España no solo pasó de ser un país de llegada a un país de emisión de personas sino que ahora cuenta con un gran número de inmigrantes que, después de vivir y trabajar durante años aquí, vuelven a estar indocumentados tras haber perdido el empleo, a causa de la política de extranjería pactada por PP y PSOE.
España no solo pasó de ser un país de llegada a un país de emisión de personas sino que ahora cuenta con un gran número de inmigrantes que, después de vivir y trabajar durante años aquí, vuelven a estar indocumentados tras haber perdido el empleo, a causa de la política de extranjería pactada por PP y PSOE.
Desde el inicio de la crisis, hace ya siete años, son muchas las cosas que cambiaron en España. Las consecuencias del estallido de la burbuja de la bonanza son visibles cada día en las portadas de los periódicos pero, sobre todo, en las calles y en el interior de cada casa. El paro golpeó– y golpea aún, pese a las auspiciosas declaraciones del Gobierno en cuanto a la economía del país– a buena parte de la población y, dentro de ella, a un colectivo especialmente vulnerable: el de los inmigrantes.
Recientemente el informe anual sobre migraciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha confirmado que España pasó de ser el segundo país– tras Estados Unidos– en recibir inmigrantes en 2007, a ser el octavo en 2012. El impacto de la crisis provocó, sin duda, la salida de muchos extranjeros que han dejado de ver en este país una oportunidad de crecimiento. Pero un dato que las estadísticas oficiales no recogen es el de todos aquellos que, después de haber residido y trabajado durante años en España, están perdiendo sus permisos de residencia por haberse quedado en el paro. Según las asociaciones especializadas en la asesoría de inmigrantes, es alarmante el aumento de personas extranjeras que se encuentran en esta situación, la cual califican como una “verdadera encerrona”.
Iris Vega Cantero, responsable del área de inmigración de FICAT (FranciscanosInternacional Catalunya), una asociación que trabaja en Barcelona para el acceso a la justicia de colectivos vulnerables, explica que desde el 2012 las reformas que ha ido implementando el PP en materia de extranjería “han cerrado todos los mecanismos para que las personas puedan mantener en regla sus papeles porque, si no tienen trabajo, ya no cuentan las residencias anteriores a la hora de la renovación”. La abogada denuncia que en estos momentos, son miles los que “viven en un limbo legal” tras haberse quedado indocumentados a causa de perder el empleo. “El Gobierno sostiene una política de expulsión porque no quieren inmigrantes si no les sirven como mano de obra”, señala Iris.
Desde el CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO), su presidente, Carles Bertran, comparte la misma preocupación. La entidad, que desde 1986 asesora gratuitamente en Barcelona a los recién llegados tanto en aspectos legales como de integración al entorno, cuenta que en los últimos años es la crisis la que está marcando su labor. “La gente tiene mucha dificultad para la renovación de su permiso de trabajo y quienes ya lo han perdido ven casi imposible recuperarlo. Este es ahora nuestro peor problema”, asegura.
Ante el drama de que un número cada vez mayor de personas caiga en riesgo de exclusión social por no tener ni empleo ni documentación– y, por tanto, en un porcentaje alto de los casos, tampoco recursos para regresar a sus países de origen– los sindicatos y las asociaciones ciudadanas llevan tiempo reclamando por laflexibilización de la Ley de extranjería. Con la intención de garantizar que las personas que tienen la documentación en regla puedan mantenerla, el Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona ha reunido este verano a expertos del ámbito jurídico para encontrar caminos paralelos a la aplicación de la ley estatal. El resultado ha sido un documento con 67 propuestas que se ha presentado en septiembre y ahora los grupos implicados, académicos y parlamentarios están analizando. “Como nos preocupa que en el contexto político actual una reforma de la ley sea, más bien, para empeorarla, proponemos medidas que se pueden adoptar mediante circulares, normativas municipales o interpretaciones más favorables al usuario por parte de la Oficina de extranjería”, afirma Carles Bertran. “Claro que creemos que es necesario cambiar la ley– y esa sería la verdadera modificación de fondo– pero implica un consenso que es un proceso de largo recorrido y la gente no puede esperar”, advierte el responsable del CITE.
Tanto las plataformas de apoyo al inmigrante como los juristas consultados coinciden en que el error sustancial de la norma aprobada por socialistas y populares es el haber sido pensada para regular flujos migratorios en un momento de crecimiento económico y, en cambio, no estar preparada para una crisis de larga duración como la actual. “Lo que pone de manifiesto la Ley de extranjería es una visión muy utilitaria de la inmigración”, expone Bertran. “La inmigración era entendida como un recurso necesario porque había una demanda de la economía y entonces se planteaba que, en el momento de una eventual crisis económica, la gente se volvería a su país. Pero esto no es así, no se ha tenido en cuenta que las personas no se mueven solo por motivos laborales sino que muchos, además, han llegado para darle un mejor futuro a los hijos, para recibir sanidad y educación, para tener libertad política y religiosa, o por razones de seguridad, para poder salir a la calle tranquilos”.
Mientras el fenómeno creciente de los inmigrantes que se hallan atrapados en un limbo legal no ha sido aún traducido a cifras por la dificultad de su contabilización, de lo que sí hay preciso registro es de la transformación de España como país de llegada, en país de emisión de habitantes. El informe publicado la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), constató que 2012 fue el quinto año consecutivo en que España experimentó un descenso de los flujos migratorios y que dicha disminución de las entradas ha ido pareja a las salidas de extranjeros, que fueron 321.000 en 2012, lo que dejó el saldo migratorio– 15.500 personas- más bajo de la década.
“Ha cambiado mucho el flujo migratorio: antes teníamos una gran llegada de extranjeros atraídos por la demanda de mano de obra pero, principalmente desde el 2012, lo que más vemos en nuestras oficinas es gente que quiere volver a su país de origen o emigrar a otro porque aquí no encuentra trabajo, muchos de ellos extranjeros o hijos de extranjeros, ya nacionalizados”, describe Carles Bertran, responsable del CITE. “Nosotros ya hemos pasado de ser Secretaría de inmigración a ser de emigración”, puntualiza.
“Ahora los extracomunitarios solo vienen porque se casan con un comunitario o se reagrupan con un familiar. Antaño la mayoría llegaba con contrato de trabajo desde el lugar de origen pero ahora, con el paro que hay en España, los contratos pasan antes por un filtro en el Ministerio que los suele denegar”, explica Iris Vega Cantero, de FICAT. Los requisitos para entrar al país se basan en un catálogo que lista las ocupaciones para las cuales hay demanda pero, según los expertos en extranjería, desde hace años que ese catálogo es casi cero. “Como no hay más demanda de puestos de trabajo a cubrir desde el extranjero, el mecanismo clásico del contrato desde el origen se cortó y la única vía que sigue existiendo es la de reagrupación familiar”, ratifica Carles Bertrán.
En definitiva, ante esta realidad migratoria que, claramente, no favorece el desarrollo del país, la postura de las entidades que trabajan en el ámbito de extranjería es unánime y la refleja Bertrán al concluir que “no nos podemos permitir expulsar a personas que ya llevan mucho tiempo en nuestro país, que conocen la lengua y las costumbres y que sus hijos ya han ido a la escuela para luego, cuando se pase la crisis, volver a pedir mano de obra del exterior y perpetuar infinitamente el círculo vicioso de la inmigración ilegal”.
