El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido ante el Parlament que la contratación pública de la Generalitat es «impecable» y cada vez más exigente, y que él está comprometido en que funcione bien este sistema, con transparencia y buenas garantías para todos.
Al iniciar su comparecencia a petición propia tras la operación Petrum en que se detuvo al director de la empresa pública Infraestructures.cat, ha dicho que la operación policial de esta semana es la segunda en muy poco tiempo sobre Petrum, y que parte de la prensa estaba preavisada, «cosa ampliamente sospechosa de lo que se pretende y se quiere trasladar a la opinión pública», aunque admite que también se pretende investigar, lo cual apoya si hay indicios de ilegalidades.
Mas -que ha llegado con los consellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell- ha reiterado que está a favor de que se investigue, pero no en que además se busque el espectáculo y perjudicar a CDC, según ha dicho, y ha lamentado que además «esta vez se ha ido más lejos» porque se ha detenido al director de una empresa pública.
Ha hecho un alegato en favor de la transparencia de la contratación de la Generalitat y ha distribuido a los grupos parlamentarios un documento con las principales actuaciones dirigidas a fomentar la transparencia y las buenas prácticas en la contratación pública entre 2011 y 2015, con ocho puntos, que a continuación ha desgranado.
Ha destacado que Catalunya es actualmente la administración pública autonómica «más transparente» de toda España, ya que Transparencia Internacional les da una puntuación de 100 sobre 100: así, ha destacado que en 2012 la Generalitat estaba en el puesto 10 de transparencia en España, y en 2014 ha pasado al primer lugar.
Para él, el nivel de transparencia y de buenas prácticas en la contratación pública de la Generalitat ha sido creciente y que el grado de exigencia es «realmente alto».
«No hay errores ni, por supuesto, posibilidad de influir de una manera partidista o personal sobre este sistema de contratación pública», y ha dicho que el sistema se ha ido sofisticando para limitar cada vez más la posibilidad de influir.
Desde hace cinco años, ha intentado que «los niveles de exigencia fueran cada vez más fuertes», garantizando la transparencia y llegando a ser un ejemplo de buenas prácticas.
Como ejemplo de buena práctica, como aparece en el documento, ha citado la creación en enero de 2011 la Oficina de supervisión y evaluación de la contratación pública (OSACP), que después fue replicada a nivel europeo, y que todas las adjudicaciones de la Generalitat se publican en el Portal de Transparencia y en la web de la Generalitat.
También ha explicado que «se anuncian con mucha anticipación los criterios de futuros concursos, para que los que quieren participar se puedan preparar para poder licitar con las mejores condiciones», y se hace con más anticipación que marcan los plazos legales.
Además, la administración catalana ha potenciado los concursos públicos, de procedimiento abierto, reduciendo los procedimientos negociados y con una limitación creciente de las prórrogas contractuales: «Esta práctica legal cada vez se utiliza menos».
Del mismo modo, actualmente la modificación de los contratos es una excepción, cuando antes práctica habitual y se abusaba de esta posibilidad, ha dicho, y ha detallado que se publica una amplia información sobre los diferentes aspectos de la contratación pública y que se ha consolidado la Plataforma de servicios de contratación pública como punto central de información que aúna 1.115 órganos de contratación.
En su intervención, ha detallado como ejemplo de transparencia que el 1 de julio 2014 se aprobó el código de conductas y principios recomendables en la contratación para altos cargos, directivos, cargos administrativos y empleados públicos que intervienen a la contratación y se creó la comisión de ética en la administración pública en Cataluña.
Según el documento distribuido por la Generalitat, se han establecido un sistema de indicadores de contratación con 104 indicadores: 62 descriptivos y 42 de carácter inferencial que permiten hacer una evaluación interanual y establecer tendencias o patrones, disponibles a partir de 2011.
Estos indicadores muestran que se hace una utilización preferente del procedimiento abierto ya que entre 2011 y 2014 se han adjudicado por este sistema más del 50% del importe adjudicado, y en 2014 el 73% del volumen del total de obras se adjudicó por este procedimiento.
Además, el importe adjudicado por procedimiento urgente sólo ha supuesto el 1,2% y no ha llegado al 1% de los contratos –68 sobre un total de 6.500 adjudicaciones–, y que en 2014 el 90% del importe adjudicado por Infraestructures de Cataluña incorpora cláusulas de arbitraje en sus expedientes de licitación.
Según estos indicadores, se han producido limitaciones a las modificaciones contractuales por importe ya que entre 2011 y 2014 han pasado de suponer el 3,1% al 0,2%, y también se han reducido el importe de las prórrogas contractuales, pasando de suponer el 50% al 29% sobre el conjunto de la actividad contractual en este periodo.
Destacan la puesta en marcha de un nuevo órgano para dirimir las controversias contractuales: el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en 2013, y el Comité interdepartamental de contratación pública que reúne a todos los departamentos cada dos meses.
