La Alianza contra la pobreza energética, que agrupa a siete movimientos y plataformas sociales, entre los que se encuentran la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Catalunya
La Alianza contra la pobreza energética, que agrupa a siete movimientos y plataformas sociales, entre los que se encuentran la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Catalunya (PAH), las asambleas de parados o la Confederación de Asociaciones Vecinales, ha entregado esta mañana una carta en el Parlament de Catalunya para demandar que en ningún caso se lleven a cabo cortes por impagos en los suministros básicos -agua, electricidad y calefacción– a las familias más desfavorecidas y que se condone la deuda generada por el acceso a estos servicios.
Los representantes de los movimientos sociales han arremetido contra el decreto ley sobre el Código de Consumo de la Generalitat por ofrecer soluciones parciales como las moratorias de pago de suministros entre noviembre y marzo a personas en situación de vulnerabilidad, “una norma insuficiente e insultante, una burla a la sociedad y al Parlament”, según Diosdado Toledadano, portavoz de las Asambleas de Parados, que reclamó que se asegure un suministro de servicios básicos sin los cuales “nos acercamos al Cuarto Mundo”. Toledano pidió a los diputados que “se pongan en la piel de los afectados” antes de votar y les requirió también sobre “qué Catalunya quieren y al servicio de quién”.
Para Ada Colau, de la PAH, la mercantilización de los suministros básicos es un hecho que vulnera los derechos básicos y su reclamo “no es ningún capricho”. La activista ha pedido a las administraciones que comiencen a ofrecer soluciones contra la pobreza energética -“los servicios básicos no se pueden regir por las leyes del mercado”– y ha anunciado que, desde la PAH, se dará todo el apoyo a aquellas personas que “pinchan” servicios básicos ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “Apoyaremos los actos de desobediencia civil como mecanismo de defensa de los derechos”, dijo Colau que coincidió con el resto de portavoces -Toledano, Jordi Giró, de la Confederación de Asociaciones Vecinales, y Eloi Badia, de Aigüa és Vida- en que “lo que hay aquí es una estafa y una corrupción estructural. Se da una gestión mafiosa con una minoría que se enriquece a costa de la mayoría”.
Durante el pasado 2013, el Parlament aprobó dos mociones -en abril y noviembre– para evitar que las compañías suministradoras de gas, agua y electricidad cortasen sus servicios a los hogares más necesitados durante el invierno, aplicándose de esta manera una “tregua” invernal en el pago, similar a la existente en la mayoría de estados miembros de la Unión Europea. La recién constituida Alianza considera que esta iniciativa parlamentaria no es una medida suficiente para combatir los efectos de la pobreza energética y ha reclamado a la Generalitat y a las formaciones políticas representadas en la cámara catalana que esta moratoria en los pagos se amplíe a todo el año, una reivindicación ya realizada por la Coordinadora de Asambleas de Parados de Catalunya. Los movimientos sociales también han reclamado al Parlament que se acabe de constituir de una vez por todas la Mesa sobre pobreza energética para que entidades, administraciones y empresas de suministros básicos estudien los problemas de acceso a este tipo de servicios. Un problema que afecta ya al15% de la población española y que se relaciona, según el Observatorio de la Sostenibilidad de España, con un aumento de las muertes prematuras en invierno. Según este informe, las consecuencias sobre la salud de la pobreza energética son las responsables de entre 2.300 y 9.300 muertes anuales, una cifra que, contrapuesta a la de las víctimas de accidentes de tráfico -1.130 en 2013-, muestra el alcance de los efectos sociales y sanitarios de un fenómeno agudizado por una crisis generalizada y que está dejando secuelas bien visible en buena parte de la sociedad.
En la carta entrada esta mañana en el registro del Parlament, las entidades que conforman la Alianza contra la pobreza energética proponen, entre otras medidas, que una parte de los beneficios de las empresas de suministros energéticos y de consumos básicos se dediquen a cubrir la deuda generada por las familias que no pueden afrontar el pago de los recibos de las cuotas de los servicios básicos. En la carta, se defiende que el acceso a los suministros básicos es “indispensable para garantizar una vivienda digna” y que las administraciones públicas deben tener el requisito de velar por la sostenibilidad de estos recursos y la protección de los derechos básicos universales “ante la evidencia que los mercados son incapaces de garantizar el acceso universal al agua, la electricidad y el gas. En línea con estas demandas, la Alianza ha anunciando el inicio de una serie de acciones encaminadas a movilizar a la sociedad en defensa de un acceso universal a los suministros básicos y que comenzaran con una marcha de parados el próximo 22 de febrero que, desde Castelldefels recorrerá la comarca del Baix Llobregat, para confluir el 27 frente al Parlament de Catalunya con otra marcha proveniente de Montcada i Reixac.
La Alianza contra la pobreza energética está formada por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, la Coordinadora de Asambleas de Trabajadores en Paro, el Front Cívic, la PAH de Catalunya, Aigüa és Vida, la Unió de Consumidors de Catalunya i la Xarxa per la Sobirania Energètica.
