Ante la sospecha de la probable derrota de las Potencias del Eje en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial -y por haber prestado un apoyo real y encubierto a las mismas-, un régimen franquista maníaco y receloso decidió en 1941 adueñarse y militarizar el modelo republicano de las Juntas de Defensa Pasiva. Este modelo -coordinado hasta el momento por la población civil de cada municipio- servía para dar respuesta a los ataques aéreos. Tiene su origen en un decreto firmado por Alcalá Zamora en 1935, modificado, a partir de 1937, por Manuel Azaña. Una de las ciudades que hoy da testimonio de dicha apropiación es la ciudad de Barcelona, donde el régimen incautó los refugios antiaéreos de la guerra, terminó los que estaban en construcción y erigió nuevas fortalezas subterráneas bajo mando militar.
A principios de la década de los cuarenta, Barcelona tenía un censo 1.081.175 personas y se calculó que, en caso de ataque aéreo, cerca de un 60% de la población debería ser evacuada por la falta de fortificaciones, cosa que resultaba imposible. Así, cuando los rebeldes entraron en Barcelona, se encontraron con 111 refugios fortificados finalizados que ya habían servido durante el conflicto español, otros 155 por terminar y 606 de galería en mina (los más económicos y rápidos de construir). El resto se encontraban en los sótanos de algunas casas, empresas y organismos oficiales.
A partir de ahí, la administración militar del régimen -que quedaría aislada por el Plan Marshall- dibujó un plan ciclópeo tanto en lo referente al gasto de materiales como a la mano de obra. En su desarrollo, se firmó el decreto de 20 de julio de 1943 que obligaba a los constructores de nuevos edificios en la Ciudad Condal (y poblaciones con más de 20.000 habitantes como Hospitalet del Llobregat, Badalona, Sabadell, Manresa, Lleida, Tarragona, Igualada, Reus etc.) a adecuar los sótanos con inmensos refugios para dar cobijo al mayor número de personas. De este modo, el régimen tenía la pretensión de construir 304 refugios en mina de tres entradas y 400 celulares con 800 bocas. A estos hay que sumarles los preexistentes. El plan estuvo activo hasta 1958, un año antes de la visita de Dwight D. Eisenhower a España, con la que se afianzaban las relaciones entre ambos países. Previamente, en 1953 ya se había producido la rúbrica del Pacto de Madrid (que incluía la instalación de cuatro bases americanas a cambio de ayuda económica y militar) y 1955 España entraba a formar parte en las Naciones Unidas. El enemigo había desaparecido.
Una larga investigación
La reutilización de los refugios la ha sacado a la luz el proyecto de investigación llevado a cabo durante años por el arqueólogo Jordi Ramos Ruiz, quién ha contado con el apoyo de los Servicios de Arqueología del Ayuntamiento de Barcelona.
Ramos Ruiz ha estudiado documentos y archivos, y ha estado en todos y cada uno de los refugios para llegar a la conclusión que el régimen se aprovechó de las estructuras republicanas. “Hasta ahora creíamos que el régimen había inutilizado los refugios al terminar la guerra, pero hemos constatado que hizo todo lo contrario. De hecho, no se podían construir nuevos edificios si no se adaptaba el sótano como refugio”, dice.
Por su parte, Carme Miró, arqueóloga del consistorio barcelonés, comenta que “es imposible preservarlo todo, pero sí podemos documentarlo y difundirlo. Todavía estamos estudiando si los refugios pueden ser visitables, pero la premisa es que sean seguros para el público”.
La defensa pasiva: el pueblo se organiza para salvar vidas
La defensa pasiva -lo que hoy llamaríamos Protección Civil- es un concepto que se crea en la Primera Guerra Mundial para dar respuesta a los ataques aéreos, con gases u otras armas químicas. En España, la primera vez que oímos hablar de ella es a partir del decreto de 8 de agosto de 1935 dictado por Niceto Alcalá Zamora en el que se ordena la creación del Comité Nacional para la Defensa Pasiva de la población civil del que dependerán las Juntas Locales de Defensa Pasiva.
Más tarde, el 29 de junio de 1937, Manuel Azaña aprueba una nueva orden con la que “la organización de defensa pasiva contra los ataques aéreos es obligatoria en todo el territorio nacional”. La misma orden obligaba a la creación de los Comités Provinciales y Locales que estarían formados por: “un presidente, un delegado del gobernador civil (el alcalde en caso de las Locales), un médico, un farmacéutico o químico o un especializado en gases de guerra, un arquitecto (en activo o retirado en las Locales) o ingeniero municipal, un representante de la prensa y un secretario elegido entre las personas peritas”.
Bajo la supervisión de estos comités se constituyen “equipos de especialistas, sanitarios y de trabajo, cuyo personal, no sujeto a movilización militar, esté afecto a los servicios de la provincia o municipio”. Las personas anónimas que formaban parte de los comités no recibían remuneración alguna y los gastos corrían a cargo de los beneficiarios.
Para saber actuar ante un ataque aéreo, la República también imprimió el Manual Militar de Defensa Pasiva que se repartió entre los comités de pueblos y ciudades. El libreto tenía por objeto “divulgar unos cuántos conocimientos útiles (…) para que los miembros de las Juntas se encuentren orientados y puedan hacer una labor eficaz cerca de la población civil, que si bien no permita librarlas totalmente de los horrores de la guerra, los atenúe al menos”.
En el libro se explicaba como construir un “abrigo” con hormigón, como cavar trincheras, como actuar ante gases tóxicos, cuáles debían ser las prioridades de los servicios de incendios y desescombro, los servicios de desinfección, los servicios sanitarios, los puestos de socorro y las precauciones a tomar por la población civil. En algunos lugares, los Comités recomendaban el ‘oscurecimiento’ (cortar la luz eléctrica), ya que, una población no iluminada por la noche dificultaba o impedía los ataques aéreos.
El 10 de diciembre de 1938, a unos meses del final de la guerra, Azaña y Negrín (Ministro de Defensa) firman un nuevo decreto que modifica el anterior con el que se crea la Junta Nacional de la Defensa Pasiva -de coordinación interministerial- para “unificar esfuerzos (…) estableciendo un objetivo global que abarque la protección colectiva e individual”. Por eso, a diferencia del anterior decreto, esta nueva ley “decreta la movilización general ciudadana para la lucha antiaérea” y pasan a formar parte de cada Junta de Demarcación un comandante militar. Igualmente, se recluta a “personal militar retirado, funcionarios civiles, técnicos de los servicios provinciales, personal técnico para servicios auxiliares y servicios de la Cruz Roja”, que se considerarán “como servicio de guerra a los efectos de percibo de jornales, y por la misma razón les corresponde el carácter militar a los efectos de accidente de trabajo e invalidez”.
Finalizada la Guerra Civil, la dictadura heredó una estructura en funcionamiento coordinada por civiles que pasó a estar completamente militarizada e integrada por afines a Franco que la utilizaban para mejorar su posición dentro del régimen. Así, en 1941 se creó la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio, dirigida por un general, y la Cruz Roja pasó a formar parte de este organismo de forma permanente. No fue hasta 1960 que se generó la Dirección General de Protección Civil bajo mando militar y con funciones militares (se les considera retaguardia) para dar respuesta a las catástrofes no solo provocadas por conflictos bélicos. Actualmente, recibe el nombre de Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y depende del Ministerio de Interior.
JACOBO PIÑOL FONTOVA
