Pere Ortega es coordinador del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, de la ONG Justícia i Pau. Investigador y analista en cuestiones de paz, noviolencia, desarme y conflictos, y colaborador habitual en diversas publicaciones
Pere Ortega es coordinador del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, de la ONG Justícia i Pau. Investigador y analista en cuestiones de paz, noviolencia, desarme y conflictos, y colaborador habitual en diversas publicaciones, opina que “los gobiernos del PP y del PSOE llevan más de 15 años engañando a la opinión pública”, sobre el gasto en defensa. Bajo esta premisa se desarrolla un informe presentado a finales del pasado sobre “La cara oculta del gasto militar. El presupuesto militar de 2014”.
Buena parte del gasto en defensa está repartido en partidas correspondientes a otros ministerios. En vuestro informe calificáis este procedimiento de actuación como “fraude democrático”.
Esto ha sido históricamente así. En los presupuestos del Estado, las partidas dedicadas a cuestiones de Defensa están repartidas por diversos ministerios, es una fórmula habitual en muchos estados. Se suelen incluir algunos de los gastos consignados, como por ejemplo, los de la Seguridad Social, las coberturas sociales, los dedicados a Sanidad o Educación. Parece lógico que se haga de esta forma, pero cuando decimos que buena parte del gasto está camuflado, nos referimos al cálculo exacto de gasto militar, es decir lo que cuesta realmente un soldado, un oficial o un sistema de armamento. Para calcular esto, seguimos parámetros internacionales, el mismo que usa la OTAN, que recomienda contabilizar como gasto todo lo que tiene que ver con los ejércitos y la defensa, y que incluye como partidas de Defensa, los gastos correspondientes al personal civil del ministerio, las cargas sociales o las contribuciones a organismos internacionales y a misiones en el exterior, algo que no se aplica en las cuentas españolas.
¿Se oculta el gasto real de defensa?
Una parte importante del gasto de Defensa se esconde, es un simple engaño contable, deliberado. Se tapa así el gasto real. En el monto total habría que incluir todo el desembolso en I+D. Era un dinero que había salido siempre del ministerio de Defensa, hasta que a mediados de la década de 1990, se ponen en marcha una serie de grandes proyectos de armamento, como los cazas Eurofighter, las fragatas del tipo F100, helicópteros de combate, etc. Todo esto, comienza a ser contabilizado desde, primero el ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahora, el de Industria. En teoría, este gasto correspondería a unos créditos otorgados para desarrollar I+D de Industria. A esto, también se tendría que incorporar la deuda de Defensa. El ministerio de Defensa suma la mitad exacta del gasto real en defensa del Estado. Si el presupuesto para el 2014 habla de unos 6.700 millones de euros, pensamos que en realidad, el gasto se acercará a unos 16.500 millones de euros, incluyendo claro está, los intereses generados por esta misma deuda.
También os referís a que el procedimiento para ir agregando más dinero a las partidas presupuestadas originalmente se hace en comisiones, fuera del debate público.
Este es, quizás, el verdadero engaño, pero es que, así y todo, el presupuesto está infravalorado. Pensamos que hay un evidente fraude, durante el año se van aprobando créditos extraordinarios para suplementar partidas claramente infravaloradas. Dos en especial, las ayudas a empresas del sector de defensa para desarrollar proyectos de armamento y material; y los pagos a estas mismas empresas por los compromisos adquiridos en unos proyectos a 15 años vista. La táctica seguida por el Gobierno para hacer frente a todo esto, es aprobar una partida mínima para afrontar ese gasto, y luego ir aprobando sucesivos créditos extraordinarios hasta alcanzar la cifra real. Y así nos encontramos que cuando se liquida el presupuesto del ministerio, aumenta un mínimo de 1.500 millones al año, en total 15.000 millones en los últimos años.
Aparte de estas dos vías, ¿hacia dónde va el resto de gasto?
Las misiones en el exterior son otra partida claramente infravalorada. Se presupuesta cada año en cantidades ridículas, poco más de 14 millones de euros, y al final de cada año, el gasto real supera los 800 millones.
¿De dónde se saca este gasto extraordinario?
