guardia Civil o Mossos d’Esquadra, no otorgándose en caso de duda. La Generalitat de Catalunya aprobó una serie de modificaciones a la ley que permitiese tramitar los papeles de residencia a personas con discapacidades o necesidades especiales de tratamiento sanitario, pero se encuentran paralizadas por el Tribunal Constitucional.
Si, a pesar de las dificultades, un inmigrante consigue cumplir los requisitos fijados por la ley de extranjería, e inicia los trámites de solicitud, ésta ya no podrá presentarse a través del Registro Civil. La modificación del procedimiento en junio de este año obliga a los solicitantes a realizar el proceso de forma online a través de la web del ministerio o mediante la contratación de un notario.
La presentación a través del Registro Civil otorgaba un resguardo al solicitante, que podía acreditar, en caso de ser necesario, que estaba en proceso de regularización. Asimismo, disponía de tres meses para aportar documentación complementaria, si fuese necesaria o requerida por el órgano gestor.
Ahora, en cambio, la solicitud online obliga a que toda la documentación se presente en el mismo momento en que se curse, sin un resguardo que acredite oficialmente el trámite y con un plazo de gestión medio de tres años (muy por encima del plazo máximo de un año establecido por ley… y que comporta que muchas solicitudes sean denegadas por tramitarse fuera de fecha). El hecho de que todas la solicitudes sean gestionadas desde Madrid demora aún más las gestiones.
Todas estas circunstancias, comenta apesadumbrado Ibrar-Bukhari, demuestran que “la ley de extranjería quiere que siempre seamos extranjeros. Las dificultades que sufrimos aquí se están expandiendo por toda Europa. Si los políticos no tienen tiempo para su pueblo, imagínate para los inmigrantes”.
Es por todo esto que el encierro persigue las siguientes reivindicaciones:
- Eliminación de las tasas de examen de nacionalidad (105€) y equiparación de las pruebas entre todos los países de origen. La existencia de economía sumergida dificulta el pago y la población latina sólo ha de para un examen, a pesar de no tener la dificultad idiomática.
- Mejorar la situación de las personas inmigrantes con discapacidades, haciéndolas exentas de pasar los exámenes de nacionalidad y facilitando su acceso a estudios superiores.
- Potenciación por parte de las autoridades de organismos públicos para la evaluación y preparación de los exámenes de nacionalidad. Actualmente sólo existe un centro educativo (Universidad de Salamanca) y los inmigrantes únicamente tienen la opción de prepararse a través de academias privadas, con un alto coste.
- Derecho a la Sanidad Universal y Seguridad Social para todos los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, sin restricciones por categorías. En ésta se incluye el derecho a tratamientos gratuitos de larga duración (por ejemplo diálisis o sesiones de quimioterapia) y el derecho a la jubilación (si puede acreditarse la cotización necesaria o la falta de ella por motivos ajenos al trabajador).
Hoy finaliza el encierro de los diez inmigrantes sin papeles que, desde el pasado 16 de diciembre, reclaman desde la iglesia de Santa Anna, situada en pleno corazón del barrio gótico de Barcelona, “Empadronamiento, papeles, nacionalidad para todos».
Unas fechas terribles para dar visibilidad a su causa.
Unas fechas que se han visto retrasadas por los acontecimientos ocurridos en Catalunya durante todo el mes de octubre.
Unas fechas en que el vacío de poder tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno Central ha centrado toda la atención en banderas, elecciones, presos políticos, políticos presos, prevaricación semirreconocida bajo presuntos efluvios etílicos, unidades y separaciones, banderas, palizas…
Unas fechas en que, tras el triunfo de C’s en las elecciones autonómicas (un partido que aboga por la privatización y limitación de la sanidad y el control de fronteras) y el triunfo global del bloque independentista (cuyos miembros, si exceptuamos a la CUP, no han mostrado interés alguno por todo aquello que no sea catalán), se vislumbra que el foco de interés durante los próximos meses va por otros lares.
Unas fechas que habrán permitido que los medios de comunicación llenemos algunas páginas de denuncia social durante uno o dos días… y que algunos inmigrantes puedan dormir bajo techo y calientes.
Feliz Navidad.
