Tal como ya había pasado miércoles, el bloque unionista dedicó muchas horas a poner trabas, a mirar de alargar artificialmente los trámites parlamentarios y protestar de manera vehemente. Sorprendentemente, entre la oposición, la intervención más aplaudida fue de la Joan Coscubiela, que afirmó que por encima de todo estaba junto al PP, Ciudadanos y del PSC. Esto hizo que los diputados de estos partidos se pusieran de pie para aclamarlo, en medio de la incomodidad poco disimulada de algunos miembros de su grupo parlamentario.
Pero finalmente el tiempo de las interrupciones se terminó y la cámara votó la ley que servirá de constitución provisional de la república catalana y del Aran. Del Aran también, porque se aprobó una enmienda que reconoce de manera indiscutible la soberanía de este territorio occitano.
Los diputados de la oposición insistieron en una y otra vez que la ley no entraría en vigor para que el Tribunal Constitucional español la anularía, pero la mayoría les recordó que tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad instituyen una legitimidad catalana contra la que los recursos del estado español no son aplicables.
Referéndum suspendido, ley de transitoriedad aprobada. Con este balance se cerró ayer el segundo día consecutivo de crudo choque institucional. Había dudas entre el independentismo sobre cuál sería la reacción del Estado después de que el Parlamento aprobara el miércoles la ley del referéndum y el Gobierno firmara el decreto de convocatoria del 1-O, pero no hubo sorpresas. Una vez más el gobierno español, TC y fiscalía fueron a la una para intentar detener el referéndum. De momento, sin embargo, sin recurrir a medidas extraordinarias como las suspensiones expreso
Rajoy compareció tras un consejo de ministros extraordinario para anunciar recursos a torcido y en derecho. Hasta cuatro -contra la ley del referéndum, el decreto de convocatoria, el decreto de medidas complementarias y la Sindicatura Electoral-, además de un incidente de ejecución para la admisión a trámite de la ley de transitoriedad que dará paso hoy mismo a otro recurso para la aprobación de esta norma.
Todos ellos fueron admitidos a trámite anoche por el plenario del TC, que por la mañana había rechazado la recusación contra todos sus magistrados presentada por la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Una admisión a trámite que es una mera formalidad pero que implica de facto la suspensión inmediata de las cuatro leyes. La principal novedad, sin embargo, de la actuación de Rajoy fue el alcance de las notificaciones. Más de un millar de personas recibirán en los próximos días un documento del TC avisándoles que no pueden colaborar de una manera u otra en el 1-O. Entre los notificados, los alcaldes de todos los municipios catalanes, los responsables de los diarios oficiales de la Generalitat, así como otros cargos del Gobierno, como el director de TV3, Vicent Sanchis, o el de Cataluña Radio, Saül Gordillo. También el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y otros cargos policiales recibirán en mano la noticia de la suspensión de la norma, ya que el gobierno español ordena, según consta en el recurso, que «se abstengan de permitir o facilitar la preparación y celebración del referéndum convocado «.
Aparte de los recursos del gobierno español en el TC -que Rajoy acompañó de un aviso de «no habrá referéndum por mucho que se quiera hacer de forma torpe e ilegal» -, ayer la fiscalía también movió pieza. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que el ministerio público se querellará contra la mesa del Parlamento y contra los miembros del Gobierno. Además, pidió que la policía -tal como ya hizo ayer la Guardia Civil con el operativo ante una imprenta de Constantí- intervenga en cualquiera de los preparativos del 1-O.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondía más tarde a la avalancha de recursos y avisos del gobierno español. «Ante este tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia», avisó en una entrevista en TV3 en la que opinó que el gobierno español no puede decir a toda la gente que quiere un referéndum en Cataluña y que «pide a gritos que se le escuche «que está participando en un golpe de estado.
Puigdemont aprovechó la entrevista para anunciar que ayer a las 21.00 horas ya había 560 ayuntamientos dispuestos a colaborar con el 1-O y más de 16.000 voluntarios inscritos. Consciente de que en este choque con el Estado el tiempo es oro, el Gobierno intentó exprimir las 24 horas que pasaron entre la convocatoria oficial del referéndum y la suspensión del TC para que el referendo empezara a caminar. Varios de los mecanismos necesarios para la votación se activaron, empezando por el envío de una carta a los ayuntamientos firmada por Puigdemont y Oriol Junqueras en que se les avisa que deben ceder los locales que normalmente son puntos de votación para que también lo sean del 1-o y se les dan 48 horas para responder si lo harán o si hacen alegaciones. Más de la mitad de consistorios -la inmensa mayoría gobernados por independentistas- ya habían dado ayer apoyo al 1-O. Entre estos no hay, de momento, el de Barcelona, que ayer pidió un informe al secretario municipal antes de responder.
Mientras los preparativos del referéndum seguían su curso y el Estado mostraba su artillería legal, el Parlamento volvía a vivir una jornada agónica, con la oposición haciendo lo imposible para retrasar lo más posible lo inevitable: la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica. La norma, que sólo entrará en vigor en caso de victoria del sí el 1-O sustituyendo temporalmente el Estatuto y la Constitución, se acabó aprobando pasada la medianoche -con los votos de JxSí y la CUP- tras un pleno que fue una repetición del día anterior pero con menos crispación y más fatiga.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho esta noche en TV3 que más de 560 ayuntamientos de Cataluña, de los 947 que hay, ya han comunicado el apoyo al referéndum. Hoy mismo el gobierno les había enviado la carta pidiéndoles que cedieran locales municipales del 1 de octubre. Puigdemont también ha asegurado que más de 16.000 personas ya se habían inscrito en la web referendum.cat para colaborar con el referéndum.
En cuanto a la respuesta de hoy del gobierno español a la aprobación de la ley del referéndum, en el decreto de convocatoria ya la sindicatura electoral de ayer, Puigdemont ha declarado: ‘Ante el tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia. ‘Y ha añadido que hoy se había visto como un pueblo que quiere votar ha colisionado contra un estado que hace todo lo que puede para que no se haga el referéndum.
Sobre las críticas de la oposición parlamentaria, que exclama que no ha sido suficientemente tenida en cuenta en los plenos de ayer y de hoy, Puigdemont les instó a sentarse a la mesa y debatir cómo podrán votar los catalanes. ‘Cuesta mucho que explicar a la gente -dijo- que la defensa de la democracia, que la democracia pasa es impedir que la gente vote y que quienes atacamos la democracia somos los que queremos que la gente vote.’
Puigdemont ha insistido en que el gobierno defiende los derechos de todos los catalanes, tanto de aquellos que votarán sí el 1 de octubre, como los que van a votar no. Y ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha sentado nunca en la mesa a negociar cómo podrían votar los catalanes si quieren una república o quieren seguir formando parte del estado español.