De los Fondos de Contingencia. Son traspasos contables, pero las misiones en el exterior, las operaciones internacionales, como la Atalanta en el Índico, no son ningún gasto imprevisto, ya se sabe que están ahí, su duración, el compromiso adquirido, el gasto necesario…
¿Por qué se actúa así?
Se matan varios pájaros de un tiro, nunca mejor dicho. Se infradotan las partidas para evitar un coste político. La opinión pública no suele aceptar bien el aumento del gasto militar, y más en un contexto de crisis generalizada, de hecho, si uno sólo se fija en las cantidades consignadas en el presupuesto, el gasto de Defensa desciende. Esto es, a nuestro juicio, un fraude doble, al Parlamento y a la ciudadanía. Otro motivo importante, es que si se contabiliza la aportación del Estado a I+D militar como civil -dentro de los presupuestos de Industria u otros ministerios– crece el total que se destina a I+D, que sigue siendo uno de los más bajos de los países de la OCDE. Así se escala en el ranking de investigación. Y por último, se ayuda a las empresas militares del sector, en donde han trabajado tanto el señor ministro como el secretario de Estado de Defensa.
Estos programas de armamento, la política de defensa, ¿responde a necesidades reales?
Pensamos que no. No se tienen los fondos necesarios para pagar unas armas que no se necesitan. Aquí se puso en marcha una operación de ingeniería financiera que comienza con el último gobierno de Felipe González y se acelera con los de Aznar. Se crean unos proyectos militares -los PEAS (Programas Especiales de Armamentos)- con unos costes elevadísimos, del orden de 25000 a 30000 millones de euros, a 25-30 años vista. El mecanismo que se implementa es una operación triangular en forma de convenios. Los créditos salen de Industria. Así que no es un gasto, sino un dinero que debe devolverse, y a un interés del 0%. Las empresas, en teoría, cobran de Defensa, pero es Industria la que avanza el pago, y la que debe recuperar, posteriormente, ese adelanto de Defensa, una vez ésta reciba las armas y pague a las empresas, que sólo han devuelto un 0,6% de los créditos recibidos, hasta ahora 17.000 millones. Lo que ocurre es que Defensa paga las armas pero no devuelve estos créditos a Industria. En 15 años, la deuda de Defensa asciende ya a 30.000 millones de euros, la mitad de ellos a Industria. Con esta fórmula, se oculta la gigantesca inversión en armamento y el continuo aumento en el gasto militar. El resultado es que el ministerio está en una situación de quiebra técnica, de suspensión de pagos, y creemos que, tarde o temprano, el Gobierno no tendrá más remedio que condonar esa deuda.
Esa deuda se convertiría entonces en déficit público.
Esa es la principal razón por lo que no lo han hecho hasta ahora, porque se sumaría al déficit público. 15.000 millones de euros representan un 1,5% del PIB, con lo que se incumplirían las condiciones impuestas por la Unión Europea para la reducción del déficit. Es evidente que se tiene que buscar y encontrar una solución, y Morenés -ministro de Defensa– está sobre esto. Condonar esa deuda del ministerio de Defensa seria un golpe enorme. No lo hacen y no lo pueden hacer. Están atrapados. Cada vez que se paga algo de armamento, se convierte automáticamente en déficit público.
¿Por eso se repercute el gasto en años posteriores?
Es una treta contable más, se amortigua el impacto hasta que llegue, si es que llega, la recuperación económica. Nos encontramos que se aplazan los pagos a otros años, pero esto no es más que una trampa, porque además que aumenta la deuda pública, el repercutir todo esto en un futuro sólo sirve para aumentar los intereses. Parece claro que si se alarga el plazo, se cargan de intereses, lo que al final encarece el producto final. Se está utilizando la alternativa más costosa y, según datos del mismo ministerio, hay comprometido un gasto de, al menos, 37.000 millones de euros.
Pedro Morenés fue uno de los principales diseñadores de los PEA en su etapa como secretario de Estado de Defensa (1996-2000), ahora como ministro, debe gestionar el problema que él mismo contribuyó a crear.
