Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones
Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones
¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por organizaciones de la sociedad civil que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP , por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el acuerdo con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.
Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.
¿Qué es el TTIP?
El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.
Los indicios de los que se dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de alguna manera en las negociaciones– revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del mundo.
Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados– generan considerable inquietud.
¿Qué nos preocupa?
La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.
Demandas y objetivos compartidos:
Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:
a) Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.
b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de discrepancias entre el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente.
d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.
e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público.
En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.
f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.
g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.
Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:
1) Los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
2) Un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales;
3) El reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;
4) Una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
5) Lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
6) La lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
7) El aumento global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.
