En un escrito presentado al alcalde de CIU, Xavier Trias, la asamblea de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona exige que a los trabajadores sociales no se los obligue a estar presentes en los desalojos porque va en contra de su razón de ser, “que es- manifiestan- proteger a los más desfavorecidos y prevenir las desigualdades sociales”. “Los equipos básicos de Servicios sociales- trabajadores sociales, educadores, psicólogos y personal de la Administración- somos quienes de primera mano conocemos el sufrimiento que está generando a la ciudadanía la creciente desigualdad social (…) La pérdida de la vivienda provocada por el aumento de desahucios es uno de los problemas más graves que padecen ciudadanos y ciudadanas y por ello los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona queremos manifestar con este escritonuestro posicionamiento”. Así reza el primer párrafo del acuerdo que a finales de año le entregaron en mano al alcalde de la ciudad, Xavier Trias, los miembros de los Servicios Sociales para modificar su papel en el proceso de desalojo de una familia. Los profesionales de esta área del Ayuntamiento se niegan a que su presencia en la ejecución del desahucio sirva para dar apoyo al personal judicial que lo lleva a cabo y no para desempeñar la que, esencialmente, es su función: atender y acompañar a las personas sin recursos.
Para cumplir con este objetivo, el escrito presentado a Trias le exige que se revoque el acuerdo actual entre el Ayuntamiento y los organismos del ámbito judicial en materia de lanzamientos; que se paralicen todos los desahucios derivados de motivos económicos hasta que no se pueda establecer un nuevo acuerdo que garantice el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas; y que se apliquen políticas para resolver la falta de hogar de miles de familias en Barcelona.
Voz de los trabajadores sociales
Israel, trabajador social del Ayuntamiento, delegado sindical y uno de los firmantes del escrito, explica que desde marzo del 2013 existe un Protocolo de ejecución de los desahucios acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el Departamento de Justicia de la Generalitat, los Colegios de Abogados y Procuradores y el Ayuntamiento de Barcelona que tiene como objetivo poner en contacto, con la mayor celeridad, a los damnificados con los servicios municipales. En dicho protocolo se detalla que la intención es “evitar riesgos y proporcionar garantías a la Comisión judicial”, para lo cual se definen qué situaciones pueden derivar en riesgo social y, eventualmente, en reacciones peligrosas para la integridad del equipo judicial que realiza el desahucio.
“El acuerdo establece que la Administración de Justicia puede dirigirse a los Servicios Sociales en cualquier momento del proceso para que nosotros, en conjunto con la Guardia Urbana, evaluemos la posible situación de riesgo social y la seguridad de la comisión judicial en la realización del lanzamiento”, explican los trabajadores sociales del Ayuntamiento.
“En otras palabras, parece como si el acuerdo estuviera pensado más en proteger a la Comisión judicial para llevar a cabo el desahucio, que en hacer una atención preventiva o en buscar el adecuado realojamiento de las personas afectadas”, advierte Israel, trabajador social y delegado sindical de los Servicios Sociales de Barcelona. “El protocolo no nos da un plazo de tiempo suficiente para hacer un trabajo preventivo. Nos llaman y no tenemos nada que ofrecerle a la familia”, cuenta Israel.
La asamblea de trabajadores sociales denuncia que este acuerdo entre los organismos judiciales y el Ayuntamiento “pretende legitimar los desahucios con nuestra presencia, al mismo tiempo que no garantiza un realojamiento digno para los ciudadanos”. De hecho, Israel explica que muchas veces lo que hace un miembro de los Servicios Sociales cuando va a un lanzamiento es enviar a los afectados a una pensión, mientras que- asegura- “al Ayuntamiento le saldría mucho más barato habilitar un parque de alquileres sociales”.
“Queremos un nuevo acuerdo con tiempos adecuados para que la familia encuentre otra casa antes de ser desalojada, y así se ahorre la dolorosa experiencia de ser echada de su hogar”, afirma el delegado sindical. Desde el cuerpo de trabajadores sociales insisten en que se los está obligando a actuar en contra de su razón de ser, que es la de proteger a los colectivos más vulnerables. Además, lamentan su presencia en el momento del desahucio porque “contribuye al mandato de la Comisión judicial, que es ejecutar el lanzamiento, y no a una adecuada atención de esos ciudadanos”, lo cual distorsiona su plan de trabajo con las familias. “Tú llevas un tiempo acompañándolos, intentando ayudarlos y cuando, de repente, te ven ahí, apoyando a los que los echan de casa, obviamente el vínculo con esa familia se rompe”, relata Israel.
Entre 2008 y 2013 se han llevado a cabo más de 250 mil desahucios en toda España- según datos del Consejo General del Poder Judicial- y, concretamente, en la ciudad de Barcelona, una mediana de treinta desalojos diarios, mientras que el parque de viviendas vacías en el municipio ronda las 80 mil. “Se trata de una violencia institucional hacia las personas más desfavorecidas y nuestra función es cooperar con la prevención de las desigualdades sociales”, insisten desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento en su demanda al alcalde de CIU, Xavier Trias.