Morenés es uno de los creadores de un mecanismo contable que ha hecho que el ministerio de Defensa esté en suspensión de pagos. Es una situación parecida a la de la Grecia anterior al estallido de la crisis, en que con la ayuda de Goldman & Sachs, se adquiría armamento a Francia y a Alemania, pero no se contabilizaba, o se hacía a un coste inferior al real. Bruselas ha reiterado que quiere revisar los presupuestos del 2014 porque no obedecen a una realidad contable objetiva y Defensa es una de las trampas que se hacen. El día en que toda esta deuda se empiece a contar como déficit público lo tendremos que pagar entre todos. Hay que tener en cuenta que el coste final de todos estos proyectos es muy superior al previsto inicialmente. Los Eurofighters se presupuestaron en 6.000 millones en 1997, ahora ya son más de 14.000 millones, el precio final del submarino S80 aún no se conoce, pero hay que añadir 120 más para solucionar problemas de flotabilidad. No se sabe nunca lo que costará todo esto al final. Argüelles ya ha dichoque se recurrirá de nuevo a créditos extraordinarios para hacer frente al pago de los PEA, que serán, como mínimo, 900 millones de euros.
Parece que el interés en pagar esta ahí.
Esto se hace en medio de ajustes continuos en otros campos y mientras se pone a la venta parte del armamento o se guarda porque no hay dinero para usarlo. El ministerio impulsa el pago, pero apenas pueden adquirir armamento ni materiales, ni tampoco, por ejemplo, realizar tareas de mantenimiento en instalaciones. Las fuerzas armadas españolas son muy poco operativas en la actualidad, esa es otra de las consecuencias de la falta de presupuesto y de la deuda de Defensa. Si hubiese un conflicto, tendríamos un problema muy serio. Ahora mismo, el ministerio de Defensa hace, como el Rey, funciones de agente comercial. Se han dotado con agregadurías militares varias embajadas para ayudar a la exportación de armas que no se pueden tener, o simplemente mantener por falta de presupuesto. Buena parte del equipamiento comprometido se pondrá a la venta, o se alquilará, como los Eurofighters, el nuevo Airbus, los helicópteros Tiger, etc. Difícilmente encontraran comprador, y eso que el precio de venta es sensiblemente inferior al que ha costado su desarrollo.
¿Piensa que hay un posible conflicto de intereses en el ministerio, vista la trayectoria profesional de sus máximos responsables?
Bueno, Morenés ha trabajado, entre otras, para Instalaza, que ha vendido bombas de racimo a la Libia de Gadaffi sin ningún tipo de problemas, y para Prosegur, que proporciona seguridad a los pesqueros en el Índico. Argüelles lo ha hecho para Boeing, que participa en el Airbus. Son un ejemplo claro de cómo funcionan las puertas giratorias en este país.
La venta de armas a países como Arabia Saudí, Pakistán, o en su momento Libia, ¿no contradice la Posición Común Europea?
La letra dice eso, pero se supedita a los intereses comerciales y de política exterior de España. Se cambia la legislación cuando interesa, y se hace a medida de los clientes, si es necesario, y además, la mayoría de los contratos son secretos.
¿Cómo se explica que Bankia sea la principal acreedora privada del ministerio de Defensa?
Bueno, Bankia tiene su origen en Caja Madrid, una entidad muy cercana al Gobierno del PP, que colocó allí a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato. Un caja de ahorros bajo control político. Se convirtió en uno de los creditores más importantes de la administración y con intereses en el sector de defensa. Hasta hace bien poco, era accionista de Indra, que suministra tecnología a las Fuerzas Armadas. Su participación en esta empresa ha sido recuperada por el Estado.
Con una deuda tan elevada, ¿es sostenible el modelo actual de Fuerzas Armadas? ¿se corre el riesgo de tener poco más que una fuerza expedicionaria?
No es sostenible. Hay poco más de 78.000 soldados y casi 45.000 cuadros de mando, una fuerza así no es viable. El ministro lo sabe y tiene un informe en el que se habla de reducir en 15.000 efectivos la fuerza. De hecho, no se convocan nuevas plazas y no se renuevan los contratos. Falta dinero para el mantenimiento diario. Sólo se equipan las misiones militares en el exterior, o la Unidad Militar de Emergencias (UME), que es un invento que no sirve de mucho. Para apagar fuegos ya están los bomberos, no es una función que deberían realizar los militares.
